Dos horas y 30 minutos duró la esperada reunión de las autoridades de gobierno con los propietarios del terreno donde se emplaza la megatoma de San Antonio que alberga ilegalmente a más de 10.000 personas y a 4.136 familias.

A las 12 horas en punto el ministro de Vivienda, Carlos Montes; el subsecretario del Interior, Luis Cordero; el alcalde de San Antonio, Omar Vera (Independiente), y los empresarios Ricardo Posada y Esteban Solari, representados por los abogados Diego Pereira-Fonfach y Juan Eduardo Duahart, se sentaron a la mesa para intentar un acuerdo que evitara el desalojo ordenado por la justicia que debía realizarse el jueves 27 de febrero.

Era una negociación clave pues el escenario de un desalojo masivo abriría una crisis humanitaria y política que complicaría a La Moneda a días del aniversario del gobierno y dejaría en evidencia sus dificultades para responder al déficit habitacional.

Después de un intenso intercambio de opiniones, a las 13:40 horas el gobierno anunció la firma de un protocolo de acuerdo que le da seis 6 meses de gracia para evitar la expulsión de los pobladores y determina un camino a seguir en búsqueda de una solución definitiva a esta problemática que ya cuenta con una sentencia de la justicia.

En la reunión de esta mañana, sin embargo, no se resolvieron puntos sustantivos, como el valor de venta del terreno ni las garantías comprometidas por el gobierno para que los propietarios accedan a vender a través del sistema de cooperativas de pobladores propuesto por el Ejecutivo.

Quienes fueron testigos del encuentro de ayer, aseguran que un factor clave para disuadir a los propietarios fueron los altos costos asociados al desalojo, que incluirían maquinarias, cierre perimetral y retiro de escombros, gastos que quedarían bajo su responsabilidad en caso de llevarse a cabo la expulsión. Este argumento permitió al ministro Montes ganar tiempo, allanando el camino para alcanzar un acuerdo previo que postergue la ejecución del fallo.

Según se informó mediante un comunicado “se establecerá una comisión técnica conformada, preferentemente, por profesionales del área de la construcción, e integrada por un representante de los propietarios del terreno, un representante del Minvu, y un representante de la I. Municipalidad de San Antonio, que reportará a las partes sobre las condiciones de venta del terreno, precio y garantías. En el caso de no lograr acuerdo, la comisión establecerá las modalidades para proceder a dar cumplimiento razonable y paulatino al fallo antes referido”.

El segundo punto es que “el terreno será enajenado como una sola unidad en un solo acto”.

El acuerdo establece que la comisión técnica tendrá un plazo máximo de duración de 6 meses contados desde la fecha de suscripción del presente protocolo. Durante su funcionamiento, “las partes establecen que el contenido de los reportes de dicha comisión, así como los acuerdos a los que se arriben, serán confidenciales y reservados”.

Con el trato establecido, los propietarios accedieron a presentar hoy en la Corte de Apelaciones de Valparaíso la documentación requerida para suspender momentáneamente el desalojo.

La jornada

Desde muy temprano este lunes, el ministro Montes comenzó una intensa ronda de conversaciones para afinar la estrategia que podría destrabar la crisis en torno al desalojo de la megatoma de San Antonio. A primera hora sostuvo una reunión clave con su gabinete para delinear, punto por punto, la oferta que minutos después presentarían ante los propietarios del terreno y sus abogados.

Posteriormente, cerca de las 11:00 de la mañana, el secretario de Estado recibió al alcalde de San Antonio, quien ya había advertido públicamente que, en caso de concretarse el desalojo, el municipio no contaba con las condiciones logísticas ni humanas para acoger a las más de diez mil personas afectadas. El edil, además, había manifestado molestia por no haber sido citado previamente a las reuniones preparatorias frente al inminente desalojo ordenado por la justicia.

En esa breve pero crucial conversación, Montes incorporó al alcalde en su estrategia negociadora, abriéndole un espacio para intervenir directamente en la reunión. Allí, el alcalde expuso con claridad que la única alternativa viable en caso de desalojo sería instalar temporalmente a las familias en los establecimientos educacionales de la comuna. Sin embargo, alertó que dicha opción generaría otro conflicto inmediato, afectando gravemente el derecho a la educación de los estudiantes, cuyas clases están programadas para comenzar esta y la próxima semana.

Finalmente, cerca de las 11:30, con los propietarios del terreno ya esperando en las inmediaciones del Ministerio de Vivienda, el ministro Montes sostuvo un encuentro a puertas cerradas con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, autoridad responsable de coordinar y ejecutar el operativo policial del desalojo. En esa conversación ambos cerraron los últimos detalles para presentar un frente unido ante los propietarios, sabiendo que el margen para negociar era estrecho y que cualquier desacuerdo podría conducir al peor de los escenarios para el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Desde las 12:00, los empresarios Ricardo Posada y Solari, dueños de gran parte del terreno, evitaron ser fotografiados e ingresaron al Ministerio de Vivienda por un acceso alternativo para eludir a la prensa. Una vez dentro, se dirigieron al comedor del cuarto piso, donde se llevaría a cabo la reunión clave con el ministro, Montes, el subsecretario del Interior y el alcalde de San Antonio.

Desde el inicio, los empresarios mostraron disposición a alcanzar un acuerdo. Sin embargo, tomaron la palabra primero y cuestionaron al gobierno por la falta de información clara sobre la estrategia de adquisición del terreno mediante cooperativas. Reprocharon que no se les hubiera entregado una hoja de ruta concreta ni detalles sobre el proceso que los llevó a sentarse en la mesa de negociaciones en calle Serrano.

Además, los dueños del predio negaron haber fijado una tasación propia, asegurando que el monto atribuido a ellos en distintos medios era solo un trascendido sin fundamento. Esta declaración generó extrañeza entre los representantes del gobierno, ya que el propio abogado de los propietarios había señalado públicamente una cifra en entrevista con La Tercera.

Paralelamente, a las afueras del Ministerio de Vivienda, dirigentes de la toma comenzaban a aglomerarse, sosteniendo carteles con consignas como “Juntos somos fuertes”. La expectativa entre ellos era alta, pero también la incertidumbre.

“Es una comunidad grande. Esperamos que de esta reunión salga humo blanco y que nuestra propuesta sea bien acogida”, expresó Jorge Pérez, abogado de la Mesa de San Antonio. “Si se concreta el desalojo, las autoridades han reconocido que no tienen los medios para reubicar a todas las personas que viven en la toma. El catastro oficial habla de 10.000 habitantes, pero según nuestras estimaciones, son entre 15.000 y 20.000″, agregó.

Mientras tanto, en el interior del edificio, la reunión se acercaba a un punto de inflexión. A las 13:40, el ministro Montes encontró su bala de plata para ganar tiempo: transmitió a los propietarios que, en caso de que el desalojo se concretara, serían ellos quienes tendrían que asumir los costos de grúas, retiro de escombros y cierre perimetral inmediato.

El argumento provocó un giro en la negociación dicen asistentes a la convocatoria. Ante la magnitud de los gastos que deberían afrontar, los dueños cedieron a la presión y aceptaron postergar la decisión. Poco después, salieron del edificio sigilosamente, sin dar declaraciones a la prensa.

Montes, en tanto, transmitió que había humo blanco tras horas críticas de negociación. El Gobierno había conseguido, al menos por ahora, ganar tiempo en la crisis. Lo que sigue ahora es consensuar una modalidad de pago y la eventual entrega de un terreno fiscal a modo de garantía.

Mientras los negociadores debatían, al otro lado de La Moneda, el Presidente, los ministros del comité político y los presidentes de partido reunidos en el comité político ampliado discutían las consecuencias del inminente desalojo. Y es que la crisis puso de manifiesto la presión del Partido Comunista y de los parlamentarios de la zona por evitar un escenario de enfrentamiento entre los pobladores y el Ejecutivo (ver nota secundaria).