Merino, Codina, Matthei o Lira: los alcaldes cercanos al “A favor” con reparos a la norma de exención de contribuciones

Este lunes el Consejo Constitucional despachó con mayoría opositora el proyecto de Nueva Constitución que será plebiscitado en diciembre. En su última fase, consejeros e integrantes de la Comisión Experta revisaron y votaron los nudos críticos que quedaban en discusión, entre ellos la exención en el pago de contribuciones para la primera vivienda.

La redacción, en la propuesta final, señala que “el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial”. Pese a haberse mostrado “A favor” del texto, esa norma ha causado reparos de alcaldes opositores. Ha sido, de hecho, uno de los focos de críticas más transversales si de ediles se trata, principalmente por la falta de detalle y el rango constitucional que este tomaría.

Este impuesto territorial es la principal fuente de ingreso y financimiamiento del sistema municipal del país. Actualmente su recaudación es destinada al Fondo Común Municipal (FCM), del que se benefician 341 municipios y aporta el 58% del monto total. En 2022, según registros de la Tesorería General de la República (TGR), se recaudó un total de US$ 2.300 millones solo en contribuciones.

Por eso es que tras ser aprobado por el Consejo Constitucional en septiembre las alertas se prendieron en la Asociación Chilena de Municipalidades, donde aseguraron que de quedar plasmada la propuesta en la nueva Carta Magna “tendría un impacto directo e irreparable en el desfinanciamiento del sistema municipal”. La norma, finalmente, fue ratificada y los alcaldes de oposición que aportan mayoritariamente al FCM expresan sus reparos, principalmente por la pérdida de recaudación que tendrían los municipios que tienen menor ingreso en su territorio y se benefician, precisamente, del fondo municipal.

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evopoli), señala a La Tercera que aunque está a favor del texto, esta iniciativa no debió tener rango constitucional y que debe ser regulada a través de una ley. “Las contribuciones son un tema muy importante y urgente de tratar. Hoy nos encontramos en una situación de urgencia dado que muchos adultos mayores ven cómo las contribuciones de sus inmuebles aumentan, independiente del estado en que se encuentren sus viviendas, por el alza explosiva del costo del terreno en Vitacura”, dice.

En esa misma línea, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), asevera que este beneficio debe ser dirigido para que a fin de cuentas no golpee abruptamente las arcas comunales. “En principio creo que es una buena medida si consideramos que quien ha comprado una vivienda ya ha pagado una serie de impuestos. Dicho eso, creo que para no afectar gravemente los ingresos municipales es importante que ese beneficio esté dirigido principalmente a los segmentos más vulnerables y particularmente a los adultos mayores, ya que a su edad han visto caer de manera significativa sus ingresos y ha decaído ya su capacidad productiva, particularmente en momentos que el país vive una grave crisis de inflación y desempleo que muchas veces los obliga a vender sus casas”, argumenta.

La posición de Evelyn Matthei (UDI), alcaldesa de Providencia, fue una de las primeras en darse a conocer. De hecho, aunque confirmó su posición “A favor” del texto, lo hizo con reparos: “Así como no estoy de acuerdo con la reforma tributaria del gobierno, tampoco lo estoy con esta norma regresiva que elimina el pago de contribuciones. No beneficia a personas vulnerables ni a la clase media. Espero que el pleno del Consejo Constitucional enmiende”, cuestinó mientras era discutida la enmienda, reiterando luego su “preocupación” sobre la norma explicitada en la propuesta de Carta Magna.

Mientras tanto, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), cuando expuso a nombre de las municipalidades en el Consejo, afirmó que con las contribuciones “se logra tener un sistema de redistribución”, el que “ha sido un avance como una manera de distribuir recursos” y que sin estos recursos “habría comunas que vivirían aun más en una profunda pobreza y no podrían generar políticas para enfrentar los grandes desafíos que tienen”.

En esa línea, desde la Asociación Chilena de Municipalidades expresaron que los recursos recaudados por el concepto de contribuciones corresponden al 60% de todo el Fondo Común Municipal y al 45% de todos los ingresos que reciben los municipios de Chile actualmente.

Pero, ¿quiénes financian y se benefician del FCM? Aunque todos los municipios aportan al FCM, las municipalidades de la Región Metropolitana son las principales aportantes: Las Condes (10,75%), Lo Barnechea (5,09%), Santiago (5,22%), Vitacura (4,69%) y Providencia (4,14%), son las principales que financian este fondo debido a la densidad de hogares en sus territorios. Mientras que los municipios mayoritariamente beneficiados son Puente Alto (3,5%), Maipú (2,9%), La Florida (1,6%), Valparaíso (1,4%) y Temuco (1,3%).

Como sea, el escrito constitucional viene acompañado de una disposición transitoria que establece que la eliminación de contribuciones se empezará a aplicar de manera gradual desde el 1 de enero de 2026 hasta implementarse de manera total al quinto año. La idea es ir reduciendo a razón de 20% por año las contribuciones que paga cada persona.

El consejero constitucional Jorge Ossandón (Partido Republicano), uno de los principales autores de la iniciativa, ahonda en la norma incluida en la propuesta constitucional.

“La idea de incluir esta exención en el derecho a la vivienda es, en definitiva, fortalecer este derecho, porque, como sabemos, las contribuciones de bienes raíces son un impuesto que si tú lo dejas de pagar, el Estado llega a quitarte la casa para rematarla y pagar este impuesto”. Y agrega: “Si bien la regla general es que todas las viviendas van a quedar exentas de contribuciones, se le entrega a la ley para que en determinados casos pueda determinar, en razón del alto avalúo fiscal y los ingresos del dueño, excepciones a este beneficio”. Asimismo, la disposición transitoria también establece que el Presidente tendrá seis meses desde la entrada en vigencia de la Constitución para enviar un proyecto de ley que contemple las excepciones a la exención.