Fundamenta -propiedad del empresario Pablo Medina- lanzó una ofensiva judicial inédita que involucra al ex presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La acción se produce en un momento clave de un juicio iniciado por la sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago, que ordenó retrotraer el proceso por el impacto que provocará el proyecto Egaña Comunidad Sustentable en la disminución de horas de sol a sus vecinos cercanos.

El fallo de la Suprema podría salir en cualquier momento: tras los alegatos del 19 de octubre, la causa quedó en estado de “acuerdo” ese mismo día. Es decir, los ministros que integran la Tercera Sala ya cuentan con un pronunciamiento sobre el caso, pero aun así la inmobiliaria optó por jugar una última carta judicial.

La inmobiliaria, representada por el abogado Marco Fuentes, presentó hoy un recurso de implicancia solicitando que se declare la inhabilidad del juez Sergio Muñoz para intervenir en el juicio, pues, según la empresa, el ministro “posee intereses de naturaleza personal involucrados en el presente pleito”. Esto debido a que su hija firmó la promesa de compra de dos departamentos en Egaña Comunidad Sustentable y en una conversación con una ejecutiva de la inmobiliaria aludió al rol de su padre en el futuro del proyecto.

La acción implica que sus pares deberán evaluar si se reúnen los requisitos para ordenar la inhabilidad del ministro Muñoz en el caso. La Tercera Sala está integrada, para este caso, por los ministros Sergio Muñoz, que oficia como presidente, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales y Jean Pierre Matus y la abogado integrante María Angélica Benavides.

Los hechos fueron relatados por la jefa de proyectos de Fundamenta, Valentina Riquelme, en una declaración notarial y la trama comienza el 26 de junio del año 2020, cuando la abogada e hija del ministro Sergio Muñoz, Graciel Muñoz, firmó una promesa de compraventa por el departamento 807 A, la bodega 785 y el estacionamiento 946 del proyecto Eco Egaña Poniente, el mismo que hoy está siendo evaluado en la sala de la Corte Suprema que preside su padre.

A finales de octubre, la abogada llamó a Valentina Riquelme para expresarle su preocupación por la paralización del proyecto, que mantiene frenada sus obras desde el 18 de abril, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (Coeva) decidió calificar desfavorablemente la iniciativa.

Según la declaración protocolizada ante la 42° Notaría de Santiago del notario Álvaro González, la ejecutiva le respondió que la inmobiliaria estaba haciendo todas las gestiones administrativas y judiciales para sacar adelante el proyecto.

El 28 de noviembre, vuelven a conversar ambas y nuevamente Graciel Muñoz le cuenta a la ejecutiva que estaba muy preocupada y que no le gustaba la incertidumbre.

“Le manifesté que seguramente había leído algunas noticias positivas en los medios de comunicación y que debíamos esperar la resolución legal. En ese momento, ella me señaló: Mi papá me recomendó que moviera esas platas del proyecto. Sinceramente, eso no me sorprendió mucho ya que es usual que los familiares alerten a los clientes cuando hay información mediática”, consignó la ejecutiva de Fundamenta.

Acto seguido, la abogada aseguró, según la versión de Riquelme, que deseaba bajarse del proyecto y utilizar los fondos destinados para la compra del departamento de Eco Egaña en otro proyecto de la misma inmobiliaria: Eco Irarrázaval.

Riquelme le dijo que no era factible “bajarse” del proyecto sin el cobro de una multa, porque la iniciativa contaba con un permiso de edificación vigente y que estaba paralizado por una resolución, por lo tanto, no existía un incumplimiento por parte de la inmobiliaria.

Según la declaración de la ejecutiva de Fundamenta, la hija del magistrado contestó: “Mi idea es poder hacer cambios de la manera más amistosa. Mira, este proceso puede durar años y no creo que quiera ni pueda esperar tanto y te lo digo con conocimiento, no porque yo sea abogada, sino porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema”.

“Con ese comentario quedé un poco descolocada y preocupada y cambié un poco mi discurso y le dije que yo no sabía qué información pudiera tener ella que le hiciera pensar que no se realizará el proyecto”, agregó la ejecutiva.

“Al día siguiente, me envió un audio en el que decía que no solicitaría la baja y que continuaría en ambos proyectos, pagando el saldo que le faltaba en Eco Irarrázaval y que efectivamente la información que le entregué estaba acorde a como eran las cosas. En ese momento también me dejó media descolocada”, concluyó.

Pulso dio a conocer ayer que en el marco de un requerimiento ingresado a la Contraloría General de La República (CGR), la ex seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, adjuntó copia de una conversación por WhatsApp en la que se revela que los seremis de la Región Metropolitana votaron de manera coordinada el rechazo a la iniciativa de Fundamenta.

En esos intercambios, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, y la Seremi de Medio Ambiente, Sonia Reyes, respectivamente, se mostraron partidarias de rechazar el proyecto y esta última solicitó ayuda a su cartera para que le revisaran una minuta que había elaborado para fundar su negativa.

El abogado que chequeó el escrito fue Sebastián Aylwin, jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y así lo confirmó a Pulso: “Revisé dudas técnicas que la seremi nos consultó relativo al efecto sombra y refractario de la luz. La oficina que dirijo no interviene en la decisión que le corresponde a la región, solo asesora técnicamente. Personalmente, no tengo relación con la decisión de fondo, la cual corresponde a los órganos regionales”.

La votación terminó siendo 5 a 2 y finalmente las constructoras despidieron a más de 200 personas que se desempeñaban en la obra. Sólo el Servicio de Evaluación Ambiental y la seremi de Vivienda, Rocío Andrade, votaron a favor del proyecto. “Estoy buscando argumentos para rechazar, pero de momento, lamentablemente no tengo”, respondió Andrade.