“Mientras estaban hincados les ponían descargas eléctricas”: el demoledor informe que compara las cárceles de Bukele con “campos de concentración”

La llamada “guerra contra las pandillas” proclamada por el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sumó un nuevo hito a la larga lista de cifras récord que ya ostenta. La ONG Cristosal acusa al gobierno de la muerte de 153 personas en las cárceles bajo tutela del Estado y la conversión de estas en verdaderos “campos de concentración”. Además, denuncian torturas, detenciones arbitrarias y el deceso de 28 personas privadas de libertad que “tuvieron una muerte violenta por tortura, golpes, asfixia mecánica por estrangulación y lesiones”, afirma el organismo no gubernamental.

A través del informe titulado Un año bajo el régimen de excepción: una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos, que abarca desde el inicio del estado de excepción decretado en marzo de 2022 hasta abril de este año, la ONG mostró los resultados de una investigación hecha gracias a cientos de entrevistas con personas que permanecieron presas por meses y que luego salieron de la cárcel tras ser declaradas inocentes, donde algunos denunciaron que les “ponían descargas eléctricas”. También hablaron con familiares de detenidos y expertos en materias forenses y de derechos humanos, lo que fue contrastado con actas oficiales de las autoridades carcelarias y de salud.

Una vez declarada su cruzada contra las maras y grupos criminales de El Salvador, el Presidente Bukele afirmó que “las prisiones ya no son los cuarteles generales de las pandillas, ya no hay fiestas, drogas, grafitis, prostitutas, ni salen órdenes para matar”. En cambio, aseguró a Radio Francia Internacional (RFI) David Morales, jefe de justicia transicional de Cristosal, los recintos penitenciarios se han convertido en “campos de concentración”.

“Definitivamente, la población privada de libertad bajo el régimen de excepción está en condiciones que sí podemos asemejar a los campos de concentración. De hecho, las personas sufren un hacinamiento extremo. Celdas con capacidad para 15 personas o 20 albergan más de 100 o hasta 200 personas”, aseveró.

Entre las pruebas presentadas hay fotografías con cuerpos lacerados, con hematomas por golpes, heridas hechas por objetos cortopunzantes y asfixia mecánica por estrangulación. Las muertes suelen ir acompañadas de informes del Instituto de Medicina Legal que aseguran que fallecieron por enfermedades no declaradas por los familiares, se lee en el informe.

Además, “ninguna de las personas fallecidas había sido declarada culpable del delito que se les atribuyó al momento de la detención”, agregan en un detalle no menor. El reporte indica que 28 de los 153 muertos en las cárceles salvadoreñas “presentan evidencia de que la persona fue víctima de palizas y probablemente de tortura”, donde la más repetida es la asfixia mecánica. Según Cristosal, este método y la asfixia por inmersión son los métodos de tortura más comunes registrados en el país, los que se remontan al período entre 1970 y 1992 y a los cuerpos de seguridad durante el conflicto armado que sacudió a El Salvador.

Otro dato revelado por la ONG es que cuando las víctimas fallecen en hospitales, el informe médico entregado a las familias “casi siempre se hace constar que se trató de muerte por una enfermedad o condición de salud crónica, aunque en su mayoría las personas ingresaron al sistema penitenciario sin padecimientos previos”. Es más, la mayoría de los 153 fallecimientos reportados son consignados como resultado de un “edema pulmonar, neumonía, insuficiencia renal, infarto, anemia, hemorragia cerebral y tuberculosis, entre otras”, aseveran en la investigación.

En contraste, Cristosal duda de los informes oficiales debido a la falta de detalles, con autopsias no declaradas y ausencia de documentos que certifiquen qué tipo de atención de salud se les brindó para paliar las supuestas enfermedades que terminaron por matarlos. “Existen elementos suficientes para presumir que algunas de estas muertes estuvieron precedidas de violencia, falta de asistencia y atención médica, suministro de medicamentos o negligencia médica”, agregan.

Además, se practican las palizas generalizadas, especialmente durante conteos de presos por parte de las autoridades penales. “También lo hacen cuando los internos se quejan o hacen ruido, en estos casos también les rocían gas pimienta o los sacan de las celdas durante la noche para golpearlos”, detallan.

Desde que la nación centroamericana entró en el régimen de excepción, tras una ola de homicidios perpetrada por la pandilla MS-13 a fines de marzo -la que según el diario digital El Faro ocurrió tras la ruptura en las negociaciones del grupo delictual y el gobierno, hecho que la administración Bukele niega hasta el presente, si bien el FBI también se hizo parte de la indagación- han sido detenidas 69.000 personas según el oficialismo, mientras que 5.000 presos han sido excarcelados libres de los cargos por los que fueron arrestados. Esto posiciona a El Salvador como el país con la mayor tasa de población carcelaria en todo el mundo, consignó BBC.

El estado de excepción, que el 16 de mayo de 2023 fue nuevamente aprobado por decimocuarta ocasión, es la clave de la masiva cantidad de detenciones. La medida permite suspender las garantías constitucionales de la libertad de asociación y reunión, el derecho de defensa e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, y permite el paso desde las 72 horas de detención administrativa en tiempos normales hasta los 15 días gracias al régimen excepcional aprobado por amplia mayoría en un Congreso dominado por bukelistas.

Esta última es una de las prácticas más denunciadas por opositores y organizaciones de derechos humanos, quienes consideran que permite arrestos y encarcelamientos selectivos, así como detenciones porque la persona “se mostró nerviosa”, como denunció una investigación de El Faro en la que tuvieron acceso a cientos de partes policiales.

Un joven de 20 años detenido, encarcelado en Mariona y luego puesto en libertad al ser declarado inocente, relató en el informe de Cristosal que un gendarme les dijo que “solo si tienen suerte saldrán con vida de aquí”, para luego recordar que “mientras (los presos) estaban hincados les ponían descargas eléctricas y a uno hasta le sacaron sangre, y al entrar al sector donde iban a quedar los custodios les dieron otra golpiza”.

Otro ejemplo presentado por la ONG fue el de un hombre de 52 años, dueño de un negocio y un molino. Constantemente acosado por pandilleros y obligado bajo coerción a entregarles alimentos al menos una vez a la semana entre 2018 y 2019, incluso fue amedrentado durante una noche en que se apostaron fuera de su casa y dispararon varias veces, detalla el informe. Fue detenido y acusado como colaborador de pandillas, y según la esquela entregada por el Instituto de Medicina Legal de El Salvador, “murió por edema cerebral”. Estos casos, denuncia la organización no gubernamental, permiten hablar de un “patrón común” en la política impulsada por el gobierno de Nayib Bukele.

Una mujer de 50 años, detenida en su propia casa luego de que soldados irrumpieran en ella, fue encarcelada para no volver. “Es para una revisión normal, ya va a regresar”, les dijeron a sus familiares. Ella sí contaba con una enfermedad al hígado, y si bien estos le llevaron sus medicamentos a la cárcel, nunca los recibió, denuncia Cristosal. “Si necesita medicamentos, el médico va a avisar”, respondían desde el centro de reclusión. La única llamada que recibieron fue la que les avisó de su muerte por neumonía severa, antes siquiera de haber sido juzgada.