Migrantes: Acusación al gobierno por supuesto desacato llegará a la CIDH

Los disparos entre los representantes del gobierno y las organizaciones pro migrantes no terminaron ayer en la audiencia del 172 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada en Jamaica.

A la acusación de vulneraciones a los derechos humanos de los migrantes que denunciaron, entre otros, los representantes de Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, se sumará la entrega de antecedentes sobre un caso de supuesto desacato por parte del gobierno a decisiones judiciales a favor de los migrantes.

La Clínica Jurídica de la UAH busca replicar en la CIDH la denuncia que en abril hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos contra la Subsecretaría del Interior y la Policía de Investigaciones (PDI). En dicha oportunidad, se acusó al Ejecutivo de desobedecer una decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que en principio acogió un recurso de amparo que impedía la expulsión de seis personas colombianas que estaban en la lista de pasajeros del avión Fach que despegó el 28 de abril desde Antofagasta con la supervisión del subsecretario Rodrigo Ubilla.

El INDH y la Clínica jurídica de la UAH sostienen que, habiendo sido oportunamente notificado, el gobierno ordenó de igual forma el despegue del avión.

Desde Jamaica, la abogada Macarena Rodríguez, señala a La Tercera PM que esos antecedentes serán entregados a la CIDH.

"Vamos a seguir en una conversación con la relatoría para migrantes de la CIDH. Vamos a entregar los antecedentes de la situación que se vivió en Antofagasta. Y también esperamos retomar el tema si se concreta la visita que los comisionados de la CIDH ofrecieron para prestar asistencia técnica al proyecto de ley".

"Aquí hay un agravamiento de las vulneraciones a los migrantes porque, ademas, se genera un escenario nuevo de incumplimiento de disposiciones judiciales", añade la abogada.

La expulsión de los migrantes amparados por el recurso presentado por el INDH en principio motivó que la Corte de Apelaciones de Antofagasta pidiera que los antecedentes se remitieran al Ministerio Público por eventual desacato. Esa medida, sin embargo, fue revocada por la Corte Suprema.

El 15 de abril la Segunda Sala -integrada por los ministros Lamberto Cisternas, Manuel Valderrama, Arturo Prado, y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry y María Cristina Gajardo revocaron la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

"Se revoca la sentencia apelada de tres de abril de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en el Ingreso Corte N° 40-19, en aquella parte que dispone remitir copia de los antecedentes al Ministerio Público ante la posible comisión del delito de desacato por la ejecución de la medida de expulsión y en su lugar se decide dejar sin efecto la remisión ordenada precedentemente. Se confirma la sentencia en lo demás apelado".

El Ministerio del Interior respondió esta mañana que "se ha actuado bajo el marco de la ley, respetando el debido proceso para la expulsión de extranjeros condenados por delitos graves, obligaciones que están amparadas en la legislación actual y han sido ratificadas por el Poder Judicial a través de la Corte de Apelaciones de Antofagasta".

"Este caso, donde se rechazó dicho amparo, es el mejor ejemplo de que las cortes, tanto de Apelaciones como la Suprema, han señalado siempre que el gobierno ha actuado apegado a derecho en todos los casos. A la luz de este fallo, tal vez, sea el momento de que el INDH reconozca que el gobierno ha actuado correctamente en la expulsión de extranjeros", añadieron.

En el marco de las sesiones del CIDH en Jamaica, ayer el gobierno -representado por el embajador en la OEA, Hernán Salinas, y el asesor Mijail Bonito se enfrentaron con la representante de la comisionada de DD.HH. de ONU, Birgit Gerstenberg. La representante de la alta comisionada, Michelle Bachelet, criticó las expulsiones masivas de migrantes.