Milei confirma sistema de obras públicas “a la chilena” y enciende debate en Argentina

“Los cambios son drásticos, no hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas”. Con esas palabras, Javier Milei inauguraba su etapa como Presidente electo de Argentina luego de vencer a Sergio Massa, el candidato oficialista, durante el domingo pasado. Más de alguno pudo pensar que se debían al fragor de la victoria, pero no. Reflejaban fielmente lo que el lunes y martes luego confirmó en las numerosas entrevistas que realizó en medios radiales y televisivos.

Entre ellas destacó una frase. “Nosotros no tenemos plata. Con lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado”, señaló en conversa con Alejandro Fantino en su programa radial transmitido en YouTube. Se refería a la obra pública, la construcción que promueve y lleva adelante la administración del gobierno. ¿Cómo lo solucionará? Aplicando un modelo, según él, a “la chilena”, donde el Estado dará un paso al costado en la construcción pública.

“Empezamos recortando la obra pública y llevándola a cero, y las que están en curso las licitamos”, señaló en una de las entrevistas. Si bien puntualizó que “los contratos se respetan”, también planteó que las entregaría al privado para ser completadas.

En la conversación con Fantino, este le preguntó con qué pagarían los intendentes (alcaldes) las construcciones en los distintos municipios de Argentina. “Que busquen la forma de financiarlo”, respondió el nuevo Presidente. “Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena”, repitió. “Entonces, buscará la forma el que hace el proyecto”.

“¿Sea donde sea?”, replicó Fantino. Allí, ligeramente ofuscado, pero lejos de los niveles que se le vieron durante campaña, Milei respondió: “No hay plata, Alejando. No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiperinflación con el 95% de pobres”. Incluso fue más allá. “Ministro que me gasta más, lo echo. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal”.

La propuesta de la adopción de un modelo “a la chilena” fue confirmada por quien probablemente será el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Esta cartera, definida por algunos como un “superministerio”, será creada por la entrante administración en su plan de reducción del organigrama estatal, y agrupará las áreas de transporte, obras públicas, energía, minería y comunicaciones.

La duda, sin embargo, es si el modelo propuesto por el próximo mandatario argentino –que asumirá el próximo 10 de diciembre– se ajusta a la realidad chilena. En opinión de Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura y exministro de Obras Públicas durante el gobierno de Ricardo Lagos, la comparación no es tan simple.

“Me parece un poco aventurado hablar de un modelo ‘chileno’. Hemos hecho un esfuerzo muy importante por aumentar nuestra dotación de infraestructura para darle soporte a nuestro proceso de desarrollo, y para ese esfuerzo se ha invitado al sector privado a ser parte, yo diría con mucho éxito. Sin embargo, hemos sido muy cuidadosos en señalar que la infraestructura de uso público es de interés del Estado y esa responsabilidad no es transferible”, señaló a La Tercera.

Sobre cómo se reparten actualmente los servicios de infraestructura entre privados y el Estado en Chile, Cruz explicó que “la decisión de incorporar a privados en infraestructura pública se da cuando esa forma de proceder es más eficiente para el Estado que hacerlo a través de financiamiento directo. Por ejemplo, hay un problema de riesgos que en algunas ocasiones el privado tiene mayor capacidad de diversificar; hay opciones de financiamiento, hay un problema de oportunidad en la que se justifica hacer infraestructura pública a través de inversionistas privados. El tipo de proyectos al que se invite al sector privado no es relevante; es el tipo de contratos que se diseñe el que puede incentivar o no la participación privada, teniendo en consideración los aspectos ya señalados”.

En Argentina, el debate crece. Según consignó La Nación, existen unas 3.500 obras en ejecución en todo el país iniciadas por el país, y fuentes del sector privado señalan que en el mundo desarrollado la inversión privada “pura” ronda entre un 7% y un 8%, lo que es una cifra baja.

Marcelo Capello, economista de la Fundación Mediterránea-IERAL, aseguró al mismo medio que por supuesto “que ayudaría a bajar el déficit público el reducir estas partidas (la obra pública), pero difícilmente se pueda llevar a cero. Primero, porque hay obras en ejecución que deberían paralizarse y, además, porque hay obras muy necesarias”. Un estudio del propio Capello detalla que la inversión real directa consolidada en obra pública durante 2022 en el país vecino fue de un 2,8% del PIB.

Ejemplo de esto son obras como los gasoductos, donde emergen como claves para poder ganar más exportando gas, y gastar menos importándolo. “No hacerlas genera más costos por otra vía, además de afectar al sector privado y al empleo de esas empresas”, aseveró.

El mismo medio se comunicó con Hernán de Solminihac, exministro de Obras Públicas durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, quien aseguró que “el Estado no se retiró de la obra pública -precisó-, los privados tienen una participación muy importante a través de concesiones, un esquema que ya lleva 30 años y eso permite liberar recursos públicos para otras iniciativas, por ejemplo, caminos en zonas alejadas, rurales”.

El sistema utilizado por Chile, agregó, se decide en función de una “evaluación de la rentabilidad social; eso permite focalizar la inversión. Además, participan las regiones para definir prioridades”.

En junio de este año, Javier Milei ya se había referido al tema en “X”, antes conocido como Twitter. “La obra pública se paga con impuestos, por lo que desplaza trabajo de donde el mercado lo asignó a donde el político ordenó. Más impuestos son menos ingresos para los individuos, donde al daño causado por el robo, se le suma que no comprará los bienes que desea. A su vez, si el mercado (individuos) quisiera la obra en cuestión, no sería necesario que la haga el político, por lo que hay una doble pérdida social, una por el retorno diferencial y otra por el dinero que pasa por mayor cantidad de manos. Lo cual es la base de la corrupción”, escribió en la red social.

“En ese sentido, proponemos un régimen de iniciativa privada a la chilena, donde el riesgo es asumido por los empresarios y la obra es pagada por los usuarios. Si el contrato es BOT, se arma un esquema financiero para facilitar el financiamiento, ya que esa obra pasará al Estado”, continuó. “El modelo funciona con éxito en Chile. Por lo tanto, siendo que el mecanismo es muy claro, que se puede chequear el diseño y el éxito en el caso de Chile, la pregunta natural es por qué genera tanta resistencia. La respuesta es obvia y es que los políticos corruptos y los que viven de la obra pública pierden”, cerró.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) repudiaron la propuesta del electo mandatario a través de un comunicado, asegurando que su implementación es “inviable” en un país como Argentina, consignó Infocielo. Lucas Luciano, empresario constructor y presidente de CAMARCO bonaerense, dijo al medio que el tipo de inversión propuesto por Milei tiene viabilidad apenas “entre un 7 y un 10 por ciento de obra pública”, según estudios realizados por la Cámara.

Sobre la autofinanciación, Luciano aseveró que “la gran mayoría de corredores viales necesita subsidios. Ninguno se autofinancia como para poder tener un repago (…). Tal vez la Panamericana, la Ruta 9, la Ruta 8, puedan autofinanciarse. Pero no los otros corredores viales, que no tienen un caudal de tránsito para hacerlo. En un estudio muy pormenorizado, solo el 13 por ciento de las obras pueden ser PPP. El resto lo tiene que hacer el Estado”, cerró.

En una línea similar se expresó el exministro Cruz, quien profundizó en que es deber del Estado saber hacia dónde se dirige el país y qué infraestructura es la que se requiere. “Hay infraestructura en la que es posible transferirle al usuario el pago por los servicios que recibe, o al menos una parte de ellos, y en otras no”, explicó a este periódico.

“Cuando se recurre a privados en estas últimas, es el Estado el que debe pagar de modo diferido, ya sea por la infraestructura o por los servicios que se adquieren, y en estos casos es muy importante ver en cuánto se compromete al Estado en el largo plazo y a qué costo, porque en última instancia esa es una forma de endeudamiento que tiene costos y límites. Creo que hemos aprendido mucho, pero de ahí a sostener que hay un modelo, creo que es un poco aventurado y excesivo”.

Otro de los temas que surgieron en las numerosas entrevistas fue que el economista libertario confirmó que el cambio será radical. “Voy a hacer un ajuste de shock. El 2024 tiene que terminar con equilibrio fiscal”. El margen del ajuste sería, “entre el fiscal y el cuasi fiscal”, de “15 puntos del PBI”. Según Clarín, dicha magnitud jamás ha sido experimentada por Argentina. Justamente, el corte se aplicaría disminuyendo la obra pública y los gastos de la política.

“Es la primera vez en la historia que gana alguien que hace campaña diciendo que va a hacer ajuste”, se escuchó decir a Milei. Según él, “no lo van a pagar los argentinos de bien, lo van a pagar los políticos y sus socios. Llámese la casta”.

Si bien reconoció que existirá “resistencia al cambio”, calificó a esos grupos como “minorías bulliciosas” a las cuales “el otro día (el domingo) los argentinos le dieron un cachetazo”. “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. No vamos a aceptar ser extorsionados por aquellos que usan la violencia para mantener sus privilegios. Por lo tanto, vamos a actuar con toda la fuerza de la ley. El orden se respeta”, agregó.

En diálogo con Radio Mitre, Guillermo Ferraro aseguró que “lo que trabajamos con Javier Milei es que el estado tiene que reducir su participación en la economía para dar espacio al sector privado, el país tiene un atraso de más de 20 años en infraestructura, desde la década de los 90 que no se abren obras nuevas en ninguna de estas áreas”.

También repitió que aplicará un modelo de obra pública “a la chilena”, reemplazando el actual sistema de obra pública estatal por uno privado, reformando la ley de concesiones. “Por desidia, o por falta de voluntad, en casi todas las concesiones, ferroviarias, energéticas, corredores viales, que tienen su origen en los 90 y fueron entregadas por 20 o 25 años, las administraciones no generaron nuevas condiciones, entonces las obras están en un portafolio de precariedad”.