El millonario traspaso de fondos a una fundación que quebró a la junta directiva de la UPLA

En medio de un profundo quiebre entre sus miembros se encuentra la Junta Directiva de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) de Valparaíso, cuyo rector es Patricio Sanhueza Vivanco. Se trata de un conflicto interno que genera preocupación al interior de la casa de estudios y cuyo desenlace está en manos del Ministerio de Educación y del propio Presidente Sebastián Piñera: mientras unos miembros piden una auditoría a los estados financieros de la fundación, otros piden que los primeros sean removidos.

Todo comenzó el 24 de agosto pasado, cuando se realizó una de las usuales reuniones del directorio de la UPLA, máxima instancia de la universidad que actualmente componen el rector Sanhueza; el secretario general, Jorge Sánchez Valencia; el académico César Pacheco Silva; Anabella Arredondo; Cristina Orrego; Alejandra Contreras; y los dos representantes del Presidente de la República: Fernando Reitz y Jorge González.

Aquella vez, los directores Jorge González (ingeniero comercial y coordinador de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez) y Fernando Reitz (técnico eléctrico y director ejecutivo de la inmobiliaria Dhelos) advirtieron una serie de irregularidades que -a su juicio- había en los estados financieros de la fundación de los años 2017, 2018 y 2019. Además, plantearon la supuesta existencia de dificultades en el acceso a información contable de la Fundación OTEC UPLA, solicitando por ello la remoción de la vicerrectora de Administración de Finanzas, Carolina Canales. La petición encendió el debate en la junta directiva, lo que quedó registrado en el audio oficial sobre la sesión al que tuvo acceso La Tercera PM. En éste se escucha que, mientras unos directivos acusaron un mal manejo económico; otros respondieron que no es facultad de la junta remover a la vicerrectora, desestimando los cuestionamientos. La cita derivó incluso en la renuncia de dos directores.

En medio de la acalorada discusión, la alumna y estudiante de educación básica Catalina Quinteros -que formó parte de la sesión invitada por el rector- solicitó: “Les pedimos que quede en acta que por favor no se griten. No se interrumpan”. Esto luego de que el historiador Eduardo Cavieres, quien era director a la fecha, alzara la voz al insistir en que no existían atribuciones para tomar dicha medida. La reunión fue muy extensa y se prolongó desde las 18:00 horas a las 20:30 horas.

La entonces presidenta de la Junta Directiva, Ximena Azúa -que debido a una serie de problemas técnicos no pudo escuchar la totalidad de la reunión-, calificó la reunión como una “zalagarda” y rechazó el tono de la discusión, pidiendo “templanza”. Posteriormente a la cita, tanto Cavieres como Azúa presentaron sus renuncias al cargo.

Al ver la discrepancia, el rector Sanhueza tomó la palabra y dijo: “Jamás había tenido una junta directiva en la que nos expresáramos tanta molestia, tanta rabia cuando lo que ocurre en esta organización es que se luche por las instituciones”. “No me preocupa en absoluto que este tema vaya a la Contraloría General de la República, porque en materia de transparencia la universidad es muy transparente y dudar sobre la honestidad de las personas a mi me parece un exceso extraordinario”, dijo. “No hay falta de transparencia en Carolina Canales”, remató.

“Pero rector, usted dijo que la fundación tuvo utilidades de $1.000 millones y nunca las tuvo. ¿Cuál es la repuesta?”, preguntó Fernando Reitz.

“Perdóneme don Fernando, yo no soy economista y por lo tanto, probablemente no son utilidades sino que fueron ingresos. Puede ser un error. Le voy a decir si usted me puede comprender en el área en que yo me manejo que no tenga esa expertise, no creo que sea un pecado tan grave no tenerla", respondió Sahueza.

Luego del intenso debate de la junta directiva de la UPLA, el 28 de septiembre presentó su renuncia voluntaria al cargo, la vicerrectora de Administración y Finanzas, Carolina Canales Martínez.

Sin embargo, el conflicto no quedó allí y el 2 de octubre, Reitz, González y Carlos Hernández -académico y miembro de la junta directiva hasta el pasado 5 de octubre- efectuaron una presentación a la Contraloría General de la República en la que denunciaron “una serie de situaciones que comprometen el patrimonio de la UPLA, pero que no han contado con todos los antecedentes para tener una opinión cabal de lo que está ocurriendo en dicho organismo y ejercer nuestras atribuciones legales”.

"La UPLA ha tenido que transferir a la fundación la cantidad de $380 millones en el 2019, no existiendo claridad si estos fondos fueron por medio de un aumento de capital o préstamos”, advirtieron en su presentación.

En 2018, la Fundación OTEC UPLA registró pérdidas por $1.055 millones. Por su parte, durante el primer semestre de 2019 la pérdida operacional alcanzó los $167 millones. “Se trata de un monto de gran magnitud, considerando los recursos y bienes que administra la UPLA como institución de educación superior de carácter público, y que necesariamente comprometen su gestión y viabilidad”, señalaron en su presentación los directivos.

“Dentro de las autoridades que estuvieron bajo la gestión de la Fundación durante el año 2019, la gerente general fue desvinculada y se firmó un finiquito en relación con la eventual responsabilidad que pudiera tener durante su administración”, acotó el mismo documento. Sin embargo, “no ha sido posible saber los términos y condiciones de dicho acuerdo, que es relevante para determinar las eventuales acciones civiles que podrían haber tenido lugar. A su vez, un posible finiquito estaría cerrando las posibilidades de obtener algún tipo de reparación por la responsabilidad derivada de los perjuicios de una gestión deficiente”, señaló el documento. Los tres directivos de la UPLA son asesorados por Eduardo Cordero, abogado socio de Guerrero y Olivos y académico de la Universidad Católica de Valparaíso.

Frente a las acusaciones, el director jurídico de la UPLA, el exintendente Raúl Celis (RN), aseguró que los tres directivos cuentan con la información que requieren y apuntó sus dardos en especial en contra de González, señalando que “su nivel de ignorancia es descomunal”. “El no tiene ningún animo de colaborar en la administración de la universidad, sino que ha venido a torpedear la gestión del rector buscando cualquier tipo de materia de aspecto que a él le suene como relativamente sospechoso para aprovecharse de eso, y lamentablemente no lo va a encontrar porque no tiene idea las exigencias que tienen las universidades en cuanto a sus balances y presentación de estados financieros son exactamente las mismas que tienen las sociedades anónimas abiertas y los bancos”, sostuvo el abogado en conversación con La Tercera PM.

El también precandidato a la alcaldía de Viña del Mar explicó que González “está profundamente equivocado, ha generado un ambiente muy hostil dentro de la junta, y cosa que nunca había pasado en más de 20 años, ha pedido cosas totalmente improcedentes". Más aún -dijo- que “la funcionaria que es la vicerrectora de administración y finanzas se aburrió, ella es casada con un funcionario de Codelco y dijo yo no estoy dispuesta a seguir escuchando los insultos de este señor, y renunció”.

González -a su turno- afirmó que éstas son “acusaciones falsas y sólo hemos solicitado información contable y que ahora la pedimos vía Contraloria Regional”. Mientras que el diputado por la zona Osvaldo Urrutia (UDI) -quien ha apoyado a González- defendió su gestión en la junta directiva. “Lo que a mí me han transmitido es que aquí hay algunos vicios de corrupción, que hay que investigar y que la UPLA no ha querido entregar todos los antecedentes para que sean enviados a la Contraloría”. A su parecer lo que corresponde es que la Contraloría investigue si los recursos entregados por la UPLA a la OTEC cómo se han gastado y por qué no se han devuelto.

El caso hoy está en manos del propio Presidente Sebastián Piñera. Esto luego que el 24 de septiembre el Consejo Académico de la Universidad de Playa le solicitara formalmente la remoción de los dos miembros de la Junta Directiva de la UPLA -Fernando Ritz y Jorge González- que llevaron el tema a la Contraloría.

En el escrito dirigido al Mandatario, la agrupación acusa a ambos directores de provocar una “evidente crisis en la gobernabilidad de este cuerpo colegiado superior y que, además, ha motivado la renuncia de la Presidenta de la Junta, Dra. Ximena Azúa, así como de la Vicerrectora de Administración y Finanzas, Sra. Carolina Canales y del Director Dr. Eduardo Cavieres”.

Ayer en tanto, se conoció la petición de renuncia que efectuó el rector Patricio Sanhueza al Secretario General de la Junta Directiva Jorge Sánchez Valencia.

Para la agrupación, la reunión del 24 de agosto que detonó la crisis “se desarrolló en un clima de hostilidad, marcado por la violencia verbal, expresada a través de gritos, interrupciones, descalificaciones personales entre algunos de sus integrantes, manifestaciones de desconfianzas en la gestión financiera de la Universidad, escasa valoración del trabajo de las autoridades”.