Millones embargados, despidos y una cuenta bancaria casi vacía: el lío de platas en la DC que se armó en la directiva de Carmen Frei

12 de enero de 2022. Uno a uno, a cuatro entonces funcionarios de la Democracia Cristiana (DC), les golpearon la puerta para entregarles el temido sobre. A través de una carta en su interior, se les informó de su despido del partido que, en ese entonces, dirigía la exsenadora Carmen Frei. Según se argumentó en la misiva, se puso término a los contratos por “caso fortuito o de fuerza mayor”.

El despido, en concreto, afectó a los periodistas Ignacio Ortega, Ximena Gutiérrez; y las asesoras electorales Constanza Zegarra y Rosario Hernández. A ellos, posteriormente se sumaron otros profesionales que fueron desvinculados y que también abrieron causas judiciales en contra de la colectividad, como Mauricio Olave e Ivonne Flores, además de Boris Ortega, quien se “autodespidió” de la decé.

Según lo que justificó la DC en las cartas que envió, los despidos obedecieron al complejo panorama económico que enfrentaban. Eso en consideración de que, por ley, el Servicio Electoral (Servel) otorga a los distintos partidos políticos aportes trimestrales destinados a sus fines propios. En el caso de la decé, según se detalla en la misiva, esa es su principal fuente de financiamiento.

Por lo mismo, los resultados de las elecciones parlamentarias de 2021 generaron estragos en el partido. En dichos comicios, la DC representó un 4,19% de los votos, menos de la mitad de lo que alcanzó en 2017. De esa forma, su ingreso estimado por el resultado fue de $ 420 millones de pesos en 2022, según se menciona en la misma carta. A modo de comparación, por el período parlamentario anterior el partido recibió $ 660 millones.

Dentro del círculo de los afectados, argumentan que desde 2010 la Dirección del Trabajo establece requisitos irrestrictos para la causal de “caso fortuito o de fuerza mayor”, asociado a fenómenos como desastres naturales, y no a estimaciones de rebaja del Servel por mal rendimiento, como se sostuvo en la misiva. Y, según las mismas fuentes, lo habrían hecho así y no por “necesidades de la empresa” para no pagar por los años de servicio que correspondían.

El administrador del partido durante la directiva de Frei, Guillermo Herrera, fue contactado por este medio, pero prefirió no referirse al tema. Sin embargo, cercanos a la mesa de la exsenadora señalan que se optó por justificar los despidos como “de fuerza mayor” por la dependencia que tenía el partido por los flujos del Servel.

En el entorno de los acusadores, además, sostienen que los despidos respondieron a algo más bien político por parte de la directiva de Frei -quien actualmente es candidata a consejera constituyente-, debido a la cercanía que tenían algunos de los desvinculados con el extimonel Fuad Chahin o con el exalcalde David Morales, ambos exmilitantes de la decé que encabezaron la “disidencia” a su directiva.

Otro de los argumentos de los afectados es que el 31 de diciembre de 2021, menos de dos semanas antes de los despidos, el Servel entregó al partido un remanente de más de $79 millones, correspondiente a las elecciones de convencionales, gobernadores regionales, alcaldes y concejales, una suma adicional a la entrega de financiamiento regular y que la directiva de Frei no destinó a las indemnizaciones.

En paralelo al remanente, otra resolución del Servel muestra que el 24 de febrero de este año el partido recibió un adelanto de $ 303 millones como anticipo fiscal. Por esa razón, desde el círculo de los despedidos argumentan que la colectividad posee bienes para responder por sus deudas laborales y pagos en juicio, como, además, consta en otra resolución del Servel -emitida el 13 de mayo de 2022- sobre el balance general del partido en 2020, que señala que la DC poseía bienes que bordeaban los nueve mil millones de pesos.

Por estos antecedentes, tres de los despedidos iniciaron juicios laborales en contra de la DC, a excepción de Ximena Gutiérrez, quien alcanzó un avenimiento y actualmente se desempeña como jefa de comunicaciones de la Superintendencia de Salud dirigida por Víctor Torres (DC).

En el caso de Ignacio Ortega, el juicio es reservado. Sin embargo, cercanos a él cuentan que llegó a un acuerdo judicial previo a la audiencia final del juicio, donde se reconoció una deuda por el despido. En su caso, según afirman en la DC y en su entorno, se le pagó una suma de $ 10 millones, monto que excede al que se le debía originalmente, en consideración del recargo que exigió su defensa.

En tanto, en el caso de Zegarra y Hernández, el Primer Juzgado de Letras de Santiago acogió la demanda de ambas y declaró que el despido fue injustificado. Además, el tribunal ordenó el pago del 50% de lo adeudado por citar la causal inadecuada. Así, entre ambas adeudan más de $ 36 millones.

Pero, como el pago no se hizo, Zegarra y Hernández fueron un paso más allá: el Juzgado de Cobranza Laboral de Santiago dispuso el 22 de febrero de este año del embargo de la cuenta corriente del Banco Santander del partido. En esta, no obstante, había $ 25 mil.

El actual administrador del partido, Alejandro Vargas, fue consultado por este medio sobre por qué en esa cuenta solo había $ 25 mil, pero optó por no responder.

El 7 de marzo, además, según se desprende de un documento del Juzgado de Cobranza, se retuvieron los dineros, aportes o remanentes de financiamiento público que trimestralmente realiza el Servel al partido, así como también los fondos asociados a las últimas elecciones realizadas que se encuentran pendientes de pago, hasta por la suma de $ 25 millones.

Luego, el 31 de marzo de este año, el Juzgado de Cobranza embargó una segunda cuenta del partido, en la que había un total de $ 22 millones. Sin embargo, aún falta una parte por pagar a ambas.

Por otro lado, en el caso de Boris Ortega -quien fue expulsado del partido-, él se “autodespidió” el 29 de abril de 2022 debido a “vulneraciones continuas o permanentes de las que he sido víctima por parte de mi exempleadora”, según se desprende de su denuncia en contra de la decé. En concreto, él acusó que se vulneró su derecho a la integridad física y psíquica, la protección a su honra y la libertad de trabajo. Finalmente, el 13 de abril de este año se acordó que el partido le pagaría $ 20 millones.

Consultado sobre los embargos que afectaron a la decé, el actual presidente del partido, el diputado Alberto Undurraga, señaló que “mi propósito es sanear administrativa, financiera y judicialmente el partido este año y así enfrentar la elección municipal del 2024 con el partido sano. Para ello, iniciamos un proceso de licitación de inmuebles e instruí al administrador general de fondos a llegar a acuerdos en los juicios y con los diferentes proveedores”.

Otras fuentes de la actual directiva, en todo caso, reconocen que la mesa de Frei erró al no pagar lo que correspondía a los extrabajadores de la colectividad y lamentan que la situación haya estallado con una sentencia.

Hasta el cierre de esta edición, ni Carmen Frei ni su equipo entregaron una versión a este medio.