En medio de la incertidumbre por el regreso a clases, que el Presidente Sebastián Piñera anunció eventualmente para mayo, pero que a la luz del aumento de los contagios se ve cada vez más lejano, el Ministerio de Educación informó hoy que sí aplicará este año la prueba Simce, contrario a lo que recomendó el grupo de expertos que elaboró propuestas para el regreso a clases, y que fue presentado a la Mesa Social Covid-19 y al mismo ministerio.

“Esta es una herramienta muy importante para conocer la realidad de los establecimientos sobre todo en un período que ha sido altamente complejo para el sistema educativo. La información que arroja la prueba es valiosa y necesaria para el país”, dijo el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

El examen será aplicado a los escolares de 4° básico, 6° básico y 2° medio, y servirá como instrumento diagnóstico. No tendrá consecuencias para los colegios; es decir, se suspenderá la sanción de cierre en el caso de los colegios que obtengan bajos resultados, lo cual se aplicará a través de un cambio legal o el uso administrativo de la causal de fuerza mayor.

El proceso del Simce 2019 y 2020 le cuesta al Estado $15 mil millones, que ya fueron licitados.

Sin embargo, hace unas semanas, un grupo de expertos de educación de la U. Católica, U. de Chile y otros planteles presentaron a la Mesa Social Covid-19 (donde están los rectores Ignacio Sánchez y Ennio Vivaldi) un documento con propuestas para el retorno a clases, en el que aconsejaron postergar la prueba para fines de 2021, ya que tampoco serviría como instrumento diagnóstico este año.

“Lo que se requiere son herramientas evaluativas que entreguen información en tiempo real y contextualizadas. Un Simce de diagnóstico, aunque no tenga consecuencias, genera información tardía (por los ritmos de procesamiento) y estandarizada”, explicaban los expertos.

Por eso, la mantención del examen fue recibido como un golpe para los académicos. Alejandra Mizala, directora del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile y una de las autoras del documento de los expertos, dice que “debiéramos pensar en una evaluación centrada en los y las estudiantes, con resultados inmediatos que permitan tomar medidas en el corto plazo y sin consecuencias externas”.

Ernesto Treviño, del Centro UC para la Transformación Educativa (Centre UC) y también autor de la propuesta de expertos, agrega que “el diagnóstico del Simce no servirá, porque estará sesgado por la irregularidad de los servicios educativos en pandemia”.

El Simce está a cargo de la Agencia de Calidad de la Educación, cuyo secretario ejecutivo, Daniel Rodríguez, explica que desecharon la propuesta de la Mesa Social Covid-19 porque “no estaba muy fundamentada (la suspensión), y al contrapesarlo con la necesidad de tener información sobre los colegios, optamos por esto último”.

El encargado explica que el Simce será distinto de la prueba diagnóstica que anunció el gobierno y que también aconsejan los expertos: el examen de evaluación se hará una vez que los 3,6 millones de escolares vuelvan a clases, mientras que el Simce será una medición “de salida”, hacia fines de noviembre, para ver cuánto se avanzó.

¿Pondrá el Simce una presión extra a los colegios? Rodríguez dice que no debería ser así, porque “no tiene sentido que los establecimientos ‘preparen’ el Simce. Si la presión se lo ponen los mismos establecimientos, les comunicaremos que no debe ser así. La presunta idea de que habrá presión y estrés no está muy respaldada en las evidencias, más bien en testimonios. No son argumentos suficientes para renunciar a tener los datos del sistema”.

Así lo cree también Magdalena Vergara, directora de Acción Educar, quien cree que si el Simce “es diagnóstico y sin consecuencias, ya le quita presión a los colegios. La medida es positiva, porque nos entregará información para tomar decisiones”.

Otros expertos insisten en que aplicar el Simce este año es una mala decisión. El académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, Gonzalo Muñoz, sostiene que la prueba de diagnóstico inicial que hará la Agencia de Calidad de la Educación ya es suficiente para conocer el estado de los colegios.

“A fin de año podría aplicarse un estudio muestral (no censal, como el Simce) para ver el estado de los establecimientos. Pero si se trata de apoyar a las escuelas, es un contrasentido que haya más evaluaciones en el momento en que menos evaluaciones y presiones debiéramos tener”, plantea.

“La devoción al Simce está cegando el actuar del Mineduc y sus autoridades”, advierte Muñoz.

Para el director de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad San Sebastián, Felipe Alegría, la decisión de aplicar el examen es compleja. “Es oportuno tener un proceso evaluativo, pero se corre el riesgo de que el curriculum priorizado no sea evaluado de la misma forma en todos los colegios. Es difícil hacer una prueba con el universo completo de los colegios”, puntualiza.