Ministerio Público acorrala a la Iglesia: Abbott ordena designar fiscales preferentes en cada región por abusos sexuales de religiosos

El 12 de julio, el director de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Luis Torres -designado como enlace formal con la oficina vaticana de denuncias en Chile-, envió un correo electrónico a los fiscales regionales del país. En este reiteraba, ahora con tenor de instrucción, una consulta que ya había realizado en un mail anterior del 19 de junio: la necesidad de designar fiscales preferentes para investigar los eventuales ilícitos cometidos por miembros de la Iglesia Católica en que se haya vulnerado la integridad e indemnidad sexual de menores de edad.

Fuentes de La Tercera PM detallan que en la primera comunicación, Torres realizaba la pregunta a los jefes regionales respecto de si habían determinado darle prioridad a estas investigaciones, pero en la de la semana pasada directamente se ordenó dar este paso para acelerar las indagatorias. El carácter de preferente, que ya se ostentaba en Temuco para estos delitos, implica una mayor dedicación y acceso a recursos. El siguiente rango es de dedicación exclusiva.

El impulso de Abbott se da en medio de la arremetida del persecutor Emiliano Arias, quien por vez primera en Chile incautó archivos eclesiásticos desde los arzobispados de Santiago y Rancagua, y solicitó detener la semana pasada al excanciller de la Iglesia, Óscar Muñoz Toledo por los delitos de abuso sexual y estupro en calidad de reiterados. Muñoz Toledo es la más alta autoridad de la Iglesia que ha estado en prisión por hechos de esta naturaleza.

Tras la acción de Arias, en La Araucanía se avanzó en requisar documentación. Y aunque Abbott y Arias han sido duros antagonistas, hoy los dos están, por distintas vías, en el mismo camino de exigir a la Iglesia que revele los secretos eclesiásticos sobre eventuales abusadores. De hecho, Arias acudió junto a Abbott y los fiscales Mauricio Richards y Raúl Guzmán a la cita del mes pasado con Scicluna cuando se anunció que se pediría formalmente información al Vaticano.

En un inicio, Abbott estimó que tomaría sólo un par de semanas organizar la información de todo el país, solicitada a través de un mail fechado el 13 de junio, respecto de las causas que serán incorporadas al requerimiento de cooperación internacional al Vaticano. En lo específico se debe pedir a la Congregación para la Doctrina de la Fe que disponga el traslado de los procesos canónicos que involucren a menores de edad al menos desde la década del 2000 a la fecha, que es el periodo en que entró en vigencia la ley de reforma procesal penal en Chile. En paralelo, la Congregación debería autorizar a las Diócesis que liberen las investigaciones previas que involucran a niños. Éstas corresponden a acusaciones que, tras una indagatoria inicial, fueron descartadas por las autoridades religiosas. La decisión del Ministerio Público se ampara en la Convención de Palermo de la ONU.

Sin embargo, el proceso ha sido más lento de lo esperado.

Fuentes del Ministerio Público detallan que las fiscalías remitieron sus antecedentes: nombre del imputado, de la víctima, identificación y relato de la causa, abierta o cerrada, pero que tras ello se inició un chequeo y cruce de datos con la base del Ministerio Público.

A la depuración de información, hoy en curso, se agregaron otros elementos: causas que se han abierto en las últimas semanas por oficio, información de prensa sobre ilícitos, la solicitud del fiscal Guzmán de incorporar el Informe Scicluna y una decisión estratégica aún no tomada: si requerir o no los expedientes de sacerdotes indagados por causas en el antiguo sistema de justicia, pero que dado su perfil y la cultura de no denunciar de la Iglesia, pudieran haber reincidido cuando la Reforma Procesal Penal ya estaba vigente.

Una vez que todo esté en orden, Abbott dará cuenta de los detalles del documento y sólo quedará esperar. Mientras tanto, el ingreso vía judicial a nuevas diócesis es la ruta más expedita.