Ministro Muñoz y tarifa de transporte público: “No puedo descartar una nueva alza para este año”
La máxima autoridad de Transportes y Telecomunicaciones afirma que, de acercarse la posibilidad de una nueva subida, como gobierno están dispuestos a incidir para amortiguar sus efectos en los usuarios. El secretario de Estado también aborda la reciente aprobación de la ley que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros: "Será muy visible el impacto para mejorar las condiciones en regiones", sostiene.
La semana pasada el Congreso aprobó el proyecto ley que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros, motivo de satisfacción para el ministro de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Juan Carlos Muñoz, quien destaca la iniciativa puesto que esta generará un marco mínimo de inversión para la cartera y los gobiernos regionales, donde al menos un 50% de los fondos deberán estar directamente vinculados a proyectos de inversión como renovación de flota o infraestructura de transportes.
“Es lo más importante que nos ha pasado en materia legislativa en 15 años (...) Esta ley aumenta el porcentaje que administra el ministerio, y por lo tanto eso nos permite poder llegar a más ciudades, con mejor movilidad en el transporte público, con la visión y política de Estado. Y la parte que va a los gobiernos regionales exige que efectivamente se invierta en el transporte público. Será muy visible el impacto para mejorar las condiciones de transporte público en regiones”, asevera la autoridad, que en todo caso mira de reojo otras materias que atañen a su ministerio, entre alzas de tarifa o la Ley Uber.
¿Cuándo comenzará a estar operativa la ley?
La promulgación será esta semana y espero que la Ley de Presupuesto del próximo año ya la contemple. Pero incluso para este año está la posibilidad de acudir a los consejos regionales, a los gobernadores regionales, a invitarlos a empezar a trabajar en una inversión en transporte público más real. Para eso nosotros como ministerio estamos desplegados con baterías de proyectos para que los gobiernos regionales (gores), que no tienen por qué tener el bagaje ni la experticia que tiene el MTT, conozcan proyectos en los que puedan invertir. Eso sí, estos serán autónomos para decidir qué tipo de proyectos quieren priorizar. Las regiones son muy distintas.
La mitad de los fondos están pensados para la inversión de los gores. ¿Cómo el gobierno puede garantizar que esto se cumpla cuando estamos ad portas de unas elecciones? ¿Dependerá de la voluntad de quiénes salgan electos?
Hay una ley que les va a asignar recursos de espejo del sistema de transporte público de Santiago y ellos tienen que tomar esos recursos e invertirlos en lo que la ley los faculta. La mitad de esos para operaciones y renovación de flota, y el remanente para infraestructura habilitante para el transporte. Es parte de la voluntad de los gobiernos decidir cómo se juegan los recursos dentro de un marco legislativo bien preciso.
¿La ley permitirá avanzar en proyectos de electromovilidad en regiones?
Se abrió un espacio de renovación muy importante y aquí hay que empezar a jugar con los gobiernos regionales, que son los que van a tener parte importante de los recursos para ver cómo podemos en forma conjunta ir avanzando a una renovación de la ciudad que sea cada vez más hacia la electromovilidad. En la mayoría de las regiones tenemos proyectos que están en base de licitación o en proyectos en Contraloría. Por ejemplo, están Copiapó, Osorno, Calama, también Concepción. En casi todas las regiones tenemos algunas ciudades en las cuales estamos dando pases bien concretos hacia la electromovilidad.
¿Cómo se ha comportado el transporte público a un mes del alza de la tarifa en $10?
Siento que el sistema sigue funcionando bien y vemos con alegría que la cantidad de personas que usan el sistema va al alza. Cuando uno mira el primer semestre de este año, comparado al primer semestre del año pasado, las validaciones de pasajeros en enero-julio fue un 12% por encima del año pasado. Y si me concentro solo en los buses, fue un 17% por encima del año pasado en el mismo periodo. Lo que habla de un sistema que está aumentando como nosotros quisiéramos en la cantidad de usuarios. Y si desglosamos el mes de agosto, el 14 de agosto fue el día con más transacciones que hemos tenido desde que se inició la pandemia, que son 4.947.000. Las transacciones han ido al alza de forma sistemática. Queremos que se mantenga de esa manera, en línea con una calidad de servicio que vemos que es cada vez mejor.
¿Y la tendencia de evasión?
La evasión es materia de preocupación. En un sistema que me parece que tiene muchas luces, para mí es una sombra del sistema. Y creo que es importante trabajar, como lo hemos venido haciendo, por reducir la evasión lo más posible, con todos los esfuerzos que tenemos. Pero cuando comparo la evasión del primer semestre del año pasado con la de este año, hay una caída de 7 puntos porcentuales, de 45 a 38. No me quedo satisfecho para nada. Pero habla de que las decisiones que estamos tomando van apuntando en una dirección correcta.
¿Está considerada una nueva alza para 2024? ¿O se descarta?
El panel de expertos es un ente autónomo. No me puedo pronunciar respecto de lo que ellos hagan o digan. Ellos hacen un análisis en función de las validaciones que van viendo, en los costos que tiene el sistema, los indicadores financieros. Y en base a ese análisis, ocasionalmente dicen se necesita un aumento de $10, $20, $30. No puedo descartar una nueva alza en la tarifa del transporte público para este año, hay que ver cómo van evolucionando los indicadores financieros y si es que el panel sugiere un nuevo aumento. En se caso tendremos que analizarlo en su debido mérito.
En caso de ocurrir, ¿como gobierno están dispuestos a incidir nuevamente?
Sí. Para el gobierno el tema de tarifa de transporte público es importante porque afecta directamente a las personas de menor ingreso, que son las que típicamente usan el transporte público de forma más intensa. Y por eso es que nosotros, cada vez que el panel de expertos levanta la necesidad de un aumento tarifario, hacemos un análisis respecto de una mirada más global, respecto de las condiciones económicas de las personas de la ciudad, y al mismo tiempo de las finanzas del sistema, para poder determinar si se implementa o no. Así se ha hecho en tres ocasiones.
¿Frenar el alza de $20 en la tarifa responde a un trauma del gobierno por repetir un nuevo estallido social? El anuncio vino acompañado de evasión, salto de torniquetes...
Si hubiese un miedo, no se hubiese implementado el alza ya en tres ocasiones. Yo creo que lo que hay es una profunda conciencia de cómo impacta la tarifa de transporte público a las personas, y se pone eso en la balanza, y en base a eso se toman decisiones que son muy importantes. Uno tiene que entender que los distintos servicios a los cuales uno accede en el tiempo van a ir aumentando de precio.
¿Cómo avanza la revisión de las observaciones de Contraloría al reglamento de Ley Uber?
Hay múltiples observaciones de las cuales nos tenemos que hacer cargo, y algunas son de forma, otras son un poco más de fondo. Nosotros no estamos cambiando los parámetros que incorporamos en el reglamento original. De hecho, muchas de las cosas que les preocupan a las personas o a algunos de los taxis o de las aplicaciones ya quedaron zanjadas en la ley. La ley dice que vamos a exigir una licencia de conducir profesional, pero no es algo que el reglamento lo determine, sino la ley. Y nosotros lo que estamos haciendo es aclarando algunos puntos en el reglamento para la Contraloría. Son pocos los cambios que vamos a incorporar, y por lo tanto yo más bien te admitiría que seguimos ciñéndonos a aquello que hemos comunicado previamente.
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