TC, otra vez al ruedo: las tensiones y hermetismo en la antesala de la votación por los indultos del Presidente

La regla general indica que al momento de votar los ministros del Tribunal Constitucional (TC) van tomando la palabra y argumentando desde el más nuevo, en este caso la ministra Daniela Marzi, al más antiguo, el ministro Cristián Letelier, y en último lugar la presidenta del organismo, Nancy Yáñez, quien, además, en caso de empate podría hacer uso -por primera vez desde que ocupa este cargo- de su voto dirimente, es decir que lo que ella decida vale por dos y entrega la mayoría para el fallo. Este martes el pleno de magistrados se juntará a deliberar respecto a una materia que tiene tensionado el ambiente y es que es la primera vez que la facultad presidencial del indulto es sometida a un examen de constitucionalidad. A esto se suma que los cuestionamientos a las prerrogativas brindadas a seis presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna no cesan y se han transformado en un tema complejo que cada cierto tiempo golpea a La Moneda.

Los jueces que ya la semana pasada escucharon los alegatos y que antes de llegar a acuerdo decidieron pedir más información al Ejecutivo se han encerrado en sus respectivos despachos a estudiar la materia. La División Jurídica del TC ha proveído de insumos a los ministros para mejor resolver y ya cada uno tiene más menos claro lo que va a resolver respecto a los requerimientos ingresados por senadores de Chile Vamos y Demócratas que buscan por esta vía impugnar los cuestionados indultos. Y pese a que el hermetismo ha sido la regla entre los magistrados quienes no han adelantado su votación, no pocos ministros auguran una votación que podría ser estrecha.

Para nadie es un misterio que en la actual integración del TC, en que faltan dos titulares, el Ejecutivo contaría con mayoría en cuanto a posturas que han sido planteadas por el propio ministro de Justicia Luis Cordero, respecto a que los decretos están bien fundados, como pide la Constitución, y que la controversia es meramente política. Respecto a la liberación de los seis presos del estallido, entre los que se encuentra Luis Castillo -un imputado con amplio prontuario policial- las mismas fuentes del TC señalan que podría darse una votación 5-3 para rechazar los requerimientos, donde la minoría estaría en los ministros José Ignacio Vásquez, Cristián Letelier y Miguel Ángel Fernández. En sólo un caso, señalan, podría darse el empate y es las dudas que genera los fundamentos del decreto de Luis Castillo, un imputado con amplio prontuario más allá de sus detenciones tras el estallido social. Ahí entraría la figura del voto dirimente de Yáñez, experta en Derechos Humanos.

Mientras que en la impugnación al decreto de Mateluna se daría un escenario de rechazo por 6-2, asestando un eventual triunfo para el gobierno. Ahora, los mismos jueces aseguran que todavía falta un día entero para profundizar en la materia y mientras el fallo no se firme, no existe.

De hecho, algunos ministros hacen el punto de que fue la propia presidenta del TC, Nancy Yáñez, -que fue nombrada por el Presidente Gabriel Boric- quien adelantó la adopción del acuerdo para este martes 21, ya que en un inicio se había agendado esta audiencia para el jueves 23. Esto, dice un magistrado, da cuenta del interés que hay en que este tema se resuelva lo antes posible, ya sea por la importancia y el interés que causa y también para evitar las tensiones que significa el dilatar casos de este tipo que tensionan al organismo.

Sea cual sea la definición, la abogada Constanza Hube, quien representa a los senadores que impugnaron los decretos, se considera conforme. “Nos sentimos satisfechos por transparentar ante la ciudadanía, parte de una decisión oscura y arbitraria y una serie de contradicciones que cada vez quedan más en evidencia. Esperamos que el TC determine la inconstitucionalidad de estos indultos, y que luego el Ministerio Público adoptará las acciones pertinentes”, dijo a La Tercera PM.

Hay miradas disímiles respecto de los efectos que puede tener la determinación de los ministros. Si bien la mayoría de los abogados consultados coincide en que si los requerimientos son rechazados no hay cambio en el escenario, las diferencias se producen cuando abordan las consecuencias que tendría que el TC acoja las impugnaciones de los parlamentarios y declare inconstitucionales los actos administrativos suscritos por el Mandatario. Porque mientras algunos profesionales dicen que no habría efectos inmediatos, otros aseguran que los indultados en cuestión tendrían que volver a prisión.

El abogado Cristián Riego, académico de la Universidad Diego Portales, es de quienes se inclinan por la primera opción. A su juicio, un pronunciamiento del pleno en favor de los requerimientos “no debería tener efecto retroactivo. Si los decretos son revocados por falta de argumentación o de fundamentación, o por el efecto que fuese, eso no debiera -en principio- afectar el derecho adquirido por los beneficiados, que es la libertad”.

“La resolución del TC referente a un posible acto inconstitucional, tampoco podría implicar una sanción al gobierno. Si sostienen que la determinación vulneró la norma, eso sienta un precedente, para que a futuros indultos, por ejemplo, se presenten mayores antecedentes u otros elementos”, complementó el profesional.

Por otro lado, el constitucionalista Javier Couso planteó que el efecto inmediato de que el tribunal declare la inconstitucionalidad de los decreto sería que estos quedan invalidados y, por tanto, que se debe retrotraer la libertad de los beneficiarios, debiendo estos tener que cumplir lo que les resta de condena en prisión.

“La tesis respecto de los derechos adquiridos por los condenados indultados, ante una declaración de inconstitucionalidad -que va a ser algo que probablemente se va a alegar-, es algo a analizar, porque estamos en terreno nuevo. No se había planteado un caso como este, por lo que estaríamos en un territorio donde no hay jurisprudencia. Hay argumentos por lado y lado, pero yo tengo la impresión de que si la persona fue liberada por un decreto que posteriormente se declaró inconstitucional, no es obvio que tenga un derecho adquirido, porque no es cualquier cosa violar la Constitución”, detalló.

En el mismo sentido, el también abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil, manifestó: “Si declaran inconstitucionales los decretos, estos no pueden subsistir o sea es una causal de invalidación de los mismos y de todos sus efectos. Por lo tanto, estas personas tendrían que volver a cumplir sus condenas como fueron establecidas por tribunales”.

De acuerdo con Correa Sutil, además, la tesis del derecho adquirido es propia de las revocaciones que hace una administración respecto de sus actos, lo que no sería extensible a una determinación que tome el organismo presidido por Nancy Yáñez.

En cualquiera de los dos escenarios, hay vías alternativas que se mantendrían vigentes.

Como explicó Couso, pronunciado el TC, la Contraloría puede retomar el análisis de los requerimientos donde se alegaron supuestas ilegalidades de los indultos y, al mismo tiempo, el asunto podría ser analizado en tribunales de justicia.

Dado que a juicio de Correa Sutil la alegación de senadores de Chile Vamos y Demócratas es respecto de vicios de legalidad -por lo que considera un error que hayan recurrido al TC- tras un pronunciamiento de la entidad seguirá abierto el debate de si son o no actos que se ajustan a las leyes. “El requisito de que los decretos sean fundados está en la ley, por lo que la discusión de verdad es si son o no decretos ilegales. Por eso, Contraloría volvería a tener plena competencia para pronunciarse”, apuntó.

Para Riego, en todo caso, insistir en esos caminos no sería más que mantener “una operación política” derivada de una determinación del Presidente.

“A mi juicio, esta es una situación netamente mediática, porque el Presidente tiene la facultad de conceder indultos particulares, y si bien se pueden criticar políticamente, no me parece que se puedan cuestionar judicialmente. No tiene sentido”, sostuvo.