Ministros que asistieron a reuniones en casa de Zalaquett pierden piso en el oficialismo

Cada vez menos margen jurídico, político y también de tiempo tienen los seis ministros del gobierno del Presidente Gabriel Boric que asistieron a encuentros en la casa del lobbista y exalcalde Pablo Zalaquett (UDI).

Antes del viernes de la próxima semana deben responder a la solicitud de información que les hizo la Contraloría, que abrió un expediente a partir de la seguidilla de requerimientos que hicieron, en primer lugar, algunos diputados de RN y luego del Partido Republicano, por una eventual infracción a la Ley de Lobby que obliga a transparentar reuniones en las que grupos de interés intenten influir en decisiones de las autoridades.

Sin embargo, además de la ofensiva de los agentes políticos, algunos particulares también se sumaron a las peticiones de fiscalización del organismo contralor.

Hasta ahora, en la extensa lista de participantes en las citas organizadas por Zalaquett en su departamento en Lo Barnechea -donde también asistían empresarios de distintos rubros- figuran los ministros Carolina Tohá (Interior), Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Jeannette Jara (Trabajo), Alberto van Klaveren (Cancillería) y Esteban Valenzuela (Agricultura).

Si bien el Presidente Boric y la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), salieron a respaldar a los secretarios de Estado por no haber transparentado dichos encuentros en la casa del lobbista (“no todo diálogo es lobby”, dijo la vocera), cada vez hay menos credibilidad y apoyo político a esa justificación del Ejecutivo en el propio oficialismo.

De hecho, las únicas voces dentro de la alianza gubernamental que siguen defendiendo la omisión de transparentar esas reuniones son de aquellos legisladores que también concurrieron a los diálogos promovidos por Zalaquett.

“La forma en la que se llevaron estas reuniones fue un error, y hay que decirlo con todas sus letras. Yo creo que el gobierno tiene el deber de hablar con todas las personas, con los empresarios de todos los sectores, pero aquí en La Moneda, en su oficina, en los espacios donde corresponda, y haciéndolo público, ya sea por Ley de Lobby o por otros mecanismos que permitan que haya máxima transparencia en el proceso”, aseveró la diputada Karol Cariola (PC), cuya postura se sumaba a la dura crítica que hizo el miércoles en la sala de la Cámara su compañera de bancada, Lorena Pizarro, quien señaló que estas reuniones secretas eran “impresentables” y “gravísimas”, porque eran “a espaldas” de la ciudadanía.

“A tal nivel hemos llegado que tanto el cocinero como los comensales justifican su festín”, dijo Pizarro (PC).

Las críticas de la bancada comunista ponía en una incómoda situación en la interna partidaria a la ministra Jara (PC), cuyo caso es uno de los más complejos, según creen en el oficialismo, pues se reunió con representantes de las AFP justo en medio de la tramitación de la reforma previsional que aún está en debate en el Congreso.

El caso de Grau (Convergencia Social) y la ministra Rojas, quienes se reunieron con ejecutivos de la industria salmonicultora, se complejizó también tras las explicaciones que dieron este miércoles en la Comisión de Medio de la Cámara.

Hasta antes de la reunión, una de las justificaciones jurídicas de los ministros para no transparentar oportunamente las reuniones era que ellos básicamente expusieron la visión del gobierno, por lo tanto, no hubo gestión de intereses de sus interlocutores del sector privado.

No obstante, Grau reconoció en la comisión que el diálogo no fue unilateral y detalló que, en el encuentro, los representantes de la industria salmonera también expresaron sus expectativas de desarrollo de la industria.

“Una persona nos invita a su casa, parte hablando, nos presenta y dice cómo se llama cada uno. En ese sentido partió hablando Zalaquett. Cuando se empezó a hablar de lo sustantivo, digamo, qué es lo que opinaba cada uno respecto a cómo tenía que desarrollarse la industria, tanto la ministra (Rojas) como el ministro acá presente fuimos los que hablamos extensamente nuestra opinión. Luego la industria también dio su opinión de cómo debe ser la industria a futuro”, detalló Grau.

Con la confesión de Grau, a juicio de algunos diputados, ya se confirmó que hubo un lobby al menos en esa cita con los salmonicultores.

“Una autoridad no tiene nada que ir a exponer, a dialogar, o conversar de materias legislativas o de interés nacional en casas particulares. Me parece lo más inoportuno e imprudente lo que se hizo. Va a quedar siempre la duda, aunque los ministros den mil explicaciones”, indicó el diputado Jaime Naranjo (PS), integrante de la Comisión de Hacienda.

“Cada una de las reuniones que se hicieron en la casa del señor Zalaquett, son gestiones de lobby, independiente de que hayan sido una exposición o una charla. El gobierno cometió un error y esto debió ser declarado”, añadió el diputado Marcos Ilabaca (PS), miembro de la Comisión de Constitución.

Una crítica unánime, desde la izquierda a la derecha, expresaron también los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente tras escuchar las explicaciones de Grau y Rojas, el miércoles.

Incluso, aunque hoy la titular de Medio Ambiente dijo que publicará todos sus encuentros, fue igualmente criticada por señalar que no sabía que Zalaquett ejercía como lobbista. “La recomendación a la ministra es que ella haga uso de las capacidades de sus distintos asesores y asesoras, para que el día de mañana, cuando vaya a ir a una reunión, se informe bien de quiénes son las personas que la integran y que tenga todos los antecedentes sobre la mesa”, señaló la diputada Cariola.

“El gobierno tiene que dialogar con el empresariado, así como dialoga con el mundo sindical, las universidades, la sociedad civil. Mi pregunta es si es necesario hacerlo en la casa del señor Zalaquett... Mi impresión es que no. El gobierno no necesita intermediarios como el señor Zalaquett… Los ministros son personas adultas que tienen que hacerse responsables de sus acciones y declaraciones”, comentó el senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien dijo que, en su caso, no fue invitado y “no tiene simpatía” por el exalcalde.

Uno de los pocos que defendieron ayer y hoy a la ministra Rojas fue el diputado Jaime Araya (independiente-PPD). Pese a ello, el legislador antofagastino igualmente ha dicho que la reunión tenía características de lobby. “Estos diálogos tienen que ser muy transparentes”, sostuvo este jueves en CNN.

“La Ley de Lobby hay que cumplirla, así de simple, y hay que reconocer que esto, que quizás da para alguna una interpretación de alguno, de ahora en adelante no volverá a suceder porque se aplicará de manera más estricta la ley”, expresó, en tanto, el diputado Vlado Mirosevic (liberal) en Radio Pauta.

El problema para el gobierno es que, además del casi nulo respaldo político para seguir sosteniendo que no hubo lobby en los encuentros en casa de Zalaquett, las alternativas jurídicas para justificarse ante Contraloría también se van agotando.

Actualmente la Ley de Lobby establece algunas excepciones en las que no es obligatorio declarar audiencias; por ejemplo, cuando es la autoridad la que convoca al encuentro (algo ya descartado, pues Zalaquett los invitó); cuando las citas se producen en una asamblea pública como un seminario académico (tampoco aplicaría por desarrollarse en una residencia privada) o cuando se trata de una “declaración, actuación o comunicación hecha por los sujetos pasivos (los ministros) en el ejercicio de sus funciones”.

Este último punto era al que se aferraba La Moneda para sostener que eran charlas o exposiciones de los secretarios de Estado, como parte de su labor política. No obstante, en la medida en que la autoridad pasa a recibir peticiones o expresiones de expectativas de los privados, se configuraría un escenario distinto.