Minvu olvidó entregar respuestas a Fiscalía y se desencadenó el allanamiento a sus oficinas por líos de platas

Cuando faltaban minutos para las 10 de la mañana de este jueves, el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, seguido por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), llegó hasta las afueras del Ministerio de Vivienda, en Serrano 15, en el centro de Santiago.

“Señor, tenemos una orden de entrada y registro”, le comunicó un detective al funcionario público que les dio acceso al lugar.

¿El motivo? Concretar una diligencia clave en medio de la indagación que el persecutor lleva adelante a propósito del denominado caso líos de platas. Se trató, de hecho, de la primera vez desde que estalló el caso que se allanan las dependencias de la cartera liderada por el socialista Carlos Montes, quien durante el curso del registro se mantuvo en el lugar y, como el mismo persecutor reconoció, comprometió la colaboración de todos los funcionarios.

En específico, se trató de pesquisas vinculadas a la arista del caso abierta a comienzos de agosto en la Región de Tarapacá, donde se indagan los traspasos realizados desde la Seremi de Vivienda de Tarapacá a la Fundación Enlace Urbano, por un convenio de $782 millones, y la ONG EnRed Social, la cual tenía un convenio de más de mil millones con el organismo público en el marco del Programa de Asentamientos Precarios.

De acuerdo con antecedentes reportados por fuentes de gobierno, la medida intrusiva se ordenó luego de que la repartición pública no respondiera una serie de oficios, por lo cual la medida judicial tenía como objetivo levantar evidencia documental en la Subsecretaría de Vivienda, ubicada en el piso cinco de la cartera, y desde las oficinas del Programa de Asentamientos Precarios.

“Se están realizando diversas diligencias. La orden fue comunicada al ministro Montes, quien de manera llana, completa y absoluta se comprometió directamente con todo el equipo a colaborar, y así ha sido durante toda la mañana. Todos los estamentos del ministerio han colaborado absolutamente. No solamente nos van a entregar la información que la orden señalaba, sino que mucha más información, lo cual agradecemos y nos permitirá avanzar”, sostuvo Ríos ante la determinación.

Agregó, igualmente, que durante la jornada levantarán una serie de elementos relacionados con los procesos administrativos que se siguieron para la fijación de los convenios.

La diligencia encabezada por el fiscal Ríos -quien viajó desde Iquique para concretarla- se da luego de que el Minvu entregara una serie de antecedentes de su investigación interna y denunciara que entre 2021 y mayo del 2022 el funcionario Aldo Bastidas, analista en el Programa Asentamientos Precarios a nivel nacional, también se desempeñaba como jefe técnico de la Fundación EnRed.

Por aquello se le consultó a la cartera de Montes: sin embargo, uno de los oficios nunca se envió. De acuerdo con fuentes de gobierno, porque la funcionaria que debía enviar el correo no concretó la tarea.

Por lo mismo, entre las pruebas que buscabam levantar el persecutor y los funcionarios de la policía civil durante esta jornada, como pudo recabar este medio, se encuentran las boletas que demostrarían el vínculo entre el exfuncionario y la fundación EnRed Social, la cual tiene siete convenios con el ente público en la región.

Si bien fuentes oficialistas inicialmente indicaron que ese “oficio perdido” incidió directamente en la realización del allanamiento, el punto fue desestimado por el fiscal Ríos, quien indicó: “No necesariamente incide ya que es una información que necesitábamos y que hoy van a entregar de manera efectiva”.

También en Tarapacá, el Minvu detectó una serie de irregularidades administrativas, como la falta de rendiciones por parte de dicha ONG y Enlace Urbano. En el caso de esta última, hasta el 8 de septiembre no había rendido $431.930.915, mientras que EnRed Social no había hecho lo mismo con $168.079.015, por lo que esos detalles también se pondrán a disposición del persecutor.

Por otro lado, Contraloría detectó que los convenios entre la Seremi Regional de Vivienda y las fundaciones se realizaron sin la debida justificación, además de cuestionamientos a la parcelación de los pagos para -presuntamente- evitar que dichas transferencias tuvieran que ser visadas por el ente fiscalizador.

Mientras se desarrollaba el allanamiento, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo emitió un comunicado señalando que la entidad “está prestando toda la colaboración posible en el marco del procedimiento de registro de entrada e incautación que efectúa la Fiscalía de Tarapacá en el ministerio”.

En esa línea, agregaron que la diligencia “se trata de una autorización voluntaria y en el marco de una denuncia hecha por el mismo ministerio en la Región de Tarapacá relacionada a las fundaciones Enlace Urbano y EnRed por convenios suscritos desde 2021″.

La cartera dirigida por Montes concluyó que desde el principio de este caso, y “de manera proactiva, esta secretaria de Estado ha colaborado con los requerimientos de la institucionalidad en el marco del caso Convenios-Minvu entregando toda la información sobre el particular”.

Si bien en esta instancia el persecutor podría haber solicitado declaración al secretario de Estado, se determinó que Montes entregará su testimonio, en calidad de testigo, durante las próximas semanas.