Montes ante la orden de desalojo de la toma de San Antonio: “Se generaría una situación insostenible desde el punto de vista humanitario”

La primera gestión del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), tras regresar del duelo por el fallecimiento de su hija producto de un cáncer ha sido supervisar las tratativas e intentar un acuerdo entre los pobladores de la megatoma de San Antonio y los tres propietarios de los terrenos que hoy albergan irregularmente a 4.100 familias.

Ya casi no queda tiempo, pues la semana pasada la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la solicitud realizada por el gobierno a través de la Delegación de Valparaíso que pedía aplazar por un año el desalojo ordenado por la Corte Suprema en 2024, que se debía cumplir en enero de este año.

Así, el gobierno hoy está en la obligación de cumplir el dictamen de la justicia pero aún no hay solución habitacional para las familias. Y pesa la posibilidad de que la historia termine con la imagen de la fuerza pública entrando a la megatoma del cerro Centinela en San Antonio y desalojando a los pobladores, con niños y ancianos.

Según un catastro realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cerca de 10 mil personas viven en este macrocampamento, donde un 33% son niñas, niños y adolescentes; más del 70% del total de las familias tiene una situación de alta vulnerabilidad social; 13% son extranjeros y más del 90% no tiene segunda vivienda, ni subsidio anterior.

En conversación con la Tercera, el ministro Montes defiende la opción de que las familias se organicen como una cooperativa para comprar los terrenos donde 3.200 de ellas ya están inscritas para su conformación. Asegura que esta es una fórmula que se explora para afrontar la situación de varios campamentos a lo largo del país. Aun así, Montes afirma que “no va a haber desacato” en la medida dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

“Como ministerio de Vivienda y Urbanismo respetamos todas las resoluciones que emanan de la Justicia, como corresponde a un Estado democrático”, señaló el gobierno este lunes en la tarde a través de un comunicado.

¿Hay condiciones para hacer valer hoy día la orden de la Corte de desalojar la toma de San Antonio?

Una vez que se planteó esto, nos reunimos distintas instituciones y se estuvieron viendo todas las dificultades y complejidades, porque desalojar 4.000 familias es un proceso muy complejo. Se ha buscado construir una alternativa buscando poner de acuerdo a las partes.

¿Hay posibilidades de acuerdo hasta ahora?

Uno de los abogados de los dueños planteó que querían apurar el desalojo e hicieron una presentación, pero el proceso sigue. No es llegar y desalojar. Tienen que cumplirse requisitos respecto a dónde van esas familias, a dónde van los niños, qué ocurre con los adultos mayores. Por eso estamos tratando de encontrar una solución. Uno de los temas que plantean es ¿cuál va a ser el valor? Nosotros decimos que tiene que haber tasaciones. Y, a su vez, los pobladores dicen: “Bueno, cuánto van a cobrarnos”... Esto no es por dilatar, sino por construir una alternativa seria, porque nadie puede olvidar que hay 1.432 campamentos y 110 mil familias en Chile viviendo en campamentos. Hay que buscar una solución.

Las cooperativas que propone el gobierno todavía no se constituyen y no tienen los fondos para comprar, ¿cómo se logra un acuerdo así?

Las familias siempre han tenido algún ahorro. La cooperativa está en proceso de constitución porque, inicialmente, había desconfianza sobre qué significaba, si servían o no servían. Después viene el periodo de definir cuánta plata se tiene, cuál es el valor y cómo se va a pagar. Esto no se va a pagar de un día para otro; va a haber periodos más largos, van a existir créditos y distintas opciones. La relación con las entidades financieras debe hacerse desde la cooperativa, y eso será una vez que se constituyan, aunque ya ha habido algunas aproximaciones con entidades financieras para que ayuden a cubrir esto.

¿La delegación no entra en desacato al no cumplir la orden de desalojo?

Claro, tiene que cumplirla, y el delegado ha sido muy claro porque a él se le plantea y él tiene que ver cómo hacerlo. No va a haber desacato, pero imponer que haya condiciones para hacerlo sin acuerdo con las familias es imposible también, es muy difícil.

Pero la orden de desalojo tiene un plazo...

No. Tiene un plazo para poner en marcha un conjunto de mecanismos, no es que el desalojo deba ejecutarse inmediatamente. Hay un conjunto de mecanismos, y esperamos que la Corte entienda que se está construyendo una alternativa, que en el camino entienda que se está buscando una solución. Se supone que los dueños también estén de acuerdo, y ese es el objetivo de la reunión del día lunes.

El ministro señala que el lunes los dueños del terreno y los pobladores tendrá una reunión para ver cómo continuar el diálogo. ¿Qué expectativa tiene de esa cita?

Van a estar los dueños, esperamos que esté también el alcalde, y también voy a estar. Además, va a estar el subsecretario del Interior, Luis Cordero, para que se evalúe el conjunto de condiciones que supone un desalojo.

Qué hará el gobierno si hay desalojo. ¿Hay como sostener a las familias que están viviendo ahí?

Eso es una responsabilidad que, por las normas que existen, corresponde al alcalde, es decir, al municipio. Y el municipio ha dicho con claridad que no cuenta con esas condiciones. Pero, frente a su pregunta, el desalojo es inminente una vez que se decreta. Está decretado hace tiempo. Esperamos que se llegue a un acuerdo con los dueños, sea mucho más fácil que la Corte acepte.

Si una vez que se cumplan los plazos y los procesos Carabineros entra hoy día a la toma, ¿qué riesgos hay para la integridad de las personas que viven ahí?

Creemos que eso hay que evitarlo.

Hoy día la delegación no tiene las condiciones materiales para ejecutar ese desalojo. ¿Carabineros?

Eso tendrá que verlo con Carabineros.

Lo que está ocurriendo en San Antonio es ilustrativo de lo que pasa en otras zonas. ¿No cree que fue un error consentir las tomas como mecanismo de presión para una solución habitacional?

Bueno, hoy día han disminuido las tomas. Incluso han disminuido las familias en tomas. Algunas familias que no tienen ingresos han tenido que seguir llegando a las tomas, pero esto se ha detenido en el ritmo que traía. Creció mucho desde la pandemia. El mayor crecimiento fue anterior a este gobierno, en todo caso la mayor expansión, pero porque era un foco que venía desde antes.

¿Qué riesgo hay si no se llega a un acuerdo entre los propietarios y las cooperativas y se tiene que proceder de todas maneras al desalojo?

Los riesgos son que se generaría una situación insostenible desde el punto de vista humanitario. Por eso, hasta el último día, vamos a buscar un acuerdo con los dueños, en buscar una propuesta alternativa, un acuerdo con los dueños y las familias que están ahí viviendo. Vamos a hacer todo lo que podamos porque sabemos las implicancias y los riesgos que esto tiene.

¿El Estado debe hacer un mea culpa por permitir que se tense hasta este punto la situación en San Antonio?

O sea, si usted me pide una reflexión más de fondo, yo le diría que en el periodo en que Chile más creció —pasamos de 5.000 dólares per cápita a 33.000 dólares per cápita, como dice el FMI ahora— se provocó un déficit de vivienda muy fuerte: 650.000 familias sin casa, y dentro de estas, 110.000 que están viviendo en campamentos. Entonces, es como que la sociedad no fue capaz de encontrar una manera de responder a estos problemas.