Morir en Santiago 1: la historia del imputado que padecía de esquizofrenia y que falleció tras una golpiza en espera de un cupo en el siquiátrico

Sabía que estaba preso, pero no sabía el porqué. En el último registro siquiátrico que se le realizó a Gustavo G.A., de 36 años, al interior del sector de Salud de Santiago 1, se da cuenta que tenía esquizofrenia diagnosticada y tratada desde hacía años en el Hospital Félix Bulnes. Fue esa enfermedad la que lo llevó el 6 de noviembre del año pasado a tomar un cuchillo de la cocina y atacar a su madre y su hermana en el domicilio que compartían en Quinta Normal. La Fiscalía caratuló el caso como parricidio frustrado en la audiencia de formalización que se hizo en ausencia.

Esto porque el imputado estaba internado en un recinto asistencial, pues tras cometer el hecho escapó y fue atropellado por un vehículo. El Ministerio Público pidió su prisión preventiva. Su defensa alegó enajenación mental. En la espera de los peritajes de rigor se ordenó su ingreso en internación provisoria en el Hospital Siquiátrico Dr. José Howitz, pero eso nunca ocurrió. Cuarenta y cuatro días después falleció golpeado y solo en una cama del módulo de Salud de Santiago Uno.

Distintos jueces del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago y su defensora penal pública intentaron hacer frente y buscar una solución transitoria ante la negativa del siquiátrico de Recoleta de ingresar a Gustavo al recinto. Sin embargo, todas las veces la respuesta fue la misma: “Dr. Horwitz” tienen capacidad para 30 pacientes y está colapsado, con 90 imputados con problemas de salud mental para ser atendidos. Un magistrado, Pablo Contreras, intentó entonces derivar al imputado al siquiátrico de Putaendo. La respuesta fue parecida: tienen 20 cupos, 40 personas en espera y la prioridad es la jurisdicción de Valparaíso, ya que en Santiago corresponde hacer la petición a Dr. Horwitz.

La desazón de su abogada María Carmen Castillo era total. También la de su padre, quien durante el proceso fue designado como curador ad litem, es decir el representante ante la ley y cuidador de su hijo. El mismo que había intentado matar a su esposa y su otra hija.

Los magistrados del Sexto Juzgado de Garantía supieron de una golpiza a Gustavo por parte de otros internos de Santiago Uno. Le advirtieron a Gendarmería que no podía mezclar al imputado con reos comunes, sobre todo porque no estaba bajo régimen de prisión preventiva, sino solo internación provisoria en espera de antecedentes para determinar su “inimputabilidad”. Sin embargo, como denunció su defensora, el joven estuvo entre el 13 de diciembre hasta la madrugada del 20 de diciembre en distintos módulos del recinto penitenciario. “Fue por lo que le hice a mi mamá y mi hermana”, le habría referido el interno a su abogada. Ahí fue la primera de varias cautelas de garantía presentadas por la Defensoría Penal Pública.

El padre de Gustavo denunció que gendarmes le impedían ingresar los medicamentos para la esquizofrenia. Una vez más intervino el tribunal, ordenó al alcaide de Santiago Uno dar explicaciones y llevar al interno al módulo de Salud, alejado de la población penal. Como se temía que esto no estuviera ocurriendo, el magistrado Nibaldo Arévalo, su defensora y el padre del joven hicieron una visita sorpresa al módulo. Constataron que no había personal de guardia ni médico. Ahí se dieron cuenta que el día anterior el recluso había recibido otra paliza y que seguía sin recibir sus remedios siquiátricos. “Se hace ingreso a la sala de hospitalización en que se encuentra Gustavo, constatando el suscrito que éste mantiene lesiones compatibles con una agresión física, principalmente en su ojo derecho”, se lee en el acta.

En esa oportunidad el juez habló con la encargada de Gendarmería y volvió a advertirle: “El imputado no puede estar en población penal, por lo que no debe salir de la Unidad de Salud hasta que sea traslado a la Unidad Especial de Pacientes Imputados (UEPI) del Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz”.

Ante los hallazgos del titular del tribunal se agendó una audiencia para el 26 de diciembre en la que se revisarían las cautelares de Gustavo y se denunciaría lo ocurrido por parte de Gendarmería, pero no se realizó. El joven de 36 años falleció el 22 de diciembre por un paro cardiorrespiratorio a causa de la última golpiza que recibió en un recinto carcelario donde nunca debió estar.

Una vez constatado su fallecimiento, el tribunal ofició al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Contra la Tortura, ya que Gustavo murió dentro de un recinto estatal que debió velar por su integridad física y mental. Se derivaron también los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte para que investigue un eventual homicidio por omisión. Se entregaron los detalles también a Gendarmería para los sumarios respectivos.

Carlos Mora Jano, defensor nacional, respecto a este caso sostuvo a La Tercera que “nos preocupa tremendamente que en la tramitación de un proyecto de ley actualmente en discusión parlamentaria, que pretende mejorar la persecución penal contra delitos graves, crimen organizado, entre otros, se ha aprobado una indicación que establece que en los casos en que se suspenda el procedimiento en contra de una persona con antecedentes serios de tener una enfermedad mental, es decir, podrían ser inimputables, no se pueden modificar las medidas cautelares que se hubieran decretado respecto de esa persona”.

Agregó que “el problema es dramático particularmente respecto de las personas que están en prisión preventiva, pues deberán permanecer en recintos penitenciarios en lugar de ser trasladadas e internadas en recintos especializados para tratar a personas con enfermedades mentales. Esto es sumamente grave, ya que significa poner en riesgo a pacientes psiquiátricos en recintos que no tienen las condiciones para abordar adecuadamente su condición de salud y que pueden sufrir la vulneración de sus derechos”.

Finalmente, sostuvo que “me parece necesario dejar en claro que, para mejorar de manera sustancial la realidad que viven las personas con discapacidad psicosocial, se requiere de un compromiso real y serio por parte de la totalidad del Estado, destinando recursos materiales y humanos que garanticen realmente el acceso a justicia de estas personas. En este sentido, Chile tiene una deuda importante en esta materia: en la actualidad, más de un centenar de personas que presentan antecedentes de enfermedad mental severa esperan en recintos penitenciarios ordinarios que se libere un cupo-cama en recintos hospitalarios para que se les interne y para que sus facultades mentales sean evaluadas a fin de determinar su imputabilidad. Al interior de los recintos penitenciarios los pacientes psiquiátricos, además de no recibir el tratamiento adecuado, son constantemente atacados y agredidos físicamente, en algunos casos, de manera muy grave, con consecuencias tremendas, incluyendo ataques sexuales, suicidios y homicidios”.

La hermana y la madre de Gustavo ya están bien de sus heridas. En casa. De cierta forma, vivir con un esquizofrénico es esperar que tarde o temprano afloren alucinaciones que eventualmente pueden terminar en tragedia. Lo que nunca esperaron, dicen quienes los conocen, fue este final para Gustavo. Una herida que seguirá eternamente para esta familia.