Muertes a todo lujo: mausoleos de delincuentes y narcos se levantan en plazas y espacios públicos

De la noche a la mañana, la plaza pública Salvador Allende de la población José María Caro, en Lo Espejo, amaneció cercada con rejas y palos que impedían el paso de vecinos al lugar. Una imagen que Yasna (38) recuerda muy bien. “Mis hijos siempre se pasaban a la plaza o a la cancha a chutear un rato, pero un día no pudieron pasar. Me dijeron que habían muchos hombres y mujeres con pistolas que estaban construyendo un castillo y que no les permitían el acceso porque el sector ahora era de ellos”, rememora.

No pasó más de un día y Yasna logró evidenciar lo que sus hijos le comentaban. A solo unas cuadras de su casa un grupo de personas había instalado un mausoleo narco en memoria de Dieguito, hijo del jefe de “Los Marchant”, la banda más violenta de la zona sur de la Región Metropolitana y que a los 20 años murió acribillado en medio de un ajuste de cuentas territorial por el control de la venta de droga en 2020.

Sin embargo, este mausoleo -según comentan los propios vecinos- dista de ser sólo un lugar de recuerdo: fiestas, reuniones y grabaciones de videos musicales han tenido lugar en la plaza. Incluso con disparos al aire para avisar a las bandas rivales de no acercarse a su territorio. “El Castillo”, como es llamado por cercanos, es una estructura de 25 metros cuadrados, con luces, un perro de cerámica, un memorial con la foto de Dieguito y cámaras de vigilancia las 24 horas del día que son monitoreadas por cercanos al difunto.

“Lo que preocupa es que nadie puede acercarse, porque la tienen como un lugar santo de su soldado caído”, sostiene Yasna.

Pese a que en 2021 y 2022 la Brigada Antinarcóticos Sur de la PDI logró atrapar al grupo de “Los Marchant”, quienes recibieron penas entre los 12 y 15 años de prisión, hoy el espacio no ha logrado ser recuperado para una comunidad que aboga por seguridad para ellos y sus familias. Esto, ya que ”el Castillo” se ha convertido en una especie de tótem narco donde se trafican sustancias ilegales y nuevas bandas llegan a disputar el espacio de manera violenta. Todo, a plena luz del día.

“Este mausoleo ocupa una parte importante del espacio público, como una demostración de poder hacia otras bandas que pudiesen tratar de disputar ese territorio. Sabemos que este clan se dedica a traer droga y utilizan armas de fuego. Esto forma parte de la cultura de la ostentación tanto del dinero como del fuego”, explica el fiscal antinarcóticos y crimen organizado, Yans Escobar, quien además encarceló al clan.

Una realidad que desde el propio municipio conocen, pero que se ha vuelto complejo de manejar. En conversación con La Tercera PM la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, sostiene que como administración se les ha vuelto un problema grave tener este tipo de construcciones “con apología a la delincuencia en espacios enfocados a niños, niñas, jóvenes”. Esto, asegura, ya no sólo ha generado un problema en cuanto al uso que se le da a un bien nacional, sino que se ha transformado en un “tema de seguridad profundo, de poder de fuego y otras situaciones a las que funcionarios municipales no tienen cómo enfrentar. Por lo tanto, va más allá de las atribuciones de un municipio”.

Para el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la responsabilidad acá debería recaer en las autoridades encargadas del orden y seguridad: el Ministerio del Interior y la Delegación Presidencial. Estas, según el gore, “cuentan con las atribuciones de fuerza territorial y policial que un municipio no”. Y añade: “Hace un tiempo hablé con la delegada presidencial, me dijo que estaba al tanto del tema y que se estaba haciendo un plan para enfrentar el problema. Creo que es urgente que lo hagan porque los municipios no podrán solos”, recalca.

Esto, según detallan desde la alcaldía, ha sido una de las razones de por qué ha costado derribar la estructura, pues los trabajadores municipales se han expuesto a ataques, amenazas y represalias contra ellos o sus familiares. ”Queremos recuperar la vida de barrio, que las plazas y parques pertenezcan a las familias, y no tener lugares de conmemoración para la delincuencia”, cierra Reyes.

Durante el último mes, las balaceras producto de los narcofunerales se han tomado Santiago y la seguridad pública de distintos barrios. Así quedó en evidencia el pasado 23 de abril luego de que la comuna de Pedro Aguirre Cerda comunicara la suspensión de clases en cuatro establecimientos debido al desarrollo de un “funeral narco”, donde no había “garantía de seguridad para poder dictar las clases normalmente”.

En todo caso, esa excentricidad cultural narco no solo ha pegado fuerte en la zona sur de la Región Metropolitana. En noviembre de 2017 un allanamiento por parte de la PDI para desbaratar a la banda “Los Lobos” en el pasaje Los Chinchorros de la población Santa Julia, en Macul, dejó al descubierto una animita-altar que era visitada a diario por una treintena de personas que dejaban -a modo de ofrenda- carteras de alto valor, perfumes y relojes.

Se trataba de una imagen gigante de una joven llamada Reychel, quien era hija de uno de los miembros de la banda y que había fallecido en un accidente automovilístico en febrero de ese mismo año. La construcción contaba con un sistema de iluminación y vidriado que incluso había sido utilizada por delincuentes para grabar videos y sesiones de fotos. La animita no sólo llamó la atención de los efectivos de Carabineros, sino también del fiscal de la zona metropolitana oriente, Miguel Ángel Orellana. “La estructura mostraba el nivel de control del pasaje, pues estaba en el exterior, con carteras de lujo incluidas adentro y que nadie tocaba”, expresó el fiscal ese momento. Es más, durante el procedimiento de allanamiento, efectivos de la policía lograron incautar droga, más de $ 10 millones y autos de lujo.

“Esta es una situación que a nivel comuna genera la sensación de falta de Estado, preocupación, temor e inseguridad. Y nosotros como municipio tenemos complicaciones al momento de actuar. Una es que al ser estructuras que están en un espacio privado es complejo acceder a su demolición, pero sí eventualmente se podría generar una acción vinculada a la vulneración de la Ley de la Construcción y Ordenanzas comunales para intervenir”, expresa el alcalde de la comuna, Gonzalo Montoya (Ind.)

Tal procedimiento dio el pie de arranque para que el edil decidiera intervenir para remover la animita que durante esos años había convertido al sector en uno violento, donde las armas y la droga rondaban a plena luz del día. Así, pese a que los municipios cuentan con una limitada acción de control de orden del espacio público, en 2017 el alcalde impulsó un operativo en las casas que habían sido intervenidas por la fiscalía para recuperar los títulos de la propiedad e incorporarlos a control municipal.

“No fue un trabajo fácil, porque muchas de las casas no contaban con los estudios de título o papeles al día, porque gran parte de éstas habían sido adquiridas por tomas o de manera informal”, recalca Montoya. Con todo, el espacio desapareció. Pero hoy la comuna batalla con otros espacios de memoria de los narcos que atemorizan a la comunidad: uno, a las afueras del Estadio Monumental, y el otro, dentro de la plaza comunal.