Muertes violentas en cárceles se elevan 37% en un año y gobierno activa plan de intervención preventiva en penales

La mañana del 9 de diciembre fue de total revuelo en la cárcel de Concepción. En medio de las labores de desencierro de la población penal, gendarmes notaron que algo raro ocurría en el módulo 42 del recinto.

Cuando faltaban minutos para las 9.00 horas, funcionarios que recorrían los pasillos de dicho sector se percataron de que en la celda n° 21 yacía el cuerpo sin vida de un reo que había sido decapitado, presuntamente por quien era su compañero de encierro en el establecimiento, quien en medio de un brote sicótico lo atacó.

La conmoción fue absoluta y de inmediato gendarmes de la unidad transmitieron que nunca habían registrado un hecho de similares características. Por lo mismo, como dan cuenta desde el Ejecutivo, se activaron coordinaciones entre el Ministerio de Justicia y Gendarmería para hacer frente a la situación.

Y es que si bien las autoridades relevan que la proporción entre el número de agresiones con resultado de muerte y la población penal total ha ido a la baja en los últimos años, había que emprender medidas.

Se tenía como referencia, además, que los casos registrados en 2024 (48) eran un 37% más altos que los de 2023, cuando se contabilizaron 35, y un 65% más elevados que en 2022, cuando solo hubo 29 agresiones entre internos con resultado de muerte.

Así, con el objetivo de minimizar la ocurrencia de muertes por agresiones al interior de recintos penitenciarios, se construyó el Plan de Intervención Preventiva de Unidades Penales, el cual fue presentado durante la jornada de este viernes en un encuentro reservado que mantuvo el ministro Jaime Gajardo y autoridades de Gendarmería.

De acuerdo con antecedentes a los que La Tercera tuvo acceso, la iniciativa se viene trabajando desde fines de diciembre por instrucción del ministro Gajardo, y contempla la identificación de las unidades penales donde las agresiones con resultado de muerte son más recurrentes.

Porque si bien recalca que este tipo de casos se han mantenido estables en los últimos años, “pese al crecimiento sostenido de la población penal y a un cambio en el perfil de los internos -más refractarios y violentos -”, la situación se calificó como de “especial preocupación”. Así, se ordenó identificar aquellos factores que puedan incidir, y también elaborar estrategias acordes con la realidad de cada establecimiento.

Se ponderaron variables como perfil de los involucrados (compromiso delictual, tipo de delito, edad y comportamiento, entre otros), y factores como infraestructura, horario de la agresión y circunstancias en que se produjo.

Esto, aseguran conocedores de la estrategia, permitirá disponer de mayores insumos para la clasificación y segmentación de la población penal; la planificación de procedimientos de registro y allanamientos focalizados; una revisión del estado operativo del equipamiento del personal que interviene ante este tipo de situaciones; la eventual creación o fortalecimiento de los equipos de reacción primaria de cada establecimiento; desarrollo de análisis de inteligencia penitenciaria sobre eventuales conflictos, y la implementación de planes específicos de intervención psicosocial y oferta programática, entre otros.

Consultado respecto de la nueva estrategia, el ministro Jaime Gajardo manifestó que si bien el desafío es complejo, se tomarán las medidas que sean necesarias para enfrentar los casos.

“Hemos tomado la firme decisión de intervenir aquellos recintos penitenciarios donde se han producido más episodios de agresiones entre internos, con resultado de muerte, con el claro objetivo de minimizar su ocurrencia. Las unidades ya las tenemos identificadas, y para ello hemos instruido a Gendarmería para que conforme un equipo multidisciplinario, que en una primera fase nos entregue información sistematizada para encaminar esa intervención y luego aplicarla de manera focalizada en cada recinto, de acuerdo a sus propias características y particularidades”, manifestó a este medio el secretario de Estado.

La decisión, agregó, “junto con aumentar el control de Gendarmería respecto de los recintos penitenciarios y hacia la población penal, esperamos que se traduzca en una baja en las muertes”.

“Este es un desafío particularmente complejo y difícil si consideramos que la resolución de conflictos por la vía de la violencia es un elemento transversal de todo sistema penitenciario, así como la lógica con que los internos entienden las relaciones de poder. No obstante, debemos agotar todas las instancias para avanzar en ese objetivo”, complementó.