“No aplicó normas de género con la diputada Cariola”: ¿Qué dice la solicitud de remoción liderada por el PC y el FA en contra del fiscal Cooper?

Un total de 47 páginas tiene el escrito que presentaron diez parlamentarios del Partido Comunista y el Frente Amplio ante la Corte Suprema, para solicitar la remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. El requerimiento surge tras el allanamiento que encabezó el persecutor en contra de la expresidenta de la Cámara de Diputados Karol Cariola (PC) por presuntos delitos de tráfico de influencias en una arista descubierta en el caso Sierra Bella.

La solicitud de remoción, si bien había sido anunciada la semana pasada, su ingreso se concretó recién durante las últimas horas. El escrito, al que tuvo acceso La Tercera, lo firman las diputadas Carmen Hertz (PC), Lorena Pizarro (PC), Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Marta González (ind.), Javiera Morales (FA) y Gael Yeomans (FA); además de los diputados Luis Cuello (PC), Jaime Naranjo (PS), Roberto Celedón (FA) y Juan Santana (PS).

El requerimiento de los diputados oficialistas se basa -según argumentan- en que a su juicio el fiscal Cooper, a cargo de la causa Sierra Bella, había tenido un mal actuar, por lo que solicitan al máximo tribunal que lo saque de su cargo, acusando “negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones”.

Los parlamentarios apuntan a que el allanamiento al departamento de Cariola y todo lo que ocurrió después, como el que trascendieran sus chats personales con la exalcaldesa Irací Hassler, “dan cuenta de la gravedad que ocasiona el mal manejo de las investigaciones que sigue el Sr. Fiscal Cooper, que no se mide solo por los casos en particular que se invocan, sino que también por la afectación directa a la credibilidad de la institución del Ministerio Público”.

La arremetida judicial liderada por parlamentarios comunistas y del Frente Amplio se separa en dos grandes grupos de hechos que -según ellos- demostrarían la “negligencia manifiesta” de Cooper. El primero de ellos sería la “omisión en el cumplimiento de estándares jurídicos mínimos en la solicitud y ejecución de la diligencia” de allanamiento de Cariola el día de su parto, el 3 de marzo pasado.

En primer término, los diputados plantean que la solicitud de las medidas intrusivas se realizó basándose en un informe (el N° 487) que contenía “consideraciones erróneas y adolecer de graves omisiones, por lo que no se cumple con los estándares jurídicos mínimos requeridos para solicitar una medida de tal entidad”, apuntando también a que ese requerimiento fue “sin verificar la veracidad y exactitud de todos los elementos”.

En esa línea, agregan que no se informó al tribunal que la patente que habría gestionado Cariola con la alcaldesa para favorecer a un amigo chino, finalmente fue rechazada por el Concejo Municipal de Santiago con el voto de la propia Hassler. Además, afirman que la solicitud de Cooper induce a la confusión de personas mencionadas, ya que no todos son chinos. Esto último a un “amigo” de la expresidenta de la Cámara que la ayudó en el financiamiento de campañas pasadas y que es chileno, y no Emilio Yang, el empresario asiático en la mira de las pesquisas de la Fiscalía.

En el siguiente punto afirman que hubo una desproporcionalidad en el allanamiento, y que el persecutor sabía del embarazo de la diputada, pero que pese a aquello igualmente instruyó su realización. “Considerando que la resolución judicial que autorizó la diligencia es de fecha 28 de febrero, resulta evidente que el fiscal Cooper Monti tuvo la posibilidad de ejecutar la diligencia ese mismo día, siguiente o subsiguiente, máxime si se considera la especial urgencia que él mismo justificó y, pese a ello, no lo hizo”, agrega el requerimiento.

Por otro lado, también sostiene que “si se analiza el contenido del principio de objetividad, se evidencia la negligencia manifiesta en su aplicación por parte del fiscal Cooper, en la solicitud y ejecución de la medida, que forma parte del ejercicio de sus funciones”.

Otra de las acusaciones llevabas a la Suprema es que -según los diputados- Cooper “ignoró esos parámetros razonables y justificados en la restricción al ejercicio de derechos fundamentales consagrados a nivel nacional como internacional, lo que en definitiva implica no garantizar el respeto irrestricto a derechos fundamentales”.

En ese sentido, exponen que se vulneraron normas, en derecho, de un proceso racional, justo y el debido proceso, así como también normas internacionales para erradicar la violencia contra la mujer, como el Convenio Belém Do Pará o la Convención sobre Derechos del Niño.

Junto con eso, agregan que también se vulneraron normas de género en los procedimientos del Ministerio Público en contra de la diputada del PC. En ese sentido, acusan al fiscal Cooper de negligencia “por no aplicar diligentemente las normas de género exigibles en tales procedimientos”.

El segundo gran grupo de hechos que cuestionan los parlamentarios, y por los que piden la remoción del Ministerio Público del fiscal Cooper, es respecto a las vulneraciones en la reserva de la investigación que encabeza el persecutor.

Como primer punto, afirman y cuestionan que el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, accediera a información reservada de la causa, así como también de que se haya filtrado información de la investigación a los medios. Esto último, en relación a los chats de Cariola y Hassler donde critican al gobierno y al Presidente Gabriel Boric que fueron dados a conocer por La Tercera.

“Si bien no conocemos la fuente a través de la cual este medio obtuvo la información, es clara la falta absoluta de cuidado por parte del Sr. fiscal Cooper en evitar que el Informe N° 487 original (sin reservas) llegara a manos de la prensa”, afirman los diputados, quienes agregan que esto ha implicado una vulneración a los derechos de privacidad de Cariola y Hassler.

En esos mismos términos, sostienen que en esta causa, “se expresa en la falta de resguardo del Informe Policial N°4 87, es posible establecer que esto repercutió en que resultaron filtradas conversaciones privadas sin relevancia investigativa, pero que sí han causado un perjuicio a las involucradas, lo cual es de exclusiva responsabilidad del Sr. fiscal por no dar cumplimiento a las normativas que a continuación se citan”.

Junto con pedir que se acoja a trámite, los parlamentarios ofrecieron a la Corte Suprema -que ahora debe revisar su admisibilidad- los testimonios de la pareja de Cariola, el diputado Tomás de Rementería (PS), y de la exalcaldesa Irací Hassler.