"No es opción dejar Chile": DiDi, Cabify, Uber y Beat fijan posición ante próxima ley que los regulará

Las plataformas de transporte de pasajeros (Uber, Beat, DiDi y Cabify) están en estado de alerta. La discusión en el Congreso del proyecto de ley, que por primera vez regulará su operación en Chile, los mantiene preocupados y advierten que la normativa los obligará a subir sus precios y acortar el número de sus conductores. Es el sino de un negocio que -para algunos- la autoridad debe poner fin; mientras que para otros debe ser fomento ante un complejo año laboral.

En medio de este escenario, el pasado sábado, Uber anunció su salida de Colombia, acusando falta de apoyo por parte del gobierno. Ello luego de que Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitiera una orden de suspensión al considerar que la aplicación era un medio de transporte ilegal.

¿Podría la estadounidense también dejar Chile debido una regulación exigente? Nicolás Sánchez, Gerente de Asuntos Gubernamentales Uber respondió: "La situación es completamente diferente. El Gobierno de Chile asumió el compromiso de fomentar la tecnología al enviar este proyecto al Congreso para su discusión. Esperamos que los senadores reviertan las medidas negativas antes de su aprobación final en la sala. La situación aquí es distinta y aún quedan pasos pendientes antes de evaluar medidas de ese tipo".

Una vez que concluya el feriado legislativo, los parlamentarios continuarán la tramitación del proyecto de ley. El pasado miércoles la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado votó las indicaciones sobre la iniciativa. A la vuelta de las vacaciones, la discusión se trasladará a la Comisión de Hacienda y luego seguirá la votación en la sala. Según esa definición, podría pasar a comisión mixta.

Si bien aún faltan etapas en su tramitación, la iniciativa concita acuerdos bajo la idea de "igualar la cancha" entre taxistas, colectivos y aplicaciones móviles. Justamente entre las medidas que se pondrían en marcha destaca la exigencia a los conductores de licencia profesional (A-1), los cuales tendrán un máximo de dos vehículos por persona. Los automóviles tendrán una antigüedad máxima de tres años, aunque luego de un periodo de transición de entre cinco a seis años una vez que comience a regir la ley. Igualmente después de la puesta en marcha, el parque automotriz de Uber, DiDi, Beat y Cabify estará congelado por 18 meses. Y lo que es considerado más grave –para las plataformas– es que no existe un rechazo transversal de los parlamentarios a la regulación de tarifas.

El plan de las plataformas móviles apunta a flexibilizar la postura de los parlamentarios en las etapas de la discusión que vienen. Todas sin excepción apuestan por el diálogo. Hacen énfasis en el empleo que generan y las consecuencias que acarrearía una normativa muy exigente. En el caso de DiDi, por ejemplo, son 100 mil las personas que generan ingresos a través su plataforma y más de dos millones de personas se mueven a nivel nacional. El director de Asuntos Corporativos de la firma de capitales chinos, Felipe Simonsohn, explicó que "aún estamos a tiempo de promover cambios basados en evidencia y en datos por sobre los intereses de unos pocos".

"Somos partidarios de una discusión que ponga a la movilidad, a las ciudades y a las personas en el centro del debate. Un proceso que tome las buenas prácticas internacionales y las ponga a disposición de la política pública en beneficio de todos y todas. Sin embargo hemos notado una tendencia a legislar en favor de ciertos grupos de interés y no de la totalidad de quienes son parte de este ecosistema de las plataformas como DiDi", acotó el ex director de Regulación y Asuntos Corporativos de WOM.

"No nos vamos a ir", respondió DiDi Chile al ser consultado si abandonaría el país en caso de enfrentar una exigente legislación, como la que es discutida actualmente en el Senado.

De igual manera, Ignacio Gutiérrez, Country Manager de Cabify Chile aclaró que "para nosotros no es opción dejar de operar en Chile. Desde un comienzo hemos estado a favor de regular y cumplimos con alrededor del 70% de los artículos del proyecto de ley. Estamos legalmente constituidos en Chile, y en materia tributaria, pagamos nuestros impuestos en el país desde que llegamos en 2012, lo mismo ocurre con los socios conductores que antes de recibir el pago de sus servicios, deben entregar un documento tributario, ya sea boleta de honorarios o factura". Agregó que "la exigencia relacionada a la antigüedad de 3 años para los autos de plataformas, de mantenerse, podría dejar al menos un 40% de socios conductores sin poder entregar el servicio".

Por su parte, Paula Droguett, encargada de Asuntos Legales de Beat, respondió: "Si se promulga la ley de la forma en que se propuso por la comisión de transportes, creemos que la operación de Beat (y todos sus competidores) tendría que cambiar drásticamente. Considerando las restricciones que se imponen en el proyecto, las EAT (Empresas de Aplicaciones de Transporte) dejarían de entregar el servicio económico y transversal que hasta ahora existe, y se transformarían en un servicio de nicho, pues la baja demanda de conductores llevaría a una alza de tarifas y a la concentración de vehículos en las zonas más céntricas y con mayor poder adquisitivo de Chile, en detrimento de las zonas más vulnerables, y también de las ciudades más pequeñas".

Tal ha sido el celo regulatorio por parte de los senadores que, por ejemplo, el senador Juan Pablo Letelier (PS) buscó establecer una sanción a aquellos que contravengan la exigencia de que una persona natural posea un máximo de dos vehículos. "Hay personas que son extranjeros que han llegado y han comprado flotas de autos y lo que queremos evitar es que se chilenicen. Es decir, que busquen la quinta pata al gato para distorsionar el espíritu de la ley. Sé que una familia puede tener dos personas trabajando en el negocio. Está bien, pero no que usen a la señora, al hijo, al tío y a la guagua".

El senador Jorge Pizarro (DC), miembro al igual que Letelier de la Comisión de Transporte del Senado, cuestionó duramente a las aplicaciones móviles.

"El servicio que tienen es rentable, porque es ilegal. Parece que esta gente no se da cuenta que actúan en la ilegalidad e informalidad completa. El proyecto lo que busca es regular una actividad que es ilegal. En Chile a uno le puede parecer bien o no. Da lo mismo, la operación del transporte de pasajeros está entregada de manera regulada a determinados operadores bajo ciertas condiciones", sostuvo el senador.

"Al principio las plataformas comenzaron con automóviles de lujo, pero al avanzar siguieron con otro estándar y después de los dos meses te venden la pomada y la gente se cree el cuento de que la va a ir a buscar un Mercedes Benz y llega un auto chino, chico y con una pequeña cilindrada y no sabes qué norma de seguridad tiene o conductores que tienen nula experiencia. Contratan a muchos extranjeros sin tener los permisos correspondientes. Entonces, el negocio para ellos es re bueno", recalcó el parlamentario que también conforma la comisión de Hacienda del Senado.