“No hay suma de dinero que compense el dolor”: Campillai retruca al CDE y le exige no relativizar el daño causado por agentes del Estado

La senadora Fabiola Campillai fue enfática: no se puede relativizar el daño causado por parte de agentes del Estado en contra de manifestantes que salieron a la calle en el contexto del estallido social y resultaron heridos. Así lo dejó establecido en la réplica que hizo en tribunales al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que hace algunas semanas solicitó a la Corte de Apelaciones de San Miguel que la demanda civil presentada por la parlamentaria y su familia fuera rechazada. Esto, pese a que la integrante de la Cámara Alta sufrió la pérdida total de su vista, gusto y olfato a causa del impacto de una lacrimógena en su rostro cuando esperaba locomoción para ir a su trabajo el 26 de noviembre de 2019, en medio de protestas en la comuna de San Bernardo.

La abogada María Alejandra Arriaza, quien representa a esta víctima, hace presente que aún cuando el CDE actuó como querellante contra quien es sindicado como el autor de las lesiones que afectaron a Campillai, el ex sargento Patricio Maturana, sosteniendo que “la respuesta policial en algunos casos no se ajustó ha derecho”, recalcó que hoy el organismo que representa al Fisco estaría desconociendo aquello, por lo que insisten en que las sus argumentos deben ser desestimados. El abogado Marcelo Chandía Peña, procurador fiscal de San Miguel del CDE, controvirtió los hechos y montos que se sostienen en la demanda indemnizatoria en que la ex operaria de Carozzi pide en total más de $2.000 millones para ella y su familia.

“La violencia aplicada por diversos grupos de antisociales fue intensa y sostenidamente agresiva en muchos de los incidentes. En base a esa situación es que las instituciones policiales debieron activar todas las competencias y facultades entregadas por el ordenamiento jurídico para hacer frente a esta realidad”, es uno de los argumentos esgrimidos por el CDE y que la senadora pide que sean desestimados.

“Nos preocupa que el órgano que representa al Estado en la presente causa, pretenda dar un contexto, que busque justificar el actuar de sus agentes que en ejercicio de sus funciones han causado tanto daño a miles de pobladores y a sus familias, como es el caso de los demandantes (...) El contexto que sitúa la demandada es parcial y sesgado, desconoce el derecho a la manifestación y ha criminalizado la protesta social, a la vez que ha minimizado el proceso vivido en Chile”, asevera en la réplica a la que tuvo acceso La Tercera PM.

Por lo mismo, y en atención a los informes emitidos, por ejemplo, por Human Rights Watch (HRW) -que evidenció que la policía uniformado utilizó la fuerza de manera excesiva-, la abogada de Campillai hace hincapié en que “la demandante no es la única víctima de la violencia desplegada por agentes del Estado, en marzo de 2021 se contabilizaban más de 8000 víctimas de violencia estatal y más de 400 personas con lesión ocular, de acuerdo a cifras entregadas por el Ministerio Público y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ello no se debe desconocer, existe un deber del Estado de Chile de cumplir con su obligación de establecer la verdad, hacer justicia, reparar integralmente de acuerdo a los estándares internacionales y dar garantías de no repetición”.

Dado que el CDE estima que la explicación expuesta por la senadora para pedir una indemnización de 700 millones de pesos por el daño causado a su persona, y otros tantos cientos por los perjuicios a su familia, no estaría debidamente justificados, por no haber “invocado parámetros o referencias que permitan entender el monto”, la senadora apunta a que “no hay suma de dinero que supla o compense cabalmente el dolor y el daño que experimenta doña Fabiola Campillai Rojas, su proyecto vital y el de su familia cambió totalmente”. A eso agrega en el escrito que “nada hará que recupere los sentidos que le fueron arrebatados, ni vuelva a hacer muchas cosas de las que hacía con antelación a la agresión que sufrió”.

Considerando aquello, agrega que “nos parece que la suma solicitada se ajusta plenamente a derecho”, ya que es la víctima directa del daño. Antes de ese 26 de noviembre cuando se topó con un piquete de carabineros, dice la contestación, la entonces trabajadora de la empresa Carozzi era una mujer sana, deportista, voluntaria de Bomberos, y nunca había estado hospitalizada, lo que cambió diametralmente.

El impacto que recibió, complementa, “le causó estallido de ambos globos oculares, fractura del piso de ambas órbitas, de todos sus huesos nasales y la onda expansiva se prolongó hacia atrás y fracturó los huesos de la base del cráneo”. Desde ahí, se enfatiza, todo cambió: “Sufre de fuertes dolores de cabeza y fue privada de 3 sentidos, gusto, vista y olfato. En su rostro hay zonas que no tiene sensibilidad, como en la nariz y sobre la boca, sus dientes los siente templados, tampoco puede hacer movimientos bruscos, levantar peso, ni agacharse”.

A nivel afectivo, se describe en el documento, “prima un ánimo depresivo, altos montos de angustia, ansiedad, sudación, palpitaciones, dificultades para respirar, reacciones fóbicas, miedo y dificultades para dormir. Permanece en estado de alerta permanente cuando está en la vía pública por temor a ser nuevamente agredida por Carabineros”.

De esta forma, se recalca: “Si bien es cierto que resulta difícil estimar el daño moral pues, no existe suma de dinero que logre compensar ni satisfacer a la víctima directa de los hechos descritos, en el presente caso resulta aún más dificultoso, pues me atrevo a señalar que no existe un caso similar en nuestra jurisprudencia, que nos permita tener como antecedente en cual el daño moral revista tal entidad o que sea comparable a las consecuencias que padece doña Fabiola Campillai Rojas”.

En su contestación a la demanda, también, el CDE reclamó la supuesta improcedencia que revertiría una indemnización a la hermana de la senadora, Ana María Campillai, asegurando que existe una necesidad de establecer un límite a las reparaciones. “las cuales sólo podrían beneficiar al núcleo familiar más cercano: padres, hijos y cónyuge.

Sin embargo, en la réplica, la abogada Arriaza asevera que la hermana de Campillai “demanda por su daño propio”, haciendo presente que ella también sufrió una directa agresión el mismo día que Fabiola, “le lanzaron una bomba de humo a sus pies”, se afirma.

Asimismo, menciona que ella debió acompañar en todo momento a su hermana, dejando su trabajo y viendo acrecentadas las enfermedades de base que padecía. “La imagen de ver a su hermana con el rostro destrozado es algo que no puede olvidar, el temor que sintió al haber podido perder a su hermana menor le causa mucha angustia y pesadumbre. Muchas veces piensa que también pudo ser ella la que resultara lesionada físicamente (...) Desarrolló depresión y tres intentos de suicidio a contar de la agresión a su hermana”, se argumenta.