¿Por qué no prosperó el proceso constitucional de Bachelet?: Cuando se echó por la borda una Convención Constituyente

43 días después de dejar La Moneda, el 23 de abril de 2018, la exPresidenta Michelle Bachelet llegó hasta la casa central de la Universidad de Chile para participar de la presentación del informe "Un Año del Observatorio del Proceso Constituyente" de la Fundación RED.

En esa ocasión, y luego de haber ingresado un texto de "Nueva Constitución" al Congreso -cinco días antes de cumplir su segundo mandato- la exMandataria realizó una autocrítica del proceso constitucional que ella misma impulsó. "Tengo plena conciencia de que no logramos concluir a cabalidad el proceso constituyente, por varias razones. Había que crear las condiciones para que el proyecto fuera viable dentro de la correlación de las fuerzas existentes", lamentó Bachelet.

Ahí, la actual Alta Comisionada ONU para los Derechos Humanos aprovechó de valorar la etapa participativa de su proceso al definirlo como "sanador" y agregó que "esas ganas de pensar el país que queremos, esa energía social no puede perderse".

Hoy, en tanto, con el anuncio del gobierno del Presidente Sebastián Piñera de iniciar el debate para una nueva Constitución, son varios los que se preguntan qué pasó con el proceso anterior.

En los últimos días, el gobierno y la oposición se han abierto a negociar un mecanismo para crear una nueva Constitución, tras 24 días desde que se desató la crisis. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que ha sido el cabeza de serie para estas negociaciones desde La Moneda, dijo que el mecanismo elegido sería a través de un Congreso Constituyente.

Sin embargo, con gran parte de la oposición inclinados para que haya participación directa de la ciudadanía, la opción de una Convención Constituyente -el mismo nombre del mecanismo propuesto por Bachelet en 2018- podría ser el punto de encuentro para zanjar el debate constitucional.

Lo cierto es que Bachelet recibió varias críticas desde que anunció, en octubre de 2015 a través de cadena nacional, el proceso que buscaba una nueva Carta Fundamental para el país. La oposición de esos días, Chile Vamos, nunca estuvo de acuerdo con la idea de una nueva Constitución y menos en el camino elegido por el gobierno. Sin embargo, la derecha sí tuvo presencia en el Consejo Ciudadano de Observadores, la instancia creada para fiscalizar y garantizar la transparencia de la etapa participativa que se realizó entre el 23 de abril y el 6 de agosto de 2016 .

"El proceso participativo, los comentarios que hizo la ciudadanía, yo los he estudiado y he revisado las más de 30 experiencias participativas en procesos constituyentes y el producto que se generó con Bachelet es sin duda el material más importante en el mundo que dé cuenta de las opiniones de los ciudadanos sobre temas constitucionales. No hay otros materiales más relevantes que ese", comentó a La Tercera PM, Francisco Soto, abogado constitucional y exmiembro del Consejo Ciudadano de Observadores.

Sin embargo, los "problemas" del proceso de Bachelet llegaron tras la finalización de la etapa participativa. Según varios de los que participaron del proceso, creen que la sistematización de todos esos encuentros (consultas individuales, encuentros locales autoconvocados, cabildos regionales y provinciales) y que reunieron la participación de 204.402 personas, fue "lenta y compleja". Esto porque la sistematización llegó seis meses después de haber finalizado la instancia de participación.

Así lo reconoció, hace pocos días, uno de los encargados del Comité de Sistematización, Ignacio Irarrázaval, Director del Centro de Políticas Públicas UC, en entrevista con Radio Duna. "La sistematización es un tema bien complejo. Una cosa es sumar y restar cuando tienes una encuesta y hay opciones cuantitativas. Pero cuando hay un fundamento y cuando tú dices 'el primer valor es justicia' y en cada encuentro local se ponía una fundamentación de una frase, esa interpretación, cómo la registras, es un proceso de lectura bastante complejo", comentó.

A fines de octubre, luego de que la oposición reimpulsara el proceso constituyente de Bachelet en el Congreso fueron varios los abogados constitucionalistas que salieron a recordar qué había pasado entre el 2016 y 2018.

Los abogados Patricio Zapata y Gastón Gómez, ambos participantes del Consejo Ciudadano de Observadores, realizaron críticas al texto que envió Bachelet a cinco días de que dejara La Moneda.

"No tuve ninguna injerencia, así como ninguno de los demás miembros del consejo, en ese proyecto. Fue hecho en alguna oficina de La Moneda, de manera hermética y fue ingresada al Congreso cuando quedaban días de gobierno. Si hay que retomar algo con valor real es lo que las 200 mil personas nos dijeron y eso, afortunadamente, no se perdió", comentó Zapata a principios de noviembre a La Tercera Domingo.

Ex funcionarios del gobierno de Bachelet reconocen que esto último generó un duro debate con el Consejo y que varios de ellos querían tener influencia en el proyecto que finalmente se ingresó al Congreso.

"Lo correcto de la crítica es que fue hermético, la elaboración de la constitución. Me parece que es una crítica legítima, se debió haber abierto la discusión en 2017 de las bases, ir escuchando a actores políticos y sociales para llegar a cuál era este consenso. Lo que hace la Presidenta es recoger las bases, hay 90 prioridades desde las bases en el texto, ya sea nuevas cuestiones o algunas que estaban u otras que aparecieron también en las bases con otro sentido", comentó Tomás Jordán, uno de los encargados del gobierno de Bachelet del proceso constituyente.

Finalmente, el gobierno de Bachelet se demoró un poco más de un año en elaborar un nuevo texto constitucional, desde que se entregaron las bases ciudadanas hasta que se ingresó el proyecto en marzo de 2018. Ese proyecto incluye, entre otras cosas, un sistema de tutela de derechos, bajar la edad mínima para ser Presidente (de 40 a 35), eliminar los "quorum supramayoritarios" del Parlamento y cambios al Tribunal Constitucional.

"La Presidenta Bachelet mandó al final de su mandato un proyecto que quedó huérfano. Ese es el problema de los proyectos que se mandan al final de los periodos, sobre todo en un sistema tan presidencialista como el nuestro, que quedó huérfano y ninguna fuerza política se lo apropió todavía, todavía es tiempo, pero hasta ahora no se lo apropiaron debidamente. Tuvo que ver con el hecho de que los partidos políticos no se involucraron ni formaron parte del diseño de toda la metodología desde un principio", comentó Lucas Sierra, ex miembro del Consejo Ciudadano de Observadores.

Junto con ingresar el nuevo texto, Bachelet también presentó un proyecto para reformar el Capítulo XV de la Constitución para que así el Congreso pueda convocar a una Convención Constitucional para la elaboración de la nueva Carta Fundamental.

La idea de esa iniciativa era que el Congreso determinara quiénes iban a integrar esa Convención: si solo parlamentarios, una combinación entre congresistas y miembros elegidos por la ciudadanía, solo un comité de expertos constitucionales, etc.

"El Congreso definirá quiénes serán sus integrantes, la forma de elegirlos y nombrarlos, cómo se organizará, cuáles serán sus funciones y atribuciones. Es muy importante dejar en claro que la forma y composición que tome no está cerrada a ninguna alternativa", explicó Bachelet en 2018.

En tanto, ayer, en Radio Cooperativa, Zapata defendió el mecanismo mixto entre Congreso y Ciudadanía, valorando la legitimidad que tiene el actual Congreso. "Vamos a tener que suplementar esa legitimidad con nuevos convencionales. Estoy convencido de que tenemos que tener que tener una elección de aquí a un año para que agreguemos al equipo que va a hacer este proyecto otros 50, 30 ciudadanas y ciudadanos que no quieren ser diputados o senadores. Personas que no tienen vocación política (...) que estén disponibles para dedicar parte de su tiempo a hacer un proyecto de constitución y que después vuelvan a hacer su trabajo. Tememos que insertarle esa ciudadanía al proceso para que no sean solo parlamentarios. Pero no despreciemos la representación política", dijo.

Asimismo, el proyecto incluye un plebiscito ratificatorio para que la ciudadanía votara respecto al texto final que emergiera de la Convención. Lo mismo que hoy se propone desde el gobierno.