“No quiero ir al hospital, llévenme a mi ruco”: La versión de los carabineros imputados por el caso del ciudadano boliviano que falleció en Calama

La denuncia telefónica que realizó ante la PDI de Calama un guardia del Servicio Médico Legal (SML), fue el hecho que activó una investigación por parte del Ministerio Público y que tiene a dos uniformados en calidad de imputados, detenidos desde la noche de ayer, e investigados por su presunta responsabilidad en la muerte de Jaime Veizaga Sánchez, un ciudadano boliviano.

Hoy se llevó a cabo la audiencia de control de detención, pero la Fiscalía de Calama decidió no formalizar y solicitar al Juzgado de Garantía de esa comuna la ampliación de la detención.

Y pese a que aún el organismo no expone los hechos, La Tercera PM reconstruyó, con fuentes ligadas a la indagatoria, los antecedentes preliminares de los eventos ocurridos y que terminaron con un ciudadano boliviano fallecido en un sitio eriazo, ubicado al costado del edificio del SML de Calama.

Los hechos se desencadenaron a contar de las 13.00 del martes. Una vecina de Calama llamó al 133 de Carabineros denunciando que había una persona que estaba provocando molestias en la vía pública. La denunciante aseguró que el individuo estaba haciendo escándalo y otras acciones que perturbaban a los habitantes del lugar. Esa llamada quedó registrada en la Central de Comunicaciones de Carabineros.

De esa manera se activó un procedimiento policial en el que fue designado el cabo segundo de Carabineros, Andrés Navarro Pulgar, y el carabinero, Ilton Zambrano Marín. Ambos funcionarios activos de la dotación policial de la 1a Comisaría de la policía uniformada de Calama. Los dos efectivos acudieron hasta el lugar en el retén móvil identificado con el código 6959. Ellos son, hasta el momento, los únicos imputados del caso.

Al llegar al lugar se dieron cuenta de que la persona que estaba causando las molestias presentaba signos de haber sido golpeado. Los carabineros no sabían, en ese momento, el origen de esas lesiones y además notaron que el sujeto, presumiblemente, estaba bajo el efecto de alguna droga o sustancia alucinógena. Luego de hablar con él, lo subieron al auto policial. Una vez adentro, según declararon los imputados, la persona les habría manifestado que no quería que lo llevaran a un centro asistencial a constatar lesiones: “No quiero ir al hospital, llévenme a mi ruco”.

Por ruco, la víctima se refería a unas carpas emplazadas en un sitio eriazo al costado del SML, en el cual hay carpas donde vivirían personas en situación de calle. Según el testimonio de los imputados, procedieron a dejarlo en el lugar indicado.

Esa versión contrasta con la declaración de un testigo protegido de la causa, que sería uno de los guardias del SML. Este aseguró ante la fiscalía que los carabineros al bajarse del carro dejaron a la víctima en el suelo, en mal estado, y luego procedieron a golpearlo con unas botellas de agua. Sin embargo, de acreditarse esta versión, ninguno de esos golpes habría sido de tal magnitud como para causar alguna lesión mortal.

Luego de presenciar estos hechos, el testigo llamó a la PDI. Después de unos minutos, los detectives llegaron hasta el lugar. El fiscal del caso, Raúl Marabolí, relató en la audiencia de hoy que la persona estaba “en condiciones críticas” y que los funcionarios de la PDI no lo pudieron mover “por la gravedad” en la que se encontraba. Por eso llamaron al Samu de la ciudad, pero la ambulancia tardó mucho en llegar y la víctima falleció en la espera. Justo antes de su deceso, pudo identificarse con los detectives y les dijo que su nombre era Jaime Veizaga Sánchez, de nacionalidad boliviana.

El Ministerio Público solicitó la ampliación de la detención por el máximo de tiempo permitido, debido a que está a la espera de la autopsia de la víctima y del informe toxicológico. Ambos peritajes serán realizados por médicos de Antofagasta, ya que los funcionarios del SML de Calama son denunciantes en el caso.

Los resultados de esos informes serán fundamentales para determinar la calificación jurídica de los hechos ya que permitirán establecer las lesiones que tenía la víctima, la fecha en que se habrían cometido —ya que existe la posibilidad de que haya tenido golpes previos— y su causa de muerte. Sobre esto último, se espera dilucidar si había consumido droga y la relación que podría existir de esta eventual sustancia en su fallecimiento.

Según quienes están al tanto de la investigación, el escenario para los dos imputados no es fácil, ya que existe una alta probabilidad de que tengan responsabilidad penal en los hechos. Una de las que se baraja es que ambos sean formalizados por el delito de homicidio por omisión, una figura penal que se le imputa a personas que, por su función, están en posición de ser garantes. En este caso, dos funcionarios de Carabineros, en pleno procedimiento policial, que optaron por no llevar a una persona a constatar lesiones a un hospital, pese a evidenciarse un mal estado.

Con todo, la defensa de los imputados, representada en el abogado Hernán Díaz, ya adelantó que tienen “una teoría del caso distinta a la manifestada por el Ministerio Público”, la cual van a desarrollar en la próxima audiencia. Los dos uniformados imputados seguirán detenidos y, a solicitud de la defensa, estarán hasta la próxima audiencia en la 1a Comisaría de Calama.