No va más: el agónico y silencioso final de la mesa de seguridad de Tohá que se truncó por los indultos

El 21 de noviembre del 2022, la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue la anfitriona de lo que esperaba fuera la punta angular de un acuerdo transversal en materia de seguridad. En La Moneda, los representantes de todos los partidos políticos llegaron a la cita para escuchar a la secretaria de Estado, pero también para plantear cuáles eran sus pretensiones con esta iniciativa.

Así comenzó a gestionarse una instancia que incorporó más de diez reuniones, comisiones de trabajo, propuestas y contrapuestas, para lograr una salida conjunta a los problemas en materia de seguridad. Sin embargo, cuando Tohá buscaba sellar el acuerdo -con hasta dos reuniones diarias antes de cerrar el 2022-, vino la palada de tierra que sepultó las intenciones de la ministra del Interior: el indulto presidencial a los presos del estallido social, más el del exfrentista Jorge Mateluna. La oposición, de inmediato e indignados, se bajaron de la mesa.

Y aunque se intentó retomar el diálogo nunca más todos los representantes de los partidos volvieron a reunirse en La Moneda, por lo que el gobierno se vio obligado a ponerle fin a esta instancia, sin foto para la posteridad, ni menos la firma de un documento conjunto entre todos los sectores políticos frente a un tema que es preocupación transversal: cómo enfrentar los índices de delincuencia.

A pesar de las diversas gestiones que impulsó la ministra, el pacto no vio la luz, incluso con un intento frustrado por avanzar en las conversaciones solo con algunos representantes de la oposición, como el senador Manuel José Ossandón (RN) y el diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas. Sin embargo, tras sentarse a revisar en qué puntos podrían encontrar consenso, estos diálogos no llegaron a puerto. El buque en pos de un acuerdo en seguridad ya no tenía cómo avanzar.

En todo caso, en el Ejecutivo valoran, al menos, la instancia que se dio, ya que ahora La Moneda sabe qué proyectos de ley es necesario priorizar para el 2023, como por ejemplo tener una nueva la Ley Antiterrorista. Ante este escenario se enviarán modificaciones a este texto a mitad de año. Igual se reconoce que la intención que se tuvo en un inicio era otra y que el no llegar a un acuerdo transversal es un traspié. Se quiso dar una señal de unidad, pero, en privado desde el propio gobierno reconocen que los “timings” en el anuncio de los indultos truncó todo.

Desde el Ministerio del Interior explicaron a La Tercera PM que “se generaron acuerdos contundentes en los que el Ejecutivo avanzará decididamente tanto en materias normativas como legislativas. La oposición no se allanó a firmar los compromisos, pero ello no obsta a que el gobierno mantenga su hoja de ruta con el objetivo de fortalecer nuestra institucionalidad en materia de seguridad, que es lo que la ciudadanía espera. Esta definición no depende de retomar esa instancia, ya que los acuerdos allí abordados fueron efectivamente respaldados por todos los partidos con representación parlamentaria”.

Desde la oposición agrupada en Chile Vamos dicen que “la mesa de seguridad está muerta” y que no hay forma de volver a sentarse en ella. De todas maneras, aseguran que no han sido contactados por el gobierno para volver a la instancia, o participar de algún comité prelegislativo similar.

La estrategia en la oposición, dicen, será posicionar los temas de seguridad desde el Congreso Nacional, aprovechando que en la Cámara de Diputadas y Diputados la Comisión de Seguridad Ciudadano está en manos de ellos, ya que el presidente es el UDI Jorge Alessandri y tiene la facultad para poner los proyectos en tabla y apurar su tramitación.

“Ya no es solo la oposición o la derecha, son muchos los que perdieron la paciencia con el gobierno. Ahora tenemos los votos”, recalca Alessandri, aludiendo que en el tema de seguridad ahora han tenido consensos con otros sectores como el Socialismo Democrático y el centro.

De acuerdo a una minuta interna de la Comisión de Seguridad, se le busca dar avance a proyectos como el que aumenta las penas por delitos contra Carabineros, el que tipifica el delito de ingreso clandestino, el que habilita el uso de la fuerza a las policías estableciendo el principio de razonabilidad, el que fortalece el rol preventivo de las municipalidades, entre otros.

De todas maneras, en la oposición afirman que aquellos proyectos que promueva el gobierno que contribuyan a la seguridad los van a apoyar, pero en las iniciativas que sientan que tienen problemas les van a redactar indicaciones.

Otro exparticipante de la mesa de seguridad, el RN Andrés Longton, dice que una de las complicaciones serán aquellos proyectos que están en la Comisión de Constitución, la cual está en manos del oficialismo. Ahí hay proyectos relevantes como la Ley Antiterrorista. “Lo que estamos haciendo es mandar proyectos a la Comisión de Seguridad, en vez de a la de Constitución. Obviamente que es una pelea con el oficialismo que quiere tenerlos detenidos en Constitución”, dice.