No va más: gobierno se desiste de querellas por Ley de Seguridad del Estado en contra de camioneros que bloquearon rutas

Hasta las 16.00 horas del martes 26 de abril fue el plazo que la exministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, dio a los camioneros para desocupar las carreteras que en ese entonces estaban bloqueadas por gremios de los transportistas exigiendo, entre otras cosas, no más alzas en los precios de los combustibles y mayor seguridad en las rutas. Ante la negativa de finalizar los bloqueos, el Ejecutivo presentó querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) contra quienes resulten responsables de dichos bloqueos. Pero a casi cinco meses, el Ejecutivo, a través de las delegaciones presidenciales, desistió de la mayoría de esas acciones judiciales.

La Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado establece que quienes cometen delitos contra el orden público son aquellos que“inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes, y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública”.

Precisamente bajo esa legislación el Ministerio del Interior presentó nueve querellas por los bloqueos. De estas, el 29 de abril, dos fueron ingresadas en diferentes tribunales de Tarapacá, tres en Atacama y una cada una en Coquimbo, Maule, Los Lagos y Magallanes. Sin embargo, casi cinco meses después las delegaciones presidenciales ingresaron a los mismos tribunales solicitudes para desistirse de la acciones judiciales y consigo levantar las medidas cautelares que podrían existir en contra de los presuntos responsables, aunque ninguna de estas causas tenía hasta ahora imputados y no habían avances, al menos, ante la justicia.

“Como Ministerio del Interior y como gobierno de Chile queremos dar un plazo hasta las 16.00 de hoy para liberar las carreteras de nuestro país y permitir el libre tránsito, y recuperar la seguridad para las personas”, fue parte del ultimátum que dio la otrora ministra -y que después fue ratificado por el Presidente Gabriel Boric- en contra de la movilización de camioneros que surgió luego del ataque armado que sufrió Ciro Palma Toro (35) en la comuna de Ercilla en la Región de La Araucanía.

A pesar del “ultimátum” de Siches, los camioneros que ocupaban diferentes rutas hicieron caso omiso de la advertencia del Gobierno manteniendo los cortes en los tramos de la Ruta 5 en las regiones de Antofagasta, Curicó y La Araucanía. A raíz de aquello, el Ministerio del Interior comenzó a preparar las querellas en contra quienes resultaran responsables de las manifestaciones, precisamente bajo LSE.

La mayoría de las delegaciones ingresó la solicitud de desistimiento el 13 de septiembre pasado, y en el caso, por ejemplo, de Tarapacá este martes el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte acogió el requerimiento y dicha querella finalmente fue desestimada. Pero no es lo único que ha terminado esas querellas, en la misma región, el 15 de septiembre el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Alto Hospicio el cierre de la causa por no tener antecedentes para fundar una acusación. Este mismo martes el tribunal fijó para el 9 de noviembre la audiencia que revisará dicha petición de no perseverar y consigo cerrar la causa.

En la Región de Atacama, de las tres querellas presentadas, sólo en una de ellas la fiscalía solicitó no perseverar, el resto fueron desestimadas por la delegación. En la primera de estas, presentada en el Juzgado de Calama, en el tribunal este martes se realizó la audiencia que finalmente archivó la causa y consigo se cerró la investigación. Las otras dos querellas presentadas en esa región, fueron desistidas por la delegación en una solicitud ingresada el 14 de septiembre.

Un día antes, las delegaciones presidenciales de Los Lagos y Magallanes hicieron lo mismo, solicitudes que también fueron aceptadas por los respectivos tribunales y consigo desestimadas la arremetida inicial del Ejecutivo en Puerto Montt y Punta Arenas.

Consultado el gobierno por las razones de esas acciones desde la subsecretaría del Interior se señaló que “el desestimiento de las querellas varias meses después de presentadas responde al trabajo que durante todo este tiempo se ha mantenido con los camioneros, lo que ha permitido lograr acuerdos en materia de seguridad y orden público”.

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga (CNTC), cree que nunca hubo mérito para presentar estas querellas, ya que a su juicio durante dichas manifestaciones no se cortaron las rutas, sino que se “estrangularon” con el fin de pedir la compresión del resto de los camioneros: “yo puedo decir que nunca hubo mérito para aplicar ninguna Ley de Seguridad del Seguridad del Estado respecto de los camioneros de Chile”.

Sobre el retiro de las acciones judiciales, afirma que si “el Gobierno ha estimado necesario retirar alguna posible querella me parece que está dentro de lo que tiene que hacer un Gobierno que entiende que nuestro actuar gremial está en la línea de pedir lo correcto, que se restablezca el estado de derecho en la nación”.

“La verdad es que a mí me gustaría más que el Gobierno se afanara en sacar adelante la agenda de seguridad, una nueva ley de inteligencia, antiterrorista, por el robo de madera, contra el crimen organizado y las organizaciones criminales que están actuando en el país, eso es una noticia que nosotros la valoramos mucho más que haber desistido de una querella que no tenía ningún ni mérito”, concluye el líder de la CNTC.