Nombramiento de supremos tensiona al Senado ante arremetida de la UDI para amarrar designación de Dorothy Pérez como contralora

Momentos de suspenso se viven en el Senado ante el tren de votaciones que debe realizar esta semana para ratificar a tres candidatos a la Corte Suprema, propuestos por el Presidente Gabriel Boric.

Se trata de las juezas de la Corte de Apelaciones de Santiago Jéssica González y Mireya López, propuestas como ministras del máximo tribunal, y del magistrado de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt Jorge Pizarro, quien postula al cargo de fiscal judicial de la Suprema.

Originalmente existía un acuerdo de palabra para realizar las votaciones este martes, pero en vista de las tensiones que han provocado las negociaciones entre el gobierno y las bancadas, los jefes de comité -en la reunión de este lunes- acordaron darse 24 horas más para votar estas nominaciones, “inicialmente el miércoles”.

El cambio de fecha no fue una discusión fácil. Incluso, el comité socialista se opuso a que se votara el miércoles en vez del martes.

Actualmente está corriendo un plazo impuesto por el gobierno para que estas proposiciones se resuelvan antes del 4 de octubre. En caso de que la Cámara Alta no se pronuncie antes del fin de semana, las tres propuestas se aprobarían automáticamente, salvo que el Ejecutivo retirase la urgencia prevista en la Constitución, medida que ya adoptó el pasado 4 de septiembre.

Sin embargo, ante el proceso en marcha de tres acusaciones contra tres supremos (Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Jean Pierre Matus) y el expediente de remoción que está tramitando el máximo tribunal contra la misma Vivanco en el marco del caso Audio, ya no queda margen para seguir dilatando estas votaciones. De hecho, en el gobierno hay preocupación de que la falta de ministros titulares de la Suprema comience a dañar el normal funcionamiento del Poder Judicial, lo que se podría agravar si se confirma la destitución de al menos tres altos magistrados.

Si bien los tres jueces que aspiran a la Corte Suprema ya tienen el visto bueno preliminar del oficialismo y de fuerzas opositoras como RN y Evópoli, el cuadro se enredó para los negociadores del gobierno, los ministros de Justicia, Luis Cordero, y de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), ante la arremetida de la bancada UDI para amarrar este proceso de designaciones en el Poder Judicial con el nombramiento de Dorothy Pérez como contralora general de la República. Hoy la subcontralora está ejerciendo el cargo en calidad de subrogante desde que Jorge Bermúdez dejó la institución administrativa a fines del año pasado.

No obstante, en las habituales conversaciones de coordinación que se realizan los lunes en el Senado, algunos senadores habrían planteado sus reparos de amarrar la votación de los supremos con el de la Contraloría, dada la apertura que existe en el oficialismo y en el mismo gobierno a ratificar a Pérez en el cargo.

De hecho, según alertan distintas fuentes, la UDI ya tenía un preacuerdo con el ministro Cordero para apoyar la nominación de los tres candidatos a supremos, a cambio de que el Ejecutivo enviase la proposición de Pérez esta semana.

En el Ejecutivo no niegan las conversaciones con la UDI y que efectivamente hay un avance respecto al nombre de Pérez para la Contraloría, pero recalcan que aún “no se ha tomado ninguna decisión”.

Senadores del PS, por su parte, admiten tener distancia ante una eventual nominación de la subcontralora, que es empujada esencialmente por agentes ligados al gremialismo.

Uno de los argumentos que pesan en el oficialismo y la DC para poner pausa a una eventual proposición de Pérez es que el actual escenario ha cambiado para la UDI, en vista del problema judicial en el que se encuentra el exministro Andrés Chadwick (UDI), quien sale mencionado en los chats y en las redes de influencias del abogado penalista Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva.

Por lo tanto, si se considera que de las tres cartas a la Suprema solo una de ellas, la jueza González, es afín al ideario de la centroizquierda, al ceder el cupo de Contraloría a la UDI solo se acentuaría un desequilibrio institucional en favor de la derecha.

Sin embargo, desde el gremialismo plantean que el problema es otro, ya que Pérez es el único nombre que tiene los votos para llegar a dirigir el organismo contralor.

A juicio del senador David Sandoval (UDI), la nominación de la futura cabeza del organismo fiscalizador no puede seguir postergándose. “La resolución de quien será contralor o contralora es una prioridad. Es una falta inexcusable postergar la decisión que se requiere con urgencia”, dijo.

En este clima de suspenso respecto del comportamiento que tendrán la UDI y la derecha, en general, a la hora de votar las proposiciones para integrar la Suprema -que requieren del voto favorable de 33 senadores-, los comités resolvieron votar en primer lugar del miércoles, entre las 15 y 20 horas, el oficio del juez Pizarro, quien es promovido por senadores de RN, pero cuenta con apoyo transversal. De hecho, fue el único de los tres postulantes que logró la recomendación unánime de los senadores que conforman la Comisión de Constitución: Alfonso de Urresti (PS), Claudia Pascual (PC), Luz Ebensperger (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Pedro Araya (PPD).

Luego será el punto más delicado de la jornada: la votación, en segundo lugar, de la proposición de la jueza González, que es respaldada por el PS y las bancadas de izquierda y centroizquierda. Su problema es que su nombre es resistido por la UDI, debido al papel que jugó ella en el caso Corpesca. Si bien el gremialismo no tiene la fuerza suficiente para derribar su nombramiento, puede arrastrar a otros senadores de oposición a desmarcarse. De ahí que era interesante para el gobierno afianzar los votos UDI a cambio de nombrar a Pérez en la Contraloría.

El problema es que si la magistrada González no reúne los 33 votos necesarios, el oficialismo en represalia rechazaría la propuesta de la jueza López, que se votaría en tercer lugar. Ello obligaría a reiniciar el proceso de postulación desde el propio Poder Judicial.

El senador Rojo Edwards (PSC) fustigó al gobierno por apurar estos nombramientos. “No hemos tenido la oportunidad de conocerlos (a los postulantes) y se nos obliga a votar con un sistema de nombramientos cuestionado”, dijo.