Nueva licitación del gobierno eleva a $400 millones el gasto para la campaña electoral de octubre

El gobierno del Presidente Gabriel Boric ya tiene listo su diseño para afrontar las próximas elecciones del 26 y 27 de octubre, donde se elegirán nuevos gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales. Para este fin, el Ejecutivo se dispuso a gastar, al menos, un total de $400 millones, que se dividirán en dos licitaciones.

El contrato del último proceso licitatorio lleva por nombre “Plan de medios de la campaña comunicacional vinculada a las elecciones regionales y municipales 2024″ y se subió a la página de Mercado Público este martes. El costo destinado para esto llega a los $150 millones, que serán pagados por el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, que lidera Camila Vallejo.

La idea de esta licitación es seleccionar a los medios de comunicación por los que el gobierno difundirá información sobre las próximas elecciones de octubre, que marcarán un hito al ser con voto obligatorio y al incluir cuatro papeletas diferentes.

Dentro de la Segegob, el organismo encargado de estudiar el contrato es la Secretaría de Comunicaciones (Secom), que lidera Pablo Paredes (FA). De hecho, tres de sus integrantes serán los encargados de la comisión evaluadora de la licitación; María Luz Pincheira, coordinadora de medios de marketing del equipo y contraparte técnica del contrato; Javiera Toledo, coordinadora general de la Secom, y Carolina Peña, coordinadora de marketing de la Secom.

En Palacio estiman que la campaña se extienda entre el 11 y 26 de octubre y que un 40% de la licitación se destine exclusivamente a medios regionales, “con clara identificación local”.

Al mismo tiempo, se da cuenta de que el público objetivo principal es el “padrón electoral completo”, mientras que el secundario serán los “votantes por primera vez y público no digitalizado”.

Otras ideas que emanan del documento de la Segegob es que el objetivo de la campaña será “promover y motivar la participación de la ciudadanía de manera informada”.

La licitación por el plan de medios del gobierno se sumó así a la primera oferta gubernamental para desplegar la cruzada por las elecciones de octubre. La primera, como informó La Tercera, fue por $150 millones, para el ítem de campaña informativa, es decir, la realización de los contenidos de la propaganda. Esta se publicó el 28 de agosto y cerrará el próximo 23 de septiembre.

Allí se solicitó que haya una “representación de la realidad nacional” en la campaña que se vaya a desplegar por los comicios. En el mismo apartado también se pide que la cruzada sea con “enfoque de género, respetando las diversidades, étnicas y sexuales” y con “inclusión de personas en situación de discapacidad, siempre que sea pertinente para la campaña”.

Para la campaña informativa por $150 millones el gobierno ya abrió las puertas de La Moneda para sostener una reunión informativa con las agencias de comunicación que estén interesadas en participar.

La cita se realizó el pasado 3 de septiembre y asistieron Nicolás Garay, de la agencia “Carcavilla”; Magdalena Rivadeneira, de “Felicidad”; Tamara Muñoz, de “La Familia”; Alfredo Martínez, de “Fri”; Felipe Díaz, de “Modo”; María José Villalobos, de “Somos Berlín”, y Daniela Bustamante, de “BBDO”.

Al igual que lo ha hecho en los últimos procesos electorales, además de campañas comunicacionales, el gobierno de Boric tendrá que apegarse a la resolución que entregó la Contraloría para los períodos de campaña, donde se indicó que las autoridades y funcionarios, al menos en horario laboral, tendrán que mantener un rol prescindente.

Esto quiere decir que no se podrán realizar apoyos a candidatos políticos que compitan en los comicios de octubre. Tampoco se podrán usar fondos públicos para actividades de campaña y -cada vez que una autoridad encabece una actividad con platas del gobierno- se tendrá que invitar a personeros de todos los sectores políticos.

El dictamen del órgano contralor libera, en todo caso, a los personeros del Ejecutivo para entregar respaldos a candidatos, pero fuera de horario laboral. El documento de Contraloría fue enviado nuevamente durante la semana pasada a los funcionarios de La Moneda, para reforzar los lineamientos expresados por la entidad que hoy lidera, bajo subrogancia, la contralora Dorothy Pérez.

Allí, por ejemplo, también se indicó que los cargos públicos “que sirven autoridades, jefaturas y funcionarios deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad”.

Sin embargo, en La Moneda explican que la intención es no incidir en la campaña, ni dentro ni fuera del horario laboral, ya que la apuesta es dedicarse solo a gobernar. Con ello, la administración Boric, dicen las mismas fuentes, lograría evitar flancos políticos innecesarios.