"Nunca agredí y no causé daños": La declaración de Juan Bilbao por disputa de tierras en ex Fundo Pelarco

El autoexilio del ex presidente del Banco Consorcio, Juan Cruz Domingo Bilbao Hormaeche (60) en su campo de San Rafael (ex Fundo Pelarco), Región del Maule, no ha sido tan placentero.

El ejecutivo, que durante décadas fue uno de los más exitosos de Sanhattan, enfrentó dos querellas por usurpación de tierras, daños y amenazas, que obligaron al Ministerio Público y a la Policía de Investigaciones a iniciar una serie de diligencias. Las últimas fueron a fines de mayo del presente año, cuando personal de la PDI tomó declaraciones a vecinos del ex ejecutivo bancario.

Según la acción penal presentada por el agricultor Alejandro Díaz Ávila (64), todo comenzó el 1 de diciembre de 2017, cuando un grupo de personas -que habrían operado bajo las órdenes de Bilbao- ingresó a su propiedad con maquinarias, cortó cercos y arrancó árboles, cuantificando los perjuicios en $1.000.000. Horas más tarde de ese mismo día, según Díaz, Bilbao "me señala de manera violenta y muy alterado con groserías, que me iba a sacar por la fuerza y emplearía todos los medios a fin de recuperar esa franja de propiedad".

La Tercera PM accedió a la declaración que de manera voluntaria prestó Juan Bilbao el pasado 15 de marzo de 2018, en el Cuartel N° 2 de la PDI en Talca. Esta consta en la carpeta de investigación de la fiscal Loreto Escobar Silva. Ante el inspector y subinspector Jimmy Bravo e Iván Opazo, respectivamente, Bilbao relató una versión muy distinta de los hechos denunciados.

"Dejo en claro que nunca agredí a esta persona, como tampoco causé daños en su propiedad, producto que en todo momento transitaban mis maquinarias por mi parcela", sostuvo el ejecutivo, argumentando que "mantengo en mi poder el título de dominio, el que lo puedo poner a disposición como medio de prueba".

En su declaración, que se extendió por casi una hora, el ejecutivo afirmó que "cuando fui a visitar mis terrenos, mis maquinarias que se encontraban trabajando hace más de 30 días se encontraban paradas, producto de que un señor hasta el momento de nombre desconocido, les había dicho que ese terreno era de su propiedad, producto de lo anterior mis trabajadores dejaron de realizar sus labores, dejando de trabajar en ese sector hasta el día de hoy, cuando averigüé con los vecinos del sector, quiénes eran los dueños de los terrenos que colinda junto a mi parcela".

Ese día, según Bilbao, tomó contacto con su vecino José Arenas Amigo, quien colinda con su parcela y a quien mencionó que era dueño del territorio, mostrándole su título de dominio. "De igual forma que me mostrara uno el de dicho territorio, dándole tiempo para que lo buscara", dijo. Junto a él, Bilbao acudió a ver a otro vecino de nombre Alejandro Díaz Ávila, quien había paralizado las maquinarias.

"Le hice el mismo planteamiento que a Arenas, del que me trajo un documento que no recuerdo cuál era, al que le dije que ese no era el indicado, manifestándole que se tomara un tiempo y fuera al conservador de bienes raíces y consiguiera el documento adecuado. Seguidamente Díaz comenzó a insultarme, diciéndome garabatos, los cuales no recuerdo, sólo haciendo mención que me dijo que yo me robaba los papeles y que los adulteraba", advirtió Bilbao en su declaración.

El pasado jueves después de más de un año de investigación, la fiscal adjunta de Talca, Loreto Escobar Silva resolvió poner fin a la indagatoria, cuestión que los querellantes de Bilbao pedirán reevaluar.

Carolina Araya, abogada defensora del ejecutivo explicó que "este es tema civil y aquí no ha habido ningún tipo de usurpación de tierras. Alejandro Díaz por Bienes Nacionales regularizó un sector que tenía otro dueño y a otra persona a la cual Juan Bilbao le compró en 2011. Hay dos títulos formalmente vigentes, uno de Yelcho Inmobiliaria de la cual Juan Bilbao es uno de los socios, en virtud del cual es dueña legal del terreno, y otro de Alejandro Díaz, cuyo título también expresa lo mismo".

"Según la fiscalía, la usurpación de tierras, aguas y el corte de árboles no constituyen delito. Así de simple y sencillo. Voy a apelar mañana para que al menos reevalúen el cierre de la causa. Esta es la segunda querella que es archivada por la fiscalía. La primera correspondió a otro vecino, Luis Rodríguez, quien había regularizado por Bienes Nacionales y tenía menos de un año de posesión del terreno. A diferencia de él, don Alejandro lleva más de 10 años viviendo en su terreno", sostuvo Rubén Rojas, abogado querellante y representante legal del agricultor Alejandro Díaz.

Pero la disputa de tierras en Pelarco no es el mayor conflicto que enfrenta Bilbao en la justicia. Ante el 30º Juzgado Civil de Santiago, el ejecutivo emprendió una cruzada para revocar la multa de 90.000 UF que le aplicó la Superintendencia de Valores y Seguros –hoy Comisión para el Mercado Financiero (CMF)– por entrega de información falsa al mercado y uso de información privilegiada con el título de la sociedad anónima CFR Pharmaceuticals (CFR), mientras se desempeñaba como director de la compañía en 2014.

A inicios de abril, la defensa de Bilbao, liderada por el abogado Cristóbal Eyzaguirre, socio de Claro & Cía., presentó un extenso libelo de 168 páginas de observaciones a la prueba. La última arremetida de sus abogados ocurrió a fines de dicho mes, cuando buscaban que la CMF revelara los documentos que dan cuenta de "cualquier modelo, esquema o borrador de requerimiento de información". Ello de acuerdo a, por ejemplo, una Oferta Pública de Acciones, adquisición de acciones, toma de control, fusión, división, reestructuración empresarial y otra operación relevante que involucre al respectivo emisor.

La relevancia de dicha petición radica en que la SVS sancionó a Bilbao por haber entregado información falsa a esa superintendencia en el contexto de una OPA, en respuesta al Oficio Reservado N° 403 de 19 de mayo de 2014, mediante el cual se le solicitó información a CFR Pharmaceuticals S.A. ("CFR"). "La falsedad radicaría en no haberse informado trusts de los que el señor Bilbao era beneficiario. Sin embargo, aquel oficio no solicitó a los directores de CFR entregar información sobre aquello", sostuvo el último escrito ingresado a la causa.