La orden de investigar se despachó en julio de este año. El remitente era la Fiscalía Regional del Biobío y el destinatario la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Metropolitana de la PDI. La solicitud del Ministerio Público implicaba empezar a indagar a una doctora de Concepción de la que, en esa fecha, existían sospechas de que estaba defraudando a Fonasa en miles de millones de pesos.

El encargo a la Brilac era puntual. Se les estaba pidiendo que se investigara las posibles maniobras de ocultamiento que podrían ser constitutivas de lavado de activos, dado los montos involucrados, y lograr establecer cuál era el origen de los fondos.

El resultado llegó cinco meses después. Hace una semana, la PDI detuvo a la médica de Concepción Paulina Carrasco Godoy (36) y a su hermano, odontólogo de La Serena, David Carrasco Godoy (38), por fraude de subvenciones y lavado de activos. La fiscalía los formalizó al día siguiente en el Juzgado de Garantía de Concepción y hoy ambos están en prisión preventiva.

Al momento de su detención, la PDI y la fiscalía cuantificaron que el fraude fue de $ 5.105.732.170. De todo ese monto, se logró retener $ 4.056.667.595 y otros US$ 10.000, recuperando cerca del 85% del dinero defraudado.

El sistema para defraudar

¿Cómo fue que una doctora de Concepción logró en menos de un año defraudar en más de $ 5.100 millones a Fonasa?

Carrasco, según la imputación de la fiscalía, logró encontrar una vulnerabilidad en el sistema de venta de bonos de atención de salud, a través de la plataforma web “Front Prestadores”. Este sitio se habilitó para los profesionales que deciden otorgar prestaciones médicas a los beneficiarios de Fonasa que están en la modalidad de “libre elección”. Es por medio de esta plataforma en que el prestador puede emitir y vender bonos, ingresando el rut del paciente y el código de la prestación que se va a vender.

El jefe de la Brilac Metropolitana, comisario Johnny Fica, explica a La Tercera PM que “lo que hacía ella de manera remota, aprovechándose de que es un sistema en línea, era ingresar el rut de terceras personas y simular atenciones. En muchas de las atenciones se ingresaba a ella misma y eso el sistema no lo detectaba. Por lo tanto, Fonasa emitía los pagos y le retribuía los dineros”.

El policía relata que la facultativa utilizó 66 ruts distintos y que entre enero y julio emitió alrededor de 21.460 bonos por 1.631.000 prestaciones presuntamente fraudulentas, es decir, casi 203 mil bonos por día.

De todas esas operaciones, 7.240 bonos, equivalentes a 71.310 operaciones, fueron hechas a ella misma siendo beneficiaria y prestadora a la vez.

El ocultamiento

El comisario Fica detalla que en los cinco meses que se estuvo investigando se logró detectar que la doctora le abrió una cuenta corriente a sus dos hijos. Lo mismo hizo para ella. Por este motivo destinó $ 300 millones.También compró nueve autos del año, de los cuales uno se lo traspasó a su hermano. Además compró un camión de carga, con el objetivo de iniciar un negocio con este. Esa operación implicó cerca de $ 250 millones, todo pagado al contado.

Respecto del rol del hermano, que solo está imputado por lavado, los investigadores tienen antecedentes que demostrarían que siempre estuvo al tanto de toda esta operación. “Junto con la fiscalía llegamos al convencimiento de que el hermano estaba en pleno conocimiento del origen de los fondos, porque parte de ellos fueron a parar a él y por lo tanto fue un elemento importante para establecer la responsabilidad en la maniobra del lavado”, dice Fica.

A todo eso se suman giros en efectivo por $ 197 millones, operaciones de cambio en dólares por US$ 10.000, ocho operaciones para comprar propiedades. Entre ellas, la construcción de una casa de $ 400 millones y una parcela a las afueras de Chillán.

El lavado del dinero no solo se quedó en Chile. “Logramos identificar operaciones en plataformas virtuales de inversiones que ni siquiera operan en Chile, no están constituidas ni reguladas por la ley chilena. Una de ellas fue en México”, afirma el jefe de la Brilac Metropolitana.

El comisario destaca la rapidez con la que, junto con la fiscalía, se logró detectar las operaciones financieras y bancarias para así congelar los bienes y solicitar las medidas precautorias correspondientes: “Eso nos permitió poder recuperar el 85% del dinero defraudado. Eso es muy relevante, sin perjuicio de que continuamos con las diligencias para establecer dónde están el resto de los recursos, sabiendo que hay fondos que ya se gastaron y que no se podrán recuperar”. Luego de la formalización, el tribunal decretó un plazo de investigación de seis meses.