Oficio pone en jaque a Hassler: alcaldesa posee celular institucional, pese a que dijo a la PDI que no tenía en incautación por Sierra Bella

El 18 de abril pasado un equipo de efectivos de la Brigada Anticorrupción de la PDI irrumpió en las dependencias de la Municipalidad de Santiago. Buscaban los diferentes elementos tecnológicos de la alcaldesa Irací Hassler (PC) y de sus colaboradores cercanos con miras a obtener mayores antecedentes respecto de la objetada compra de la ex Clínica Sierra Bella a la Inmobiliaria San Valentino que hoy está en la mira de la Fiscalía Centro Norte. Se obtuvo la entrega voluntaria de computadores y de otros objetos, aunque la jefa comunal se negó a entregar su teléfono celular, lo que llamó la atención de los investigadores.

En ese momento, de acuerdo con conocedores de la diligencia, Hassler argumentó que no correspondía entregarlo porque se trataba de un equipo personal y no un aparato institucional.

Sin embargo, como revela un oficio al cual tuvo acceso La Tercera PM y que está firmado por el director subrogante de Asesoría Jurídica, el abogado Aldo Tortorolo, la alcaldesa, al igual que el administrador municipal y algunos directores de departamentos, sí cuenta con un celular institucional.

Como se describe en el escrito de 17 páginas, “la compañía que provee el servicio es la empresa Claro” y hay una serie de modelos que se utilizan, entre ellos Galaxy S20 Plus e Iphone 12.

La respuesta del municipio, como se sostiene en el documento, se enmarca en una solicitud de información que recibieron el mismo día en que se desarrolló la diligencia dispuesta por el fiscal a cargo de la causa, Patricio Cooper. Y en la misma, además, se adjuntaron las facturas de los servicios contratados, las cuales dan cuenta de que mensualmente se pagan $ 2.553.403 por las líneas.

Consultados al respecto, fuentes del municipio indicaron que si bien la alcaldesa tiene un teléfono fiscal asignado, no lo usa y, por lo mismo, estimó que no era necesario entregarlo a los efectivos policiales.

Frente a los antecedentes, los diputados de Partido Republicano que se querellaron por presunto fraude, Juan Eduardo Irarrázaval y Johannes Kaiser, fueron tajantes en que la jefa comunal habría “faltado a la verdad”.

“Hace sólo una semana, la Fiscalía fue a incautar los computadores y celulares de los funcionarios de la Municipalidad de Santiago involucrados en el caso Sierra Bella y la alcaldesa Hassler se habría negado a entregar su celular porque era personal y no institucional. Pero resulta que ahora sabemos que faltó a la verdad, porque sí tiene un celular institucional, pagado con recursos públicos y no se le entregó a la Fiscalía, en un claro intento por obstruir la investigación y ocultar información a esta investigación”, comentó Irarrázaval.

En el mismo sentido, Kaiser indicó: “La alcaldesa es un peligro para el éxito de esta investigación y debe ser formalizada cuanto antes. Una funcionaria pública que se niega entregar su celular institucional está claramente ocultando algo y debe ser investigada a fondo. ¿Cuántos mensajes habrá borrado en esta semana para ocultar su participación en los hechos?”.

Mientras los querellantes presionarán para que los equipos de la PDI puedan periciar el celular de Hassler, la jornada de este jueves el dueño de Inmobiliaria San Valentino, Felipe Sánchez, propietaria de la exclínica entregará su versión de lo ocurrido ante los detectives de la Brigada Anticorrupción.

A la instancia, de acuerdo con los antecedentes que pudo recabar La Tercera PM, llega tras ser asesorado por al menos cuatro abogados. Entre ellos, el exfiscal Luis Vergara Varas y Felipe Rojas. Y, como comentan desde su círculo cercano, entregará un dossier con todos los documentos de la fallida transacción que están en su poder.

Asimismo, según las mismas fuentes, mantendrá el leitmotiv que hasta ahora han pretendido fijar en todas sus intervenciones: Que actuaron de buena fe y con transparencia.

En medio de la declaración, además, el empresario pondrá a disposición de los investigadores la valoración que hizo de la exclínica la Universidad de Concepción y que, como han dicho sus abogados, despejaría “cualquier duda respecto al valor por el cual la municipalidad” pretendía adquirir el recinto.