¿Omisión de denuncia?: Monsalve le dijo al Presidente que mandó a un tercero a revisar cámaras del hotel porque temía “ser extorsionado”

La noche del martes 15, cuando el Presidente Gabriel Boric citó a su oficina al subsecretario Manuel Monsalve, le pidió la versión de los hechos. A esa hora, la ministra del Interior, Carolina Tohá, había sido alertada por el director de la PDI, Eduardo Cerna, de que existía una investigación en curso que involucraba a la autoridad.

De hecho, un día antes, una subalterna había ido hasta el cuartel general de la PDI para interponer una denuncia contra su jefe por abuso sexual y violación. La indagatoria fue abierta por el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, que -junto a su equipo-, ya a esa altura (el martes en la noche) realizaba una serie de pesquisas en torno a esclarecer los hechos.

De lo que se habló la noche del 15 de octubre en La Moneda ya hay algunas luces. Y es que el propio Mandatario -en una extensa rueda de prensa en Lampa-, y tras una pregunta sobre la información que había develado La Tercera, admitió que el propio Monsalve le dijo que “él había revisado las cámaras del hotel (...) esa es toda la información que tengo, no conozco nada de adulteración de pruebas”.

Cercanos al ahora exsubsecretario entregan más antecedentes de la cita a puertas cerradas. Dichas fuentes comentaron a este medio que Monsalve aseguró al Jefe de Estado no conocer la naturaleza de la denuncia interpuesta por su exasesora. Le relató que el incidente había ocurrido tras una cena en el centro de Santiago, a unos pasos de La Moneda.

Le detalló que en la cena consumieron varias copas de pisco sour, lo que coincide con la versión de la víctima. En su relato, sostiene que después de eso ambos tuvieron una laguna de conciencia de al menos 10 horas que ni él ni la denunciante -según la versión del exdiputado-, podían explicar y que juntos intentaron reconstruir.

La versión que el subsecretario ha compartido con cercanos es que frente a ese hecho, la pérdida de conciencia, tuvo la presunción de que ambos pudieron ser víctimas de un intento de robo o extorsión con algún fármaco.

En esa línea y dado de que su cargo es de alta exposición pública consideró necesario solicitarle a un tercero la revisión de las cámaras del hotel al que llegó esa noche del 22 de septiembre junto a la mujer que hoy lo tiene denunciado por una agresión sexual. El objetivo, le transparentó al Mandatario, era ver cómo llegó esa noche a su hotel.

La orden a la PDI para que revisaran las cámaras la habría dado la semana pasada.

Esta situación podría explicar las 48 horas que demoró La Moneda en solicitarle su renuncia, falta de celeridad en la reacción que hoy es blanco de críticas.

La posibilidad de una extorsión al jefe de las policías es lo que explica, según el entorno de la exautoridad, las decisiones posteriores que adopta el Jefe del Estado que opta esperar hasta el jueves para solicitar formalmente la renuncia de Monsalve y le da la posibilidad de que viaje al sur para explicar los hechos a su familia antes de que el caso estalle.

Que el Presidente admitiera que sabía que el subsecretario había revisado imágenes que podrían ser clave para la investigación por violación que lleva adelante la Fiscalía abrió un flanco en La Moneda.

La oposición, específicamente la UDI y Republicanos, han solicitado que la Fiscalía cite a declarar al Presidente por una presunta omisión de denuncia al tener conocimiento de que el subsecretario habría realizado esas acciones.

“Si efectivamente el exsubsecretario Monsalve le reconoció al Presidente Boric que personalmente había revisado las cámaras del hotel donde supuestamente estuvo con la denunciante, lo que correspondía entonces es que el Mandatario presentara estos antecedentes ante la Fiscalía, tal como se le exige a cualquier funcionario público, que tiene el deber de denunciar un delito”, señalaron a través de un comunicado los parlamentarios de la UDI.

El hecho de que el Presidente tuviera conocimiento de aquello, a juicio de algunos abogados de la plaza consultados, podría incurrir en el delito del artículo 175 del Código Penal, el cual establece a los funcionarios públicos la obligación de denunciar al tener conocimiento de un ilícito.

En el caso del Mandatario, sostienen las fuentes consultadas, también le incurre la letra B de dicho artículo, la cual estipula que están obligados a denunciar “los fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus subalternos”.

A juicio de Rodrigo Ríos, académico de derecho de la U. Finis Terrae, el Presidente “potencialmente puede ser un sujeto activo de este delito, dada su condición de empleado público, siempre que se acredite que tomó conocimiento de la realización de alguna conducta delictiva y haya omitido denunciarla dentro del plazo legal”.

Pero para que se configure ese delito, explica Ríos, “se requiere que exista un delito base, el cual no ha sido denuncia por la autoridad”. En este caso, sostiene el abogado y académico podría ser obstrucción a la investigación de parte del exsubsecretario, hecho que “exige que concurran una serie de elementos para que se configure”, como que ya exista una investigación, que el imputado aporte antecedentes o que se haya “obstaculizado en forma grave el esclarecimiento de los hechos o la determinación del responsable del delito. Deben cumplirse copulativamente todos estos requisitos”.

Catherine Lathrop, abogada penalista, sostiene que si bien esto siempre es políticamente incorrecto, “lo más grave es lo que ocurre con el Presidente, quien reconoce que supo que Monsalve revisó las cámaras de seguridad, por tanto, de aquello se colige que sabía que el exsubsecretario accedió a esa evidencia de manera ilegal, por lo que este hecho es muy grave”, pudiendo incluso configurarse una figura encubridora.

Este viernes, además, la exautoridad de gobierno fichó a los abogados María Inés Horvitz, Cristián Arias y Lino Disi. Todos profesionales que cuentan con una larga experiencia en el área penal.

En el caso de Horvitz, es abogada de la Universidad de Chile desde 1985, en su carrera profesional se desempeñó por 16 años como abogada litigante en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y desde el 2006 y hasta el 2023 como consejera del mismo organismo. La abogada, quien además es académica de derecho penal en la misma casa de estudios desde donde egresó, también integró la comisión técnica que elaboró el proyecto de reforma procesal penal.

Cristián Arias, quien es académico de derecho procesal en la Universidad de Chile, es abogado desde 1993 y desde entonces ha trabajado en la Corporación de Asistencia Judicial, como abogado del CDE y durante cinco años como abogado de la Defensoría Penal Pública. En paralelo, también ha trabajado en estudios particulares.

El último integrante del equipo que defenderá a Monsalve es Lino Disi, quien además de abogado en magíster en derecho público, especializado en litigios de alta complejidad en al área penal.