Operación Cavancha: los detalles de la investigación por asociación ilícita contra 17 imputados por ataques a infraestructura crítica en Iquique

Fue una investigación que comenzó hace más de un año, entre la Fiscalía Regional de Tarapacá y el OS-7 de Carabineros, donde el objetivo era desbaratar una organización dedicada a protagonizar hechos violentos, en medio de las manifestaciones en el centro de Iquique, que se comenzaron a desarrollar con cierta frecuencia tras el estallido social de octubre de 2019. Y esta madrugada, el caso arrojó sus primeros resultados.

Luego de recibir la autorización del Juzgado de Garantía de Iquique, la policía uniformada allanó 22 domicilios y dispuso 17 órdenes de detención para dar con los presuntos responsables de ataques incendiarios, a la policía y afectación a la propiedad privada, durante ocho jornadas del año pasado.

El Ministerio Público les imputa a los sospechosos los delitos de infracción a la “Ley Antibarricadas”, daños a la propiedad, atentado a la autoridad, infracción a la Ley de Control de Armas y asociación ilícita. Este último ilícito sería clave para obtener una mayor condena, siendo la segunda vez que se invoca en este tipo de casos, vinculadas al estallido social y manifestaciones violentas. La primera vez que se alzó esta figura penal fue en el caso de los ataques a la subcomisaría de Peñalolén.

Según explicaron fuentes del caso, la asociación ilícita de los investigados se configuraría por la organización que usaron para poder concertar los ataques, entre ellos, lanzamiento de bombas molotov a Carabineros, incendiar recintos comerciales y supermercados, lanzamiento de fuegos artificiales a personal policial y la quema de un local de comida. Todo, en el perímetro de la llamada “zona cero” de Iquique, en el centro de la ciudad. De hecho, también se registran ataques a infraestructura crítica, debido que en ese sector hay varias sucursales bancarias.

Entre los aprehendidos está la esposa de un funcionario de la propia Fiscalía Regional de Tarapacá. Ella pasará a control de detención, mientras que su cónyuge sólo será blanco de un sumario administrativo. Fuentes institucionales sostienen que en el caso del técnico del Ministerio Público no hay pruebas, por el momento, que lo vinculen directamente a los delitos que se investigan.

En este gran grupo de 17 personas (se indaga la presunta participación de al menos dos personas más), por un lado están los “K-POP”, quienes se atribuyeron ese nombre ironizando con el informe de Big Data que recibió el gobierno durante el estallido social.

La organización estaría liderada, según los antecedentes que maneja el Ministerio Público y el OS-7, por Juan Riquelme Rivera, quien habría estado a cargo de asignar roles a cada uno de los 11 integrantes de este grupo. “La estructura organizacional criminal comprendía funciones específicas respecto de la concreción de los objetivos criminales, tales como recaudación de fondos para la adquisición de elementos para generar bombas incendiarias (combustible, botellas, otros), escudos y elementos de protección personal. Estas funciones se distribuían según capacidades de despliegue y ejecución de los delitos, así como también para generar actividades para la recaudación de los fondos necesarios para el financiamiento de las acciones criminales encubiertas y simuladas por fachadas como organizaciones sociales que producían ‘ollas comunes’”, dice uno de los reportes policiales del caso.

El otro grupo de detenidos está conformado por los llamados “Autoconvocados”, quienes, de acuerdo a la investigación, se organizaban en cabildos y grupos de redes sociales para planificar los desórdenes. Acá la policía sindica a dos personas como sus líderes, Ghislaine Reyes Gazzo y Luis Arancibia Saldaña.

El resto de la organización habría estado compuesta por otras cuatro personas, quienes se dividían funciones, desde la confección de las bombas molotov hasta la grabación de los ataques y su posterior edición visual. Acá también, según conocedores de la investigación liderada por la fiscal Paola Apablaza, también era relevante el rol de Eric Hans Fuentes, funcionario del Hospital Regional de Iquique, quien es indagado por el Ministerio Público por prestar apoyo en cuanto la facilitación de su domicilio para reuniones, como para prestar auxilio a los encapuchados lesionados.

El OS-7 de Carabineros cuenta con cerca de 20 interceptaciones telefónicas donde ambos grupos se ponían de acuerdo para los ataques. En base a esta información, como también seguimientos, se habría logrado estrechar el cerco sobre los sospechosos. Durante los allanamientos, además, se incautaron computadores, celulares y plantas de marihuana bajo la modalidad de indoor.

La fiscal jefa de la Unidad de Focos y Análisis Criminal de Iquique, Paola Apablaza, sostuvo que la indagatoria se inició cuando se dieron cuenta de que el lanzamiento de molotovs y daños se concentraba en un sector de Iquique. “Se comenzaron a desarrollar diligencias con el propósito de establecer quiénes estaban tras estos ataques y llegamos a determinar que había un grupo que se organizaba y cada integrante tenía su rol, incluso detectamos que había una persona que financiaba la bencina”, sostuvo.

Consultada si los imputados están vinculados a algún movimiento o partido político, la investigadora indicó que “eso es algo que no es de interés para esta investigación, la fiscalía investiga y persigue delitos no importando las ideas o ese tipo de consideraciones de quienes los comenten y bajo el principio de objetividad que nos rige”.

En tanto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, expresó que “valoramos el trabajo de la Fiscalía y las áreas especializadas de Carabineros en la detención de estas 17 personas, que según la investigación, participaron de atentados graves contra la policía y la propiedad pública y privada en la ciudad de Iquique”.