“Operación Punto 40”: qué está pasando con el tráfico de armas, el crimen organizado y los gendarmes en las cárceles chilenas

Los gendarmes eran los únicos que no contaban con grilletes en sus pies, a diferencia de los otros imputados que eran reos. Incluso algunos de ellos pudieron despedirse de sus parejas, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía decretara prisión preventiva. Así recuerda, uno de los presentes, lo ocurrido el 18 de junio pasado cuando la Fiscalía Occidente formalizó la “Operación Punto 40″, que debe su nombre al calibre de unas de las pistolas que se comercializaban y cuyo negocio tenía como protagonistas a presos del penal Santiago 1, en la capital, y del recinto penitenciario de La Serena, todo esto en concomitancia con gendarmes de este último recinto penitenciario.

La investigación da cuenta, según diversas fuentes del Ministerio Público, del panorama que se está viviendo en las cárceles chilenas, donde el crimen organizado impera y corrompe a funcionarios públicos. Tanto así que de las pesquisas se desprende cómo gendarmes partícipes de la asociación criminal tenían como rol el ingreso de armas de grueso calibre, además de ejercer como contactos con el exterior. Nunca estuvo más patente, dicen los entendidos, el dicho de que lo que pasa en las cárceles es el espejo de lo que está viviendo la sociedad, sobre todo ahora en que el Gobierno busca construir un recinto penitenciario exclusivo para reos de altas peligrosidad.

La formalización de cargos da cuenta que a lo menos desde junio del año 2023, los imputados “actuaron de manera organizada cumpliendo cada uno de ellos funciones determinadas con el objetivo común de dedicarse de manera sistemática y permanente a cometer delitos de tráfico de armas de fuego, de armas de guerra, de partes de armas de fuego y de municiones, entre otros delitos”.

La fiscal Tania Mora relató ante el tribunal que mediante escuchas telefónicas, seguimientos y uso de agentes encubiertos de la policía “se pudo establecer que esta asociación ilícita tiene como giro o fin principal la comisión de ilícitos de tráfico de armas, para ello cada integrante aporta con un eslabón de esta cadena de actos”.

El Ministerio Público dio cuenta de la estructura y del rol de cada uno de los imputados. En este caso, quienes no visten uniforme:

- BERNARDO HERNÁN VALDIVIESO FUENTES: apodado “El Pariente”, es el líder de la organización, él es quien ofrece a través de WhatsApp armas de fuego, armas de guerra, parte de armas de fuego y de municiones. Para este fin, utiliza diversos números de teléfono, enviando imágenes de las armas objeto de venta, y en coordinación con el informante “DELTA”, a través de otros miembros de la asociación dedicado a estas funciones, les ordena facilitar sus cuentas bancarias para el pago de las ventas de armamento y, además, de realizar las entregas de las armas fuera del recinto penitenciario donde se encuentra.

- ORLANDO MORA FUENTES, primo de Bernardo Hernán Valdivieso Fuentes, es uno de los brazos operativos de esta organización criminal, y es quien realiza las entregas de las armas y municiones fuera del recinto penitenciario. Esta función la realiza previamente coordinado con el líder y con Vania Maldonado Torres. Además, otra de sus funciones es la de facilitar su cuenta corriente para la realización de transferencia de las ventas que acuerda Bernardo Valdivieso Fuentes.

- VANIA MALDONADO TORRES, es pareja de Bernardo Hernán Valdivieso Fuentes, es otro de los brazos operativos de la organización, es una de las captadoras del dinero de la asociación, ya que facilita su cuenta bancaria al líder, para recibir el pago de las ventas realizadas por Bernardo Valdivieso Fuentes dentro de la cárcel. Además, se encarga de coordinar la entrega de las armas fuera del recinto penitenciario junto con el imputado Orlando Mora Fuentes, previa instrucción del líder Bernardo Valdivieso Fuentes.

- FELIPE BARRA ARAYA, apodado “El Tigli”, es otro brazo operativo de la asociación criminal, y es el encargado de proveer de armas de fuego a la asociación. Asimismo, es el encargado de recibir dinero en su cuenta bancaria de las armas previamente vendidas por Bernardo Valdivieso Fuentes.

- JAVIERA FRANCISCA BORLANDO CABEZAS, es pareja de Felipe Barra Araya, es una de las captadoras del dinero de la asociación, ya que facilita su cuenta bancaria al líder de la organización.

Entre los delitos imputados está el de asociación ilícita y cohecho, para aquellos custodios que prestaron cobertura, según indican las diligencias.

“Así organizados, los gendarmes realizaron diversos actos, consistentes en términos generales en internar y/o entregar a internos del Centro Penitenciario de La Serena elementos ilícitos y objetos de acceso prohibido y/o controlados al interior de dicho recinto, así como dar protección, aislar y dar cobertura a estos internos para que pudieran cometer delitos desde el interior del recinto penal. Estos eran como estafas o extorsiones, sin ser perturbados, todo ello, a cambio de pagos solicitados por los funcionario públicos a los internos del Complejo Penitenciario de La Serena, y realizados por éstos y/o sus familiares o cercanos en beneficio de los funcionarios de Gendarmería pertenecientes a la asociación, quienes recibieron dichos fondos directamente o a través de terceras personas vinculas a los mismos”.

Para graficar el rol de estos gendarmes, la Fiscalía expuso ante el tribunal que el 20 de agosto del año pasado, uno de los custodios Miguel Molina “en su rol de proveedor de bienes ilícitos o prohibidos a la población penal, ofreció a un interno del Complejo Penitenciario de La Serena proporcionarle un teléfono celular, solicitándole para ello el pago de $ 150.000″.

Dicha transacción, según estableció el Ministerio Público, se concretó ese mismo día.

Las funciones de los custodios quedó de manifiesto en las investigación. “Los gendarmes se organizaron bajo el liderazgo del imputado JUAN FAÚNDEZ MORAGA, contando con roles y tareas definidas con el objeto de obtener pagos ilícitos por parte de los internos del Complejo Penitenciario de La Serena y/o sus familiares o cercanos, a cambio de internar y/o entregar elementos ilícitos y objetos de acceso prohibido; o bien a cambio de dar protección, aislar y dar cobertura a estos internos para que pudieran cometer delitos desde el interior del recinto penal, tales como estafas o extorsiones, sin ser perturbados”.

Sobre este cabecilla de Gendarmería, que sólo fue dado de baja el día de la formalización, se imputó que en su calidad de capitán y funcionario de más experiencia penitenciaria, que había forjado su carrera en penales de Santiago, poseía don de mando sobre el resto de los custodios.

“El capitán Faúndez Moraga es quien da las órdenes al resto de los integrantes de la organización y controla los eventuales procedimientos penales y disciplinarios que podrían afectar a los miembros de la organización que son funcionarios de Gendarmería de Chile. Así acontece el 16 de octubre de 2023, fecha en la que fueron descubiertos tres internos al interior del Módulo N° 42 portando dos teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones y datos bancarios de terceras personas, realizando estafas telefónicas sin ser perturbados, mientras el resto de los internos se encontraban en el patio, gracias al desencierro y aislamiento efectuado por el coimputado Marcelo Mejías Berríos, resultando que, tras el descubrimiento de este ilícito por parte de un funcionario de Gendarmería que no formaba parte de la organización criminal, y que fue informado al capitán no se dejó registro del cuaderno incautado, sin indicación de internos responsables”, apuntó la fiscal Mora.