Operación rastrillo: CDE activa coordinación interregional por líos de platas entre fundaciones y organismos del Estado

Fue el pasado 22 de junio que el fiscal Cristián Aguilar, quien indaga los millonarios traspasos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva -ligada a RD y encabezada por al expareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade-, confirmó haber notificado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) respecto de la apertura de la investigación donde se indagan presuntos delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Por lo mismo es que desde esa fecha el organismo encabezado por Raúl Letelier ha estado analizando los antecedentes, específicamente el Comité Penal que integran María Inés Horvitz, Daniel Martorell y Alberto Espina.

Así, se había encomendado a un equipo de abogados que forman parte de dicha instancia hacer una revisión exhaustiva de los convenios suscritos entre la entidad gubernamental y la ONG dirigida por Andrade, aunque con el correr de los días tuvieron que ir más allá.

El surgimiento de antecedentes que daban cuenta de presuntas irregularidades en traspasos a otras fundaciones y la apertura de “aristas” en otras regiones, llevó a que el Comité Penal solicitara a la Unidad de Control Judicial del CDE activar una coordinación interregional a fin de recabar mayores antecedentes y levantar información en las distintas zonas del país.

La idea, como comentan altas fuentes de la entidad a La Tercera PM, es revisar los convenios que también han recibido cuestionamientos en otras comunas y, especialmente, en las nueve regiones donde el Ministerio Público ya inició investigaciones penales: Antofagasta, Maule, Atacama, Los Lagos, Biobío, Araucanía, Aysén, O’Higgins y Arica.

De esta forma, como explican las mismas fuentes, se busca fundar con mayor fuerza la o las querellas que probablemente presentarán en las próximas semanas. Esto, como asegura un personero a este medio, porque cuando el CDE determina hacerse parte en una causa, es para obtener una condena y no simplemente hacer un punto político.

Dada la definición de los consejeros del Comité Penal, en la entidad dicen tener una alta valoración de la comunicación que hace unos días expresó la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien transparentó que le pidieron al CDE estudiar eventuales querellas.

“Cuando se hizo la primera reunión de crisis sobre este tema, se traspasó al Consejo de Defensa del Estado la intención del gobierno de que se estudiaran querellas. Se le pidió en primer lugar a esta instancia que se vea la oportunidad de presentar querellas y de indagar en el ámbito penal en la búsqueda de responsabilidades”, sostuvo la secretaria en el programa Mesa Central.

Asimismo, Tohá indicó que se han ido remitiendo antecedentes a fin de colaborar con el trabajo de los consejeros, lo que en el CDE catalogan como “una obligación” de las autoridades de turno.

“Están haciendo lo que corresponde, porque somos nosotros quienes representamos al Estado”, sostuvo una alta fuente del organismo, al tiempo en que insistió en que están trabajando para zanjar definiciones a la brevedad posible.