Operación Topógrafo: exjefe de Inteligencia del Ejército arremete y pide cambio de Fiscalía tras filtración de informe de la PDI

Una nueva arremetida judicial realizó el exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Schafik Nazal, ocurrió durante las últimas horas, luego de que el abogado de quien se encuentra imputado en la denominada “Operación Topógrafo” solicitara al fiscal nacional, Ángel Valencia, el cambio de la Fiscalía que investiga los presuntos 12 delitos de interceptación ilegal de comunicaciones, entre ellos a periodistas.

La acción de Nazal, quien está en prisión preventiva al igual que el exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago Juan Antonio Poblete, se da luego de que la semana pasada también solicitara al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago excluir como querellantes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la arista de la “Operación Topógrafo”, la denominada “tráfico de influencias”.

Arista que surgió desde un informe de la PDI por la revisión del teléfono de Poblete, donde quedaron al descubierto conversaciones del exmagistrado con ministros de la Corte Suprema en la que se hablaba de obtención de cargos en el Poder Judicial. Conversaciones, dadas a conocer por Ciper, que han afectado la causa original, a juicio del abogado de Nazal, el penalista Juan Carlos Manríquez, que también han influido en la situación procesal del ex DINE.

Y es que la investigación de la “Operación Topógrafos” está en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y dirigida por el fiscal Jaime Retamal. Mientras que la nueva arista, por el tráfico de influencias, fue asignada por el propio Valencia hace algunas semanas a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Misma persecutora a la que la defensa de Nazal pide entregar la indagatoria original.

Basándose en esa situación, el penalista Manríquez envió un oficio al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que cambie la investigación desde la Fiscalía capitalina a la de Valparaíso. Uno de los primeros argumentos del abogado de Nazal es que los querellantes del caso habían tenido acceso al informe de la PDI antes de que el resto de los intervinientes, apuntando al fiscal Retamal, quien a su juicio no tendría la objetividad requerida.

En esa línea, asegura que “los querellantes contra el Sr. Nazal habían sido tratados privilegiadamente por el Sr. fiscal Retamal”, una semana antes de que se revisara una apelación de la causa en la Corte de Apelaciones de Santiago, cuando el persecutor -según denuncia- “envió el informe policial de la Brigada Anticorrupción de la PDI y eso les dio otra ventaja por sobre la defensa”.

A eso suma que en el acta en el que el consejo del INDH decidió querellarse en la otra arista se puede leer que el fiscal Retamal “se había comunicado EN RESERVA con el jefe de defensa legal del INDH y que había compartido el informe policial de la BICRIM ... SOLO CON LOS QUERELLANTES, reiterando la necesidad de ponerse de acuerdo y querellarse por estos ‘nuevos hechos’, sin perjuicio de usarlos también en la audiencia del día 6 de junio de 2024 para afectar la posición del Sr. Nazal”.

Junto con apuntar a una falta de objetividad, Manríquez en su requerimiento también cuestiona una serie de conexiones entre los intervinientes. En ese sentido, apunta a que el funcionario del Ejército Rafael Harvey, querellante y víctima en el caso, tiene como abogado al consejero del INDH Francisco Ugaz.

Así como además cuestiona que en la causa también figura como víctima y querellante el periodista Mauricio Weibel, quien -señala- es colaborador con el medio Ciper, el que publicó el informe de la PDI. Por lo mismo, reitera que el fiscal Retamal entregó el informe primero a esos intervinientes.

“De este mapa de relaciones salta evidentemente a la vista que el fiscal Sr. Retamal proveyó solo a los querellantes nombrados de un insumo procesal antes que a las defensas, el que fue usado para diversos fines, menos para su pertinencia en relación con la causa de mi defendido, dejando expuesto un consorcio interesado y falto de objetividad, que vulnera el deber legal estatuido en la ley y en el Código de Ética del Ministerio Publico”, señala el escrito de nueve páginas.

A juicio de la defensa de Nazal, “esto obviamente lo priva de la imparcialidad necesaria para seguir adelante con esta investigación, de la que fluye un claro sesgo confirmatorio y perjudicial hacia mi cliente a todas luces”.

Junto con eso, Manríquez también apunta a que la publicación de Ciper sobre las presuntas influencias de los ministros de la Corte Suprema en nombramientos “podría ser usado como un arma de amedrentamiento o de inhabilitaciones de ese pleno de ministros, afectando también el debido proceso y el derecho al juez natural e imparcial”.

Por último, la solicitud enviada por el abogado con la que pide que la indagatoria quede en manos de Perivancich, concluye que a juicio de Nazal “estos hechos configuran una grave violación del deber de objetividad, configuran una deslealtad procesal, pueden dar lugar a ventajas y aprovechamientos indebidos para otros fines extra causa y siempre y en todo caso causando perjuicio al derecho fundamental al debido proceso de mi defendido, e infectando de prejuicio y sesgo la posición de la Fiscalía”.

En el mismo requerimiento, también el abogado Manríquez interpone una denuncia para que el Ministerio Público investigue el presunto delito de violación de secreto de la investigación tras la filtración del informe de la PDI.

Consultado al respecto, el abogado Juan Carlos Manríquez, sostuvo que “nuestro único interés es que la objetividad sea un estándar alcanzable para todos los justiciables, sean de izquierda, sean de derecha, cualquiera sea su raza, opción sexual o religión. En estos casos, el Ministerio Público es el sostenedor de la acción penal”.

A eso agrega que debe dirigirse “en este caso en particular ha quedado en evidencia que algunos intervinientes fueron tratados con privilegios respecto de la defensa. Y eso es inaceptable en un Estado democrático. Creemos que el señor Fiscal Nacional tiene que tomar decisiones y los tribunales deben tomar decisiones porque este es un caso muy grave en que en definitiva terminan pagando el precão de unas largas prisiones preventivas por hechos completamente impertinentes a sus casos, las personas que se ven envueltas en estas verdaderas maniobras de utilización de la información pública para otros fines”.

Junto con enviar la solicitud al fiscal Valencia, la defensa de Nazal también recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazara la solicitud de revisión de las medidas cautelares del exdirector de la DINE, quien se encuentra preso desde hace 16 meses.

A juicio de la defensa del general (R), “la resolución del tribunal antes transcrita es ilegal y arbitraria, porque impide siquiera debatir la revisión de la medida cautelar en una audiencia oral. El principio de oralidad rige nuestro proceso penal”.

Además de eso, apunta a que el tribunal “excede de sus facultades, resuelve contra derecho y restringe el garantía fundamental de mi representado de revisar la medida cautelar de prisión preventiva”. Por lo mismo, pide al tribunal de segunda instancia que revierta la decisión del juzgado y se fije una audiencia para revisar las medidas cautelares.