“Si el gobierno no actúa (...) se está arriesgando a que presentemos una acusación constitucional”.

Esa fue la advertencia de la jefa de bancada de Demócratas, Amarillos e independientes, Joanna Pérez, respecto de que las bancadas de oposición puedan presentar un libelo acusatorio contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, respecto del caso Monsalve.

La posición fijada por Pérez transparenta las conversaciones que han tenido las jefaturas de las bancadas de oposición -Chile Vamos, Partido Republicano y Demócratas- respecto de estudiar los méritos de un libelo contra Tohá.

En ese sentido, entre los titulares del bloque existe la coincidencia de que cada antecedente que se va conociendo del caso es un ingrediente adicional que alimenta los argumentos jurídicos y políticos para un nuevo juicio político contra la jefa de gabinete.

“Les he pedido a las distintas oposiciones que nos articulemos y lo vamos a hacer”, complementó Pérez. Esa coordinación es una enseñanza que han sacado las fuerzas de centroderecha, pues en más de dos años y medio de gobierno del Presidente Gabriel Boric han levantado un total de seis acusaciones constitucionales contra ministros del Mandatario -incluso una contra el propio Boric, que fue impulsada por RN y desactivada rápidamente-, muchas de ellas sin diálogo previo, lo que ha desordenado a la oposición.

La jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, aseguró que “hay conversaciones que se dieron ayer por nuevas revelaciones que han aparecido; si muchas de ellas son ciertas, nos vamos a ver en la obligación de usar herramientas constitucionales que hasta el minuto no hemos querido, llámense interpelaciones o acusaciones constitucionales”.

Desde la UDI, el subjefe de la bancada, Henry Leal, también confirmó que “dentro de la oposición ya se está conversando seriamente que si el gobierno no reacciona no descartamos ninguna acción”. “La acusación está rondando cada vez con más fuerza”, añadió el parlamentario gremialista.

“Creemos que ella debe dar un paso al costado, y si no lo hace, estamos en plena libertad de escalar al paso siguiente que es la acusación”, advirtió Leal. Y agregó que ya se está haciendo el trabajo legislativo de conseguir los votos para aprobar el eventual juicio político.

El caso de Evópoli, que si bien ha tenido un comportamiento distinto de las otras bancadas de oposición respecto de libelos anteriores, en esta oportunidad, el jefe de la bancada de los diputados de ese partido, Jorge Guzmán, aseguró que “si llegamos a la convicción de que los hechos son constitutivos de faltas constitucionales no descartamos la posibilidad de impulsar una acusación”.

Al mismo tiempo, Guzmán reconoció que sí han conversado con el resto de la oposición la opción de presentar el libelo “para tener una mirada mucho más coherente, coordinada y ordenada”.

En el caso del Partido Republicano, han puesto el énfasis en la renuncia de la jefa de la cartera como medida de presión. El jefe de la bancada de diputados de dicha tienda, Luis Sánchez, aseguró que si eso no ocurre “siguen estando las facultades constitucionales, y cuando corresponda y proceda haremos uso de ellas”.

El freno de manos que activó la oposición por las acusaciones constitucionales ha derivado en un cambio de estrategia para presionar al gobierno.

En ese contexto es que desde las últimas semanas se han coordinado una serie de acciones por parte de los jefes de comités para iniciar una ofensiva fiscalizadora en distinto nivel.

Por ejemplo, ayer las bancadas concretaron la creación de una comisión investigadora que recabe antecedentes respecto de los actos de los ministerios del Interior, de la Mujer, además de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), sobre el caso que acecha al exsubsecretario del Interior.

Entre otras ofensivas que se barajan entre los bloques de oposiciones está citar constantemente a la ministra del Interior a comisiones del Congreso para dar cuenta de distintos aspectos de su cartera. De hecho, para esta jornada está citada a la instancia de Seguridad, sin embargo, según transmiten desde el Congreso, no estaría presente.

Las definiciones que se han ido tomando, principalmente desde Chile Vamos, son luego de reuniones que sostienen los jefes de cada bloque para afinar algún tipo de ofensiva. De hecho, el viernes pasado acordaron tener cautela para las arremetidas contra el gobierno y quedar a la espera de la comisión investigadora que aprobaron ayer.

En esa línea, según transmiten desde la coalición, cada partido tiene asignado conversar con el resto de las colectividades de derecha. Así, la UDI está encargada de conversar con los republicanos, mientras que RN hace lo propio con los socialcristianos.

Esta última bancada es clave para ordenar a la oposición, pues es el bloque que actuado con mayor soltura en las acusaciones constitucionales, convirtiéndose en uno de los principales dolores de cabeza para el resto de los partidos, al hacer ver desordenado al sector en los fracasos de las herramientas que han activado.