“Ordenar los balances del partido requiere de tiempo”: los descargos de Comunes ante el Tricel para evitar su disolución

Faltaban 18 minutos para las 11.00 horas de este jueves cuando Comunes presentó sus descargos ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Esto, mediante un documento de 114 páginas, con el que buscarán evitar la disolución de la colectividad solicitada por el Servicio Electoral (Servel) en diciembre del 2023, por “infracciones graves y reiteradas” en los balances del partido.

El escrito se ingresó el mismo día en que el partido que preside Marco Velarde recibiera una respuesta del Servel al oficio que presentaron para saber si, en caso de que se concrete la disolución, los candidatos de Comunes serían o no afectados por la ley antidíscolos de cara a los comicios municipales y de gobernadores de octubre. La contestación del ente electoral fue favorable a la tienda frenteamplista -a contrapelo de lo que había advertido Andrés Tagle, timonel del organismo-, lo que fue festejado por la directiva y militancia.

En el escrito de Comunes, apuntan con sus descargos a que la responsabilidad de la crisis financiera que hoy los tiene enfrentando la disolución recae principalmente en militantes que hoy han sido expulsados de la colectividad, particularmente en la directiva que presidió Jorge Ramírez, quien es individualizado en 11 ocasiones en el documento y cuyos balances económicos no fueron aprobados por el ente electoral.

Ramírez encabezó la tienda cuando estalló el escándalo por el financiamiento de la campaña a gobernadora de la RM de su expareja, Karina Oliva, quien es mencionada en 4 oportunidades. “Sabemos que Comunes ha tenido desórdenes financieros, sabemos también que esos desórdenes provienen en gran parte de las labores de una directiva que ya no está en ejercicio. (...) La actual directiva lleva un par de años haciendo un gran esfuerzo para ordenar financieramente el partido para efectos de cumplir a cabalidad con las exigencias legales”, dice el documento, cuya gestión legal fue patrocinada por el estudio Sarmiento y Walker Abogados (de Claudia Sarmiento y Elisa Walker), en el que trabajan los defensores William García y Sebastián Winter.

En el documento Comunes expone las medidas que han debido tomar para hacer frente a la crisis -como la querella que presentaron en diciembre contra la extesorera Camila Ríos-, pero también apuntan contra el Servel, organismo que busca su disolución.

Además, el partido de Marco Velarde plantea en su defensa que necesitaban más tiempo para poder solventar la crisis financiera de la colectividad: “Todo este esfuerzo de ordenar los balances del Partido Comunes requiere de tiempo y dedicación. El Servel sabe que estos problemas no se corrigen de la noche a la mañana y que los problemas de gestión financiera de la directiva anterior siguen generando efectos en la actualidad. Lo que nosotros pedimos es tener ese tiempo para enmendar las labores financieras”.

Con esto de fondo, la defensa que expuso Comunes ante el Tricel también se centra en otros tres fundamentos. El primero es que “la denuncia no describe infracciones específicas y no fundamenta el porqué éstas serían graves y reiteradas en el tiempo”, agregando que “no basta afirmarlo (en la denuncia del Servel)” y que “esta denuncia no cumple con los requisitos de cualquier solicitud de intervención judicial”.

El segundo es que “la denuncia se basa en hechos sobre los que existen procesos administrativos en curso ante el Servel”, en donde dan cuenta de que “el Servel da por hecho infracciones que todavía son objeto de análisis por parte del Servel”. Sobre el ente electoral, Comunes reafirmó, en la página 46, que se enteró de su solicitud de disolución “por la prensa” y apuntan a una “incongruencia entre los actos previos del Servel”.

El tercero, en tanto, es que “la disolución de un partido político es una medida de última ratio”, dado que “implica la desaparición de éste del sistema político. Por lo mismo, es una sanción que sólo puede usarse en casos extremos y excepcionales, frente a hechos graves”.

Junto a ello, Comunes también apunta en su defensa a la “importancia de resguardar el pluralismo político”, “el principio de non bis in idem” (tiene por finalidad impedir que se condene más de una vez por un mismo hecho) y el “el principio de proporcionalidad”. Con esto último señalan que el Servel “no debe olvidarse que se pretende excluir de la política a un partido político que tiene representantes en el gobierno, a saber, cuatro diputados, un alcalde, doce concejalías, dos consejeros regionales, una ministra, dos subsecretarios, diecisiete secretarios regionales ministeriales y cuatro delegaciones presidenciales, junto con tener militantes que se sienten representados en el proyecto político de Comunes”.

Al mismo tiempo, también tuvieron un espacio para apuntar contra Andrés Tagle, presidente del consejo directivo del Servel que impulsó la disolución de Comunes y que, ante esto, planteó el criterio de que el partido no podría competir en las elecciones por la ley antidíscolos, lo que se despejó este jueves. “Andrés Tagle señaló de forma expresa que la finalidad de la acción de disolución era evitar que Comunes recibiera financiamiento público para las elecciones municipales de 2024. Entonces existe una clara diferencia entre finalidad establecida por parte de la acción ejercida y la finalidad que ha señalado de manera expresa el presidente del Consejo Directivo. (...) Para el presidente del Servel, la forma de evitar esto era a través de la disolución de nuestro representado como organización política. Existe entonces una clara desviación de poder”, cierra parte del documento.

Al respecto de la defensa de su partido, el presidente de Comunes, Marco Velarde, dijo a La Tercera que “estamos cumpliendo con nuestra obligación legal de defendernos. Creemos firmemente que no hemos incumplido en faltas graves ni reiteradas, eso no se fundamenta en la denuncia del Servel. Por el contrario, hemos colaborado activamente desde que asumimos la crisis en la que estaba el partido Comunes”.