Otra contra el siquiatra Larraín: la arremetida de Orrego contra ProCultura por deuda de más de mil millones de pesos tras cancelación de convenios

Las acciones judiciales contra Fundación ProCultura, investigada en el marco del denominado ‘caso líos de platas’ por supuesto uso irregular de fondos públicos, no se detienen.

Y es que luego de enfrentar demandas de sus extrabajadores, allanamientos, un bullado proceso de cierre y otras arremetidas en tribunales, el Gobierno Regional Metropolitano, liderado por Claudio Orrego, interpuso una querella contra esta entidad fundada por Alberto Larraín e Ilonka Csillag en 2009, por la no restitución de más de mil millones de pesos.

Como se detalla en el escrito presentado ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, la acción se dirige en contra de ProCultura y su representante legal, María Constanza Gómez, por el delito de apropiación indebida.

Argumentan que a pesar de que terminaron anticipadamente un convenio suscrito con la ONG para proyectos de salud mental y se liquidaron los mismos, la entidad no devolvió los montos comprometidos, afectando directamente las arcas del GORE.

“Habiéndose exigido los montos entregados a los querellados y no habiéndose restituido los mismos, luego de la liquidación del convenio señalado se ha podido establecer un perjuicio ascendiente a la suma de $1.015.283.548, todo ello más reajustes e intereses, por concepto de los dineros apropiados y distraídos por los querellados”, se lee en el documento de ocho carillas.

Establecieron, en el mismo sentido, que en el marco de la ejecución del proyecto que tenía como fundamento la prevención del suicidio, ProCultura incumplió las bases, “no poniendo a disposición del GORE Metropolitano las cartolas de las cuentas bancarias que debían contener los fondos públicos transferidos, todo lo cual significó el término anticipado del contrato y la exigencia de inmediata restitución de los dineros entregados y no rendidos”.

Pese a ello, como se explicita en la querella, el dinero nunca fue retornado al organismo.

Si bien en el marco de la suscripción del convenio en cuestión ProCultura había entregado al GORE “una garantía de fiel cumplimiento de contratos públicos”, una vez que estalló el caso y se decidió poner termino anticipado al contrato por no cumplimiento, la fundación dejó de responder.

El 14 de noviembre de 2023, de hecho, les pidieron entregar estados de cuenta a fin de verificar que mantenían los montos que se les habían transferido anteriormente, pero cumplido el plazo no hubo respuesta y se decidió poner fin al convenio e iniciar el proceso para recuperar el dinero.

“A través de la Resolución Exenta Nº 36, de fecha 9 de enero de 2024, se aprobó la liquidación del convenio de transferencia suscrito, en el que se fijó que el perjuicio patrimonial realizado por la querellada corresponde a la suma de $1.015.283.548, dineros que no han sido devueltos por la Fundación ProCultura a esta Gobernación Regional Metropolitana”, enfatizan desde el GORE.

Aquello, igualmente, incumple lo dispuesto en el convenio en cuestión, que justamente establecía que: “La entidad receptora acepta y se compromete a restituir inmediatamente al Gobierno Regional los recursos públicos que se le requieran y que hubieren sido transferidos en razón de este convenio cuando una resolución dictada por el Gobierno Regional así lo establezca por término anticipado, por gastos rechazados o por otra razón fundada”.

En medio de la misma acción, el GORE también pidió que se tenga presente su intención de “demandar civilmente a los querellados, solicitando oportunamente las indemnizaciones que en tal momento nos parezcan adecuadas”.

Para ello, y considerando que esa acción está aún en preparación, solicitaron que el Ministerio Público pueda realizar una serie de diligencias.

Pidieron se oficie a los Conservadores de Bienes Raíces y Comercio de Santiago y de San Miguel, para que informen inscripciones de inmuebles a nombre de los querellados, remitiendo los antecedentes respectivos; que se despache una orden de investigar a la PDI, a fin de efectuar un levantamiento patrimonial de los querellados, inclusivo de bienes muebles o inmuebles; y que también se oficie al Registro Civil para que se informen, a partir del RUT de los querellados, las inscripciones vigentes de vehículos motorizados que posean.