El 7 de noviembre, cuatro asociaciones de funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar enviaron una carta a la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD) solicitando una reunión para “tratar temas que afectan al personal” -dice la misiva-, entre ellos, “los problemas reiterados del personal de Seguridad Pública”.

Los gremios escribieron a la jefa comunal que “somos testigos del compromiso de la autoridad de terminar con los abusos de poder y el mal clima laboral. Sin embargo, esto sigue sucediendo. El trato poco deferente que aplica la señora directora de dicha unidad (Amal Kdiemati), a la fecha mantiene atemorizados a los funcionarios ante su forma inhumana de trabajar bajo amenazas reiteradas (...) todo esto ha llevado a que muchos funcionarios lleguen, por salud mental, a presentar licencias psiquiátricas y otros nos soliciten apoyo para cambiarse de trabajo”.

Dos días después, el contenido de la carta fue difundido en la prensa local y Kdiemati presentó una licencia médica, que comenzó a regir el 11 de noviembre y se extenderá, al menos, por 21 días.

Pero al interior del municipio no creen que la socióloga, feminista y defensora de la causa palestina, vuelva a ejercer el cargo. El “mal trato” de la directora ha provocado la renuncia de antiguos funcionarios, considerando -según lo planteado por los gremios- que los trabajadores de Seguridad (inspectores) están expuestos a “situaciones de riesgo, al no contar con implementos de protección mínima para esta tarea”.

Otras fuentes conocedoras del tema comentan que la directora tiene todo el respaldo del municipio. No obstante, desde la municipalidad informaron que el rol de Kdiemati “siempre está en evaluación, como todos los cargos” y aclararon que eso “es independiente de su licencia. Es algo estrictamente laboral”.

Durante su gestión, Kdiemati fue cercana a Janna Sakalha, exjefe de Planificación y exabogado de Ripamonti, quien recientemente demandó al municipio por despido injustificado, luego de ser desvinculado del equipo de la alcaldesa.

“El reclamo del sindicato es legítimo -responde la directora a este diario- no obstante, lamento el uso e interpretación del lenguaje empleado en la carta de reclamo, puesto que herramientas de evaluación de la labor pública, como por ejemplo anotaciones de demérito o investigaciones sumarias, son mi obligación realizarlas cuando corresponda legalmente y no representan un trato poco deferente e ‘inhumano’ (...). Hemos aplicado constantemente un trato de respeto, cuidados y de potenciar a cada uno de los funcionarios y funcionarias, y siempre velando por mayor transparencia, probidad administrativa y mejora del clima laboral”.

Respecto de las licencias médicas y renuncias, Kdiemati aseguró que “no han ocurrido como se indica”.

Pero la gestión de la directora ha suscitado diversas críticas. La publicación y adjudicación de dos licitaciones, una por cámaras de televigilancia y otra por vehículos municipales de seguridad, enfrentaron dificultades en el proceso y tardaron en su ejecución. Un viaje a Europa, en agosto pasado y que ella misma difundió vía Instagram, también provocó molestia: la autoridad municipal hace poco había mantenido una mesa de trabajo por situaciones de disparos y el uso indiscriminado de fuegos artificiales, pero dicen que las dejó en espera.

Asimismo, la relación de Kdiemati con Carabineros se fue desgastando. Fuentes de la institución comentan que tras el ataque recibido por un inspector municipal, mientras cursaba un parte por estacionamiento, los fiscalizadores dejaron de salir a las calles. Y toda la responsabilidad del control de esa y otras faltas recayeron en la policía uniformada, a la cual la directora exigía patrullajes sin disponer a sus propios trabajadores.

Kdiemati, en todo caso, lo desmiente: “No es cierto que exista un desgaste en la relación con Carabineros. Existe la mejor de las relaciones entre esta directora y la Prefectura de Carabineros de Viña del Mar y sus comisarías. Estas buenas relaciones han permitido coordinar de manera exitosa operativos de diversa índole en conjunto con las fuerzas policiales”, señala.

La directora también echó a andar, en marzo de este año, el primer Plan Comunal de Seguridad Pública (2022-2025), un “instrumento de planificación estratégica y operativa que permite materializar las facultades y competencias en materia de seguridad pública” -dice el instrumento- que la ley confiere a cada municipio.

Según la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, las alcaldías podrán desarrollar, junto a otros órganos de la administración del Estado, funciones vinculadas al “desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional”.

A ocho meses de su puesta en marcha, la municipalidad destaca del plan el “nuevo y moderno sistema de televigilancia comunal con 122 cámaras que funcionarán en distintos sectores de la comuna, incluyendo barrios que nunca habían sido considerados” junto a “la transmisión por streaming del sistema de drones de seguridad y emergencia”.

También registra la puesta en marcha de un protocolo de tomas de terrenos municipales, y asegura que “en los 16 meses de gestión de esta administración, ningún terreno municipal más ha sido tomado”. Asimismo, durante esta administración se llamó a concurso público para 20 nuevos inspectores, se gestionó la compra de indumentaria (como botas y chalecos anticortes) para los fiscalizadores, y ya fueron comprados los vehículos para la unidad, los que se estima arribarán en enero del próximo año.

Mientras Kdiemati está con licencia, su puesto lo tomó Alex Barrientos (RD), socioeconomista y actual director de Emergencias. “Su sucesor natural”, estiman en el municipio. Antes trabajó en las alcaldías de Peñalolén y El Bosque. Fuentes vinculadas al caso explican que él participó en la formulación del plan de gobierno de Ripamonti (llegó por cuenta propia) y que luego fue contratado y participó en la construcción del Plan de Seguridad. Él aparece firmando, como revisor, el instrumento.

En relación a este tema, el prefecto de Viña del Mar, coronel Alex Bahamondes, quien asumió el cargo hace poco más de dos semanas, señala que el mandato del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, fue “tratar de hacer todo lo posible para controlar la delincuencia con los medios que tenemos”.

El diagnóstico que ha podido verificar tras asumir es que “el delito se ha mantenido. No se ha desbordado la delincuencia en Viña del Mar. En comparación a otras comunas, estamos bien todavía. La hemos podido controlar”.

En esta línea, el concejal Pablo González (PC) comenta que el principal problema de la comuna “más que el delito en sí mismo es la sensación de inseguridad de la comunidad. Eso tiene que ver con una percepción que se tiene respecto al espacio público y esa es una tarea pendiente, que se debe abordar con premura, que dice relación con recuperar el espacio público para la población, mejorando las condiciones de uso y reduciendo los factores de riesgo que puedan predisponer a la comisión de hechos delictuales”.

“Hay que reconocer que, como municipio, estamos al debe en algunas medidas que se debieron tomar para reducir la sensación de inseguridad. Aún es posible recuperar ese tiempo con una política comunal que cambie el concepto de ciudad y la seguridad como un derecho, aplicando medidas tan sencillas como incorporar en el diseño urbano la norma internacional respecto a la prevención del delito”, agrega el concejal.