Otro militar desertor que vive en Chile pide protección policial y Fiscalía identifica dos autos más utilizados en secuestro de teniente (R) venezolano

A 48 horas del secuestro del teniente coronel (R) Ronald Ojeda, ni las policías ni las Fuerzas Armadas (FF.AA.), fiscales, y menos las autoridades de gobierno, saben cuáles fueron las motivaciones de la desaparición del exmilitar disidente del régimen de Nicolás Maduro.

La perplejidad, por ahora, es total, tanto así, que en las distintas reuniones que ha sostenido el gobierno con el equipo investigador del caso -el fiscal Héctor Barros y el jefe de la PDI, Sergio Muñoz-, tanto la ministra del Interior, Carolina Tohá, como el subsecretario, Manuel Monsalve, solicitan antecedentes para responder su principal inquietud: “¿Qué fue lo que pasó acá?”.

Los antecedentes del caso, por ahora, apuntan a tres hipótesis: una operación de extracción de la inteligencia venezolana; un autosecuestro; o bien, un urdido plan de venganza del crimen organizado.

En esa búsqueda para despejar cada una de estas líneas investigativas es que los investigadores detectaron la utilización de dos autos más para concretar el secuestro de Ojeda.

En la revisión de las cámaras de seguridad, tanto de las autopistas como las de tránsito en las calles cercanas a la zona norte de la capital, se identificaron dos patentes asociadas al secuestro. Los vehículos, si bien no han sido encontrados, de acuerdo a la revisión que hicieron los policías, no cuentan con encargo con robo vigente. Lo mismo ocurrió con el único auto encontrado hasta ahora, en la Costanera Norte, y que resultó tener una patente clonada.

Otro de los peritajes relevantes en la indagatoria será lo que resulte del análisis del teléfono celular de la víctima, el cual ya está siendo periciado por los investigadores. Hasta ahora, sin embargo, no han dado con mensajes que den cuenta de amenazas o hechos que apunten a que haya tenido algún tipo de rencilla con alguna banda delictual.

En esa misma línea, quienes han conocido los testimonios de sus familiares, Ojeda no habría advertido a sus cercanos que se sentía amenazado o vigilado. Sin embargo, acá los peritos hacen una advertencia, pues la manera y el horario en que se ejecutó el secuestro, dio cuenta de una preparación previa y actuaron sabiendo que la víctima estaba en su domicilio, y totalmente desprevenido.

Paralelamente a las investigaciones de la Fiscalía, sumaron otra denuncia asociada indirectamente al caso.

El mismo miércoles en la tarde, tras conocerse y estallar el caso del teniente (R) Ojeda, un exuniformado venezolano, también desertor del régimen de Maduro, llegó hasta la Cuarta Comisaría de Carabineros, en Talca.

“Temo por mi vida”, les dijo a los carabineros presentes en el lugar y aseguró -de acuerdo a su denuncia- conocer al teniente (R) Ojeda y estar en la misma condición de él, es decir, refugiado.

Por lo mismo, pidió a Carabineros protección policial, sin embargo, al policía derivó la solicitud a la Fiscalía, quienes accedieron a lo solicitado.

En base a esa resolución del Ministerio Público, la policía uniformada dispuso una medida de protección de rondas periódicas en torno al exmilitar venezolano, las cuales comenzaron a ejecutarse a partir de la jornada del jueves 22 de febrero.

En el Ejecutivo están al tanto de la medida de protección dispuesta al militar (R) en Talca, dado que su preocupación en torno al caso es alta, más cuando las horas avanzan y se desconoce la motivación del secuestro, como también el paradero de Ojeda.

Por ahora, el gobierno concretó el ingreso de la querella anunciada el jueves por el subsecretario Monsalve. En el escrito de 11 páginas dio cuenta, brevemente, de cómo ocurrieron los hechos.

En el relato consignado en la acción judicial ingresada en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, señalan que “la víctima fue llevada atada de pies y manos, advirtiéndose que los hechores portaban lo que parecen ser armas de fuego y vestimentas similares a las utilizadas por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile”.

Además, en el texto presentado por Interior se señala que a la víctima se la llevaron “por la fuerza en el vehículo en que se trasladaban, hacia un paradero por ahora desconocido”.

Entre las diligencias que el gobierno pidió a la Fiscalía están que se oficie a la Brigada de Investigaciones Especiales con el objeto de que confeccione un peritaje planímetro, que determine los lugares donde se verificaron los hechos y que realice un reconocimiento fotométrico de las cámaras de seguridad que podrían haber registrado el secuestro.

El caso sigue abriendo de más interrogantes, tanto a investigadores, policías y las autoridades de gobierno, donde conocer la trama tras el secuestro sigue sin ser resuelto.