Otros 60 ó 90 días de estado de excepción: ¿Cuánto más aguanta el debate por plebiscito?

60 ó 90 días. Son las dos opciones que estudia el Presidente Sebastián Piñera respecto a por cuánto tiempo más prorrogar el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado por tres meses el 18 de marzo y que vence la próxima semana. Asunto que ha conversado con sus ministros políticos y que se espera que zanje en lo que queda de ésta, dado la aún incierta duración de la crisis sanitaria. Y aunque en La Moneda insisten que los motivos no tienen que ver con la interrogante de qué pasará con el plebiscito constituyente del 25 de octubre, el hito por resolver ha vuelto a levantar un debate en sus partidos, que rehúsan abrir esa discusión ahora... aunque saben que a fines de julio deberán encararla.

El ruido por la cuestión del referéndum comenzó a partir de una entrevista que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dio a La Tercera el 25 de abril, en la que afirmó que “hace todo el sentido racionalizar el cronograma electoral” y, días después, una intervención del propio Piñera en la que aseguró que “la recesión económica será tan grande (...) que quizás es un tema que volvamos a discutir”. El tema, entonces, fue sepultado tras una lluvia de críticas desde el oficialismo y la oposición.

Esta semana algunos diputados de Chile Vamos lo volvieron a instalar, a propósito de la extensión del estado de excepción constitucional. Pero en el sector dicen que a todas luces el debate es inconveniente. De partida, el argumento de ligar una cosa con la otra parece no flotar porque, de hecho, estas excepciones constitucionales no limitan de por sí la campaña. Es lo que dicen en Palacio, que no es motivo por sí mismo para postergar. “Legalmente no hay ninguna contradicción en que haya estado de catástrofe y la realización de la campaña”, recalcan, al tiempo que subrayan que debe ser el Congreso el que se pronuncie respecto de alguna modificación porque el gobierno está trabajando para cumplir el calendario electoral vigente.

Lo mismo dicen dos abogados abanderizados con las antípodas del proceso constituyente. “El estado de excepción constitucional de catástrofe solo permite restringir la libertad de locomoción y reunión, así como limitar la propiedad”, advierte Jorge Barrera, profesor de derecho constitucional de la Universidad San Sebastián y partidario del Rechazo. Hace ver que el gobierno, además del estado de excepción constitucional de catástrofe, ha echado mano para enfrentar la pandemia a " las medidas de alerta sanitaria y zona de catástrofe de la ley de sismos".

Partidario del Apruebo, Gabriel Osorio, del Estudio Osorio Vargas y ex miembro de la mesa técnica, asevera que ligar ambas cosas “es un debate artificial y oportunista”, porque “el estado de excepción constitucional no impide realizar propaganda electoral en los términos que establece la ley”, y que “solo la condición de emergencia sanitaria podría limitar o regular los actos de campaña”. E insiste que “pretender suspender el plebiscito por un estado de excepción constitucional es como legalizar una dictadura”.

Despejado esto, una duda. ¿Para qué Piñera podría evaluar entonces dictar una prórroga solo por 60 días, pudiendo hacerlo por 90 y levantarlo antes de ese plazo, si las condiciones sanitarias lo permiten (que fue lo que hizo en octubre pasado, durante el estallido social)? Recordemos que una segunda prórroga lo obligaría a pasar por el Congreso. Su gente de confianza dice que un factor clave es el tipo de señal que le darían a la ciudadanía respecto de la duración de la pandemia, hoy en sus peores días. Con todas las dudas y la incertidumbre que hay, un horizonte psicológico posible sería hasta la primavera, tesis que le explicó el domingo el ministro de Salud a los negociadores del acuerdo económico y social entre el gobierno y la oposición.

Con todo, en el gobierno han analizado escenarios, teniendo en cuenta que solo motivos sanitarios justificaría alterar otra vez el calendario electoral. Desde fines de abril hasta ahora, la postura pública ha sido de prudencia. De hecho, la vocera de gobierno, Karla Rubilar, fue consultada ayer al respecto y recalcó que “no sabemos cómo va a evolucionar esta pandemia para el mes de octubre, no obstante eso, tal cual como el gobierno le pide a los parlamentarios respetar la Constitución y las leyes, nosotros como gobierno también lo tenemos que hacer y hoy día hay un plebiscito que está establecido para el 25 de octubre y el gobierno trabaja para cumplir ese cronograma”.

En este escenario, el bando oficialista rechaza vincular ambas cosas. El presidente de RN, Mario Desbordes, dice que "el estado de emergencia no significa ningún obstáculo para hacer el plebiscito, yo creo que buscar excusas y ampararse en eso no corresponde. La campaña en la calle, de propaganda callejera comienza el 25 de septiembre, es decir, fuera del plazo de excepción si se prorroga por tres meses”.

El diputado agrega que “no están impedidas las manifestaciones en estado de emergencia... no está limitada la capacidad de hacer política en estado de excepción”, y que “la única justificación para poner en discusión son razones sanitarias, pero por ningún motivo las razones económicas”. Cierra diciendo que ”ni que estemos en estado de emergencia porque todas las elecciones en Chile se hacen con militares en las calles resguardado los locales de votación”.

“Hay que desligar los dos temas. Hay que prorrogar el Estado de Excepción, pero eso no puede significar que comencemos a conversar sobre la postergación del plebiscito, son dos cosas distintas”, asevera Jacqueline van Rysselberghe. La jefa UDI sí cree que “si en agosto se mantiene ese mismo estado, y además la crisis sanitaria, ahí sería complejo preparar campañas en medio de una situación sanitaria tan grave”.

¿Cuándo sí hay que abordar este asunto? “A más tardar a fines de julio”, cree la jefa de la UDI, porque “la campaña parte en agosto y lo que no puede suceder seque en medio de la crisis nos gastemos una cantidad enorme de recursos para llevar adelante un proceso con fallas de legitimidad, que es la misma razón por la que muchos quieren cambiar la Constitución”. Lo mismo creen algunos en Evópoli: a fines de julio, porque vienen encima fechas cruciales. Veamos.

El hito clave, de hecho, es el próximo 26 de agosto, fecha en que se da por iniciado el periodo de propaganda electoral y para el que sólo quedan cerca de once semanas. En esa jornada los comandos del “Rechazo” y el “Apruebo” podrán emitir a través de medios de prensa y radio emisoras contenidos tendientes a convencer a los electores, asimismo, podrán desplegar activistas y brigadistas en la vía pública, quienes podrán portar banderas o lienzos, además de entregar volantes. La ley además permite que desde esa fecha los comandos desplieguen propaganda en espacios privados mediante carteles o letreros con la previa autorización de los propietarios. El siguiente hito tendrá lugar el 25 de septiembre. Ese día comienza la emisión de la franja de propaganda gratuita en los canales de televisión de libre recepción. Además, durante esa jornada las Juntas Electorales se reúnen para designar por sorteo a los vocales de mesa y miembro de los colegios escrutadores.

En la misma línea que el presidente de RN se mostraron los timoneles de los partidos de la oposición. Y si bien en el sector recalcan la idea de que solamente la situación sanitaria podría llegar a causar que se aplace nuevamente el plebiscito, los dirigentes descartan que la extensión del estado de catástrofe pueda dificultar el periodo de propaganda.

“Estoy de acuerdo con que efectivamente (el estado de catástrofe) no dificulta la campaña del plebiscito”, sostuvo el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin. Y agregó: “Lo que están buscando algunos es excusas hace rato para tratar de alterar el cronograma y el itinerario constitucional”.

La misma postura manifestó su par del PPD, Heraldo Muñoz, quien aseguró además que sí se puede realizar el plebiscito, si se toman todas la medidas sanitarias correspondientes.

El excanciller, de hecho, el 3 de mayo le había enviado una carta al presidente del Servel, Patricio Santamaría, en la que le sugería seguir el modelo de resguardo sanitario que usaron en Corea del Sur para sus elecciones parlamentarias del pasado 15 de abril. Algunas de las medidas del país asiático fueron las mascarillas obligatorias, alcohol gel en cada mesa de escrutinio y la medición de temperatura de todos los votantes.

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, aseguró, en tanto, que “algunos sectores de la derecha inventan todas las semanas una nueva excusa para no realizar el plebiscito. Salvo las razones sanitarias no hay ninguna otra justificación para postergar este evento democrático”.

Y agregó respecto de los plazos que “no tiene sentido tomar una decisión con tanta anticipación. La vez anterior se postergó el plebiscito poco más de un mes antes de su realización porque la franja televisiva se inicia en ese plazo”.

Por su parte, el presidente del PR, Carlos Maldonado, sostuvo que “es claro que a una parte significativa de la derecha, incluido el Presidente, nunca le ha gustado el plebiscito, y buscan excusas y motivos para evitarlo. La pandemia, la situación económica, el costo, los tiempos, etc. Lo que temen es que un amplio resultado a favor de una nueva Constitución desnude la ilegitimidad del modelo que han defendido por 30 años, y también temen al impulso electoral que ese resultado pueda dar a la centroizquierda”.

Asimismo, el timonel agregó que “como PR no estamos dispuestos a entrar en este debate. El plebiscito debe realizarse en la fecha actualmente prevista, salvo que motivos sanitarios insalvables hicieran obligatorio reprogramarlo, especulación que, en todo caso, aún resulta prematura, pero en ningún caso dejarlo sin efecto”.

De todas maneras, en el sector aseguran que en el caso del plebiscito su mayor preocupación no estaría en el periodo de campaña. Esto, debido a que, según ellos, la mayoría de la población ya sabría qué va a votar en el referéndum de octubre.

En la oposición, en todo caso, aseguran que lo planteado por figuras como Andrés Allamand (RN) para que sea el nuevo Congreso a elegirse en 2021 el que redacte una nueva Constitución y se cancele el proceso en curso, no tiene ninguna viabilidad. “Es simplemente una frescura”, afirmó un dirigente de la centroizquierda.