Pandemia, legalidad y justicia

Los momentos de crisis ponen a prueba todo. Tiempos como los que vivimos son quizás los mejores árbitros de nuestros sistemas de salud y de educación, de nuestra economía y de la talla de nuestras autoridades. Los desafíos actuales estrujan hasta el máximo sus capacidades y destapan sus virtudes y falencias. También nuestro sistema jurídico ha estado bajo la lupa en este contexto. ¿Nos da, nuestro derecho, las herramientas para enfrentar correctamente situaciones tan complejas como las pandemias?

Para algunos, hay muchas ocasiones en que las leyes no son más que obstáculos que impiden tomar decisiones justas. Durante el último tiempo hemos visto cómo algunas autoridades han hecho ademanes de saltarse ciertas reglas en nombre de la justicia, la salud o la seguridad. Desde los inicios del coronavirus, por ejemplo, muchos alcaldes han asumido funciones que la ley no les concede y han intentado llevar sus atribuciones más allá de los límites legales. En el Congreso, un grupo de parlamentarios pretendió evadir normas que consideraban excesivamente formalistas, alegando que éstas impedían llegar a resultados justos. Esta idea no encuentra terreno fértil solo entre autoridades políticas. En este mismo medio, el profesor Fernando Atria, avalaba el intento de los legisladores de evadir ciertas reglas de la tramitación legislativa, pues “la moralización de las formas políticas” sería un error. Así, cuando hay reglas que parecen irrelevantes o que son meramente formales, nada obligaría a respetarlas si lo que se busca es la justicia.

La crisis sanitaria obviamente exige respuestas rápidas y efectivas. No es de extrañar, por lo tanto, que aumenten los intentos de saltarse ciertas leyes para actuar ágilmente y llegar a resultados justos. Podríamos pensar en un escenario en que queramos usar los recursos económicos de un modo que la ley no permite o más rápidamente de lo que ella autoriza porque “así lo exigiría la justicia”. El respeto a la legalidad y la promoción de la justicia serían así incompatibles. En momentos de crisis, es tentador contraponerlos.

Sin embargo, lo anterior es una falsa separación entre la justicia y la legalidad. El respeto a las normas, cualquiera sea su tipo y rango, es una exigencia de justicia. Como explica Lon Fuller, “tal como el derecho es condición previa del buen derecho, actuar conforme a una regla conocida también es condición previa de cualquier apreciación significativa de la justicia del derecho”. En otras palabras, para evaluar un acto es necesario algún parámetro con el cual compararlo. Ese parámetro es la regla que guía el actuar en cuestión. De ahí que para poder juzgar la justicia de una acción determinada sea necesario que dichas reglas sean conocidas y respetadas. Una autoridad que actúa de modo impredecible, es decir, no siguiendo reglas de conductas establecidas con anterioridad, actúa injustamente en ese sentido. ¿En base a qué evaluar su actuar si no se sabe por qué actúa así? Entre otras cosas, el respeto a las reglas posibilita el escrutinio público.

Por otro lado, ¿quién determina cuándo es conveniente saltarse una regla en pos de la justicia? Existen concepciones distintas de lo justo y, según la postura que se tenga, la conclusión respecto a la relevancia o irrelevancia de una regla será distinta. De este modo, caemos en un espiral de arbitrariedades que redundan en más probabilidades de abuso por parte de la autoridad. Precisamente por eso existe un ordenamiento jurídico. Dado que tenemos concepciones diferentes respecto de lo justo, hemos establecido reglas que tiendan a evitar arbitrariedades y abusos. Así, una u otra apreciación de la actual constitución, de las leyes y otras normas que nos rigen e incluso las circunstancias del momento, no permiten a la autoridad discriminar entre qué reglas cumplir y cuáles no.

La errada oposición entre legalidad y justicia tiene, además, otros riesgos. Argumentaciones como estas son, justamente, las que alimentan la sensación de que no todos estamos sometidos del mismo modo a la ley y de que algunos son privilegiados en ese sentido. ¿Por qué los parlamentarios o los alcaldes pueden decidir qué reglas son dignas de ser respetadas y no el ciudadano común?

En momentos de crisis, de manera especial, es necesario el respeto a la legalidad. Sin él, la justicia se vuelve improbable.