Parlamentarios deslenguados otra vez al pizarrón: desafuero de diputada Cordero se suma a historial de juicios por discursos “negacionistas”, ofensas y acusaciones al voleo

Aunque las solicitudes de desafuero a parlamentarios son casi tan antiguas como la democracia chilena, fue en el siglo XX en que las presentaciones por injurias y calumnias tuvieron su auge.

Uno de los casos más emblemáticos fue la solicitud de desafuero que hizo en 1947 el entonces Presidente de la República Gabriel González Videla (radical), en contra del poeta y senador por Tarapacá y Antofagasta, Pablo Neruda (PC).

El Premio Nobel de Literatura había escrito una columna de opinión, publicada en un diario venezolano y en otro mexicano, donde denunciaba la persecución que estaba sufriendo los militantes comunistas. En ese documento, aseguraba que González Videla entregó información secreta al Estado Mayor de la Defensa de Estados Unidos.

Ante la solicitud de desafuero por injurias y calumnias y por comprometer el honor nacional, el poeta reaccionó con un encendido discurso en el Senado (que fue apodado como el “Yo Acuso” de Neruda). Sin embargo, días después en febrero de 1948, la Corte Suprema ratificó el desafuero, lo que posteriormente dio paso a una orden de detención. Ello obligó al escritor a pasar a la clandestinidad y a salir del país.

A diferencia de aquel episodio histórico, los litigios de desafuero por injurias y calumnias en las últimas décadas han estado marcados por declaraciones de una estatura política distinta, como acusaciones al voleo, ofensas con garabatos o discursos que han sido calificados como “negacionistas” por los ciudadanos afectados con aquellas aseveraciones de parlamentarios.

El último caso de este tipo es que el protagonizó la diputada María Luisa Cordero, quien, en marzo pasado, en un comentario a Radio El Conquistador, afirmó que la senadora Fabiola Campillai (independiente) finge su ceguera. “Ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega (...) Tiene un ojo que le funciona”, aseguró.

Producto de estas declaraciones, el equipo jurídico de Campillai pidió el desafuero de Cordero, que fue concedido en una primera instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago con un voto de mayoría (23 ministros a favor y sólo dos en contra).

Esta resolución, que aún está en fase de redacción, podría ser revisada, en todo caso, por la Corte Suprema que hasta el momento ha tenido un criterio restrictivo para conceder desafueros de parlamentarios frente a hechos que podrían calificarse como injurias (ofensas) y calumnias (imputaciones de delitos).

Uno de los pocos casos de este tipo que han sido visados por el máximo tribunal fue protagonizado por el diputado Gaspar Rivas (hoy militante del PDG), quien en su anterior período parlamentario insultó con garabatos, en 2016, al empresario Andrónico Lusksic. Luego de que la Suprema concediera su desafuero, el Juzgado de Garantía de Santiago condenó a Rivas a la pena de 180 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional por el plazo de un año, en calidad de autor del delito consumado de injurias graves a través de medios de comunicación social.

Otro precedente similar es el del exdiputado socialista Iván Paredes, quien fue desaforado en enero de 2010 por la Suprema ante la querella por injurias y calumnias presentada por su adversario político, Orlando Vargas, militante del PPD, quien asumiría después como parlamentario de Arica. Paredes había acusado a Vargas de tener vínculos con el narcotráfico. El desafuero, sin embargo, tuvo un escaso efecto, pues Paredes no pudo ir a la reelección y su mandato concluyó igualmente pocas semanas después, el 11 de marzo de 2010.

También en años recientes ha habido otros casos de desafuero, pero que sólo avanzaron en su primera instancia.

En noviembre de 2015, el entonces diputado Gustavo Hasbún fue desaforado por la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que fuera denunciado por parte de la familia de Rodrigo Avilés, el joven que permaneció en riesgo de muerte luego de que recibiera un chorro del carro lanzagua en una manifestación en Valparaíso, durante el 21 de mayo de ese año. Hasbún había dicho que Avilés era un “delincuente” y un “violentista”. La Suprema, sin embargo, en un fallo dividido, decidió revocar el desafuero en 2016.

Lo mismo ocurrió en julio de 2018, cuando el pleno del máximo tribunal rechazó el desafuero del entonces diputado UDI Ignacio Urrutia (hoy militante republicano). La medida que había sido aprobada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, había sido solicitada por organizaciones de derechos humanos luego de que Urrutia calificara a ex presos políticos como “terroristas con aguinaldo” en una sesión de la Cámara Baja en abril pasado.

También hay casos que ni siquiera pasaron la primera valla judicial.

En 2016, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el desafuero de la diputada Cristina Girardi (PPD), ante de la querella por injurias y calumnias interpuesta por Luis Plaza (RN), alcalde de Cerro Navia en esa época. La legisladora había acusado al otrora jefe comunal de “robarle la plata a los trabajadores”.

En 2017, La Corte de Apelaciones de Valdivia denegó el desafuero del exdiputado y hoy senador Fidel Espinoza (PS), interpuesta por la abogada Orietta Llauca, a quien la acusó de estafar y evadir impuestos en una reunión con vecinos de Osorno.

Desde los años 90 otras figuras políticas como Mario Palestro (PS), Evelyn Matthei (RN y luego UDI), Jaime Gazmuri (PS), José Antonio Viera-Gallo (PS) y Guido Girardi (PPD) pasaron por trances judiciales similares a partir de algunas declaraciones. Sin embargo, esos procesos en su contra tampoco prosperaron.