¿Parlamentarismo de facto? Las indicaciones cuestionadas como inconstitucionales tras el acuerdo por la Paz

Post 18 de octubre del año pasado, y en especial después del acuerdo político del 15 de noviembre que habilitó un plebiscito constitucional, parlamentarios y parlamentarias han presentado una serie de proyectos e indicaciones que, como se ha visto más tarde, son inconstitucionales o inadmisibles.

Hay al menos cinco ejemplos claros. El primero llegó desde la filas oficialistas, un día después del acuerdo por una Nueva Constitución y de parte de la diputada Ximena Ossandón (RN) durante el trámite la discusión de la ley de presupuestos. La parlamentaria presentó una indicación que planteaba subir la Pensión Básica Solidaria en 50%, en vez de 20% a partir de enero, propuesto por el Gobierno. La mesa de la Cámara explicó que esa iniciativa no era admisible, pues al irrogar gasto del fisco, debía ser propuesta por el Ejecutivo. Pero se pidió someter a votación la admisibilidad y hubo 74 votos a favor, tras lo cual se aprobó y siguió el proceso legislativo.

¿Y el último? La semana pasada cuando el ministro de Hacienda, Ignacio Briones informó por Twitter que el proyecto de protección al empleo no sería despachado ese día tras “discutir el cúmulo de indicaciones inconstitucionales que miembros de oposición (de la) comisión de Trabajo de la Cámara aprobaron hoy”. El subsecretario de Trabajo, Fernando Arab señaló que fueron más de 10 indicaciones. “Los parlamentarios sabían que eran inconstitucionales, las promocionaron igual”, comentó.

Para algunos, es una estrategia –intencional o no- para hacer ver las cosas que, según varios, la actual Constitución no permite avanzar. Para otros, una ofensiva del Congreso, post 18 de octubre, para hacer valer su peso y desmarcarse del gobierno.

La diputada Ossandón recuerda el episodio y argumenta: “Antes de que se votara esta indicación, desde RN se informó varias veces que nosotros insistiríamos en que el aumento debía ser de un 50% y no de un 20%”. Y agrega: “Existe una herramienta que está en la ley orgánica de la Cámara donde uno tiene la facultad de declarar algo admisible cuando la mesa lo ha declarado inadmisible. Dada la urgencia que se estaba viviendo nosotros usamos esa herramienta -que muchas veces se ha ocupado- que implica todo un proceso donde se declara admisible y después sigue su curso y después el presidente tiene la facultad de vetar”.

Otro ejemplo es la indicación presentada el 27 de noviembre en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados que aumentaba el ingreso mínimo garantizado a $500 mil. Originalmente el Ejecutivo había propuesto $370 mil brutos. La enmienda planteada era de $550.336 brutos y fue aprobada.

Esta fue impulsada por Gabriel Silber (DC), Maite Orsini (RD), Karol Cariola (PC), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gael Yeomans (CS), Tucapel Jiménez (PPD), Raúl Leiva (PS) y Gastón Saavedra (PS). Se alegó que solo el Ejecutivo tiene la iniciativa para presentar este tipo de propuestas en materias que implican gasto fiscal. Al haber cuestionamientos, Silber recordó la moción hecha por Ossandón. La respuesta vino del ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien señaló que “evidentemente están vulnerando la Constitución con decisiones que votan por mayoría. Y agregó: “Si no respetamos las normas hoy, con qué cara les vamos a decir a los ciudadanos que vamos a hacer una nueva Constitución”.

Hoy, el diputado Silber arguye que “lo que pasa es que en situaciones excepcionales como la que estamos viviendo, ha sido el propio gobierno quien ha estado bloqueando el diálogo y la posibilidad de acuerdos en el Congreso y ha instalado el precedente de que la Cámara aprobando indicaciones, que están en la cornisa de la admisibilidad, finalmente terminan logrando cambios positivos para los chilenos".

Afirma que “al final del día, los porfiados hechos acreditan que ambas (cámaras) mixtas han logrado cambios positivos -como el bono COVID-19 y subsidio al desempleo- al proyecto, gracias justamente, al rol que ha tenido la Cámara de Diputados”.

Consultada sobre el hecho, la diputada Orsini opina que: “La inconstitucionalidad de las indicaciones presentadas en el caso del ingreso mínimo garantizado son la evidencia de que la Constitución no da el ancho para resolver los problemas que Chile tiene hoy y que son manifiestos desde el 18 de octubre. Tenemos un sistema hiperpresidencialista que debe ser reformado, y que incide, por supuesto, en las materias que podemos indicar o presentar proyectos”.

Agrega que tras el estallido social, “y la crisis sanitaria ha dejado al descubierto que hoy más que nunca es necesario cambiar la Constitución. Principalmente para garantizar derechos sociales como la salud y para reformular las atribuciones tanto del ejecutivo como del poder legislativo, ya que el gobierno ha demostrado que no da el ancho para dar respuestas de estado y alega la inconstitucionalidad de lo que le incomoda”.

El constitucionalista Enrique Navarro, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, cree que “estamos asistiendo a un semiparlamentarismo de facto. De alguna manera el Parlamento, sabiendo que algunas indicaciones son inconstitucionales, igual las discute”. El término fue acuñado hace unos días por el senador Jaime Quintana en entrevista con La Tercera.

Navarro acota que “se inician por moción parlamentaria materias económicas que son de iniciativa exclusiva del Presidente, lo que después se tiene que enmendar a través de un veto. Además se hace a sabiendas que puede ser inconstitucional, lo que incluso se expresa en el debate, con la tranquilidad de que nadie va a impugnar dicha actuación ante el TC. Esto se ha ido haciendo más evidente desde hace medio año. Los parlamentarios han aprovechado una circunstancia donde, primero, hay un Ejecutivo muy débil, y segundo, una situación compleja en general en el país".

Constanza Hube, abogada constitucionalista y académica de Derecho de la Universidad Católica, cree que “en el fondo, plantear o tratar de hacer un punto con la nueva Constitución, con el proceso constituyente a través de la presentación de indicaciones o proyectos de ley que son inconstitucionales, me parece que es un error”.

Argumenta: “La primera regla de un Estado de Derecho es que gobernante y gobernado se sujetan a las mismas reglas y desafortunadamente ese principio no ha sido respetado por parte de algunos congresistas”.

El abogado constitucionalista y académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, cree que “lo que está ocurriendo no es justificable porque es transgredir el ordenamiento constitucional vigente. Otra cosa es que uno crea que ya no da para más ese ordenamiento. De hecho, a mi juicio, el sistema hiperpresidencialista chileno ya no da para más”.

Sin embargo, agrega que “esto no constituye un aprovechamiento político. Es una manifestación del desgaste de un modelo en donde el que debiera ser el principal legislador -Parlamento- (por eso tiene el nombre de poder Legislativo) sólo puede decir ‘no’, ya que ni siquiera puede controlar su agenda. En EE.UU. (modelo que copió Chile) el que controla la agenda es el poder Legislativo, no el Ejecutivo por vía de las urgencias. Como el Presidente puede darles urgencias a los proyectos (y hay miles de proyectos descansado) el presidente ‘de facto’ controla la agenda del Congreso”.

Al respecto, estima que “hoy en día claramente lo que está fallando es la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de ambas cámaras, cuya labor principal es ser la Comisión que dice si un proyecto debe o no proseguir porque está o no de acuerdo a las atribuciones del Congreso plantear el proyecto”.

El abogado constitucionalista Tomás Jordán, quien fuera asesor para el diseño y coordinación de la Etapa Participativa del Proceso Constituyente de la expresidenta Michelle Bachelet, señala que “hay una cuestión bien general que se venía dando hace bastante tiempo, pero que ahora se agudizó, que es el desequilibrio que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo en términos de atribuciones” y dice que el diagnóstico es que “el Presidente de la República tiene un exceso de atribuciones y un Congreso que tiene muy pocas atribuciones”.

En opinión de Jordán, profesor de Derecho en la Universidad Alberto Hurtado, “lo que hace hoy el Congreso es equipararse al Presidente en atribuciones constitucionales legislativas. Esto es lo novedoso. En el fondo, invocar estas atribuciones que hasta el día de hoy estaban 100% no discutidas que eran del Presidente de la República. Esto da cuenta de que hay una tensión por un lado y algo pasó entre la relación Ejecutivo-Legislativo. A mi parecer esto se debe a dos cuestiones: la debilidad presidencial y la doble mayoría que tiene la oposición en el Congreso. Estos dos elementos permiten concluir esto”.

“¿Cómo se resuelve esto?”, pregunta Jordán. “Es parte de la discusión constitucional que se viene”.