Pasaporte y el carné “verde” Covid: ¿Está dentro de los márgenes legales la medida que avala el Minsal?

“Existen dos temas: uno es el ‘pasaporte verde’, que serviría para que mucha gente que está vacunada en todo el mundo pueda desplazarse a nivel internacional. Hemos solicitado, y el Presidente lo ha hecho de forma reiterativa a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con los presidentes de Latinoamérica, que ojalá hubiese un solo concepto. Una entidad que diga que esta vacuna es universal, sirve y protege a las personas”. Así partió explicando esta mañana durante la vocería Covid-19 el ministro de Salud, Enrique Paris, la idea que ayer miércoles la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que ya estaría en análisis por parte de “expertos y con algunas personas del grupo asesor”.

Aunque el plan que estudia Salud también tiene una arista nacional, y así lo explicó el ministro. “El carné verde es otra cosa. Por ejemplo, si el dueño de una cafetería, la gente que sirve ya está vacunada con dos dosis. Y quien va a la cafetería también tiene las dos dosis, esas personas podrían contar con carné verde nacional para realizar esas actividades sin peligro. Hemos dicho varias veces que a pesar de eso, hay que mantener medidas sanitarias (...). Y eso no lo vamos a dejar de hacer hasta que tengamos el famoso efecto rebaño”.

Si bien no lo abordó directamente como ideas que podrían realizarse en Chile, el jefe de la cartera sanitaria habló de actividades que ya se han realizado en otros países con estos “pases sanitarios”, como conciertos masivos o la apertura de ciertos centros comerciales. Y allí, Paris también confirmó que el Ministerio de Economía está trabajando en conjunto con Salud Pública para entregar una idea de protocolo al Presidente Piñera después de las elecciones.

En la práctica, algunos comercios ya decidieron entregar ciertos beneficios a quienes presenten el carnet #YoMeVacuno con sus dos dosis. El Bar Liguria, por ejemplo, invita a una copa de espumante a sus clientes ya inoculados. O la librería Qué Leo, de Valdivia, quienes entregan un 10% a quienes presenten su carné de vacunación.

Sin embargo, tras el anuncio de Daza durante el miércoles y la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de resolución que le solicita al Mandatario implementar esta medida para quienes han completado su esquema de vacunación con el fin “de realizar determinadas actividades sociales sin sujeción a las restricciones generales”, durante esta mañana Salud monitoreó que en la red social Twitter se levantaba el hashtag #NoAlPasaporteVerde. La tendencia estaba asociada principalmente a personas que no tienen entre sus planes vacunarse y que alegan que “quedarían fuera” de los beneficios que podría traer este “pase”.

¿Está dentro de los márgenes legales una iniciativa como ésta? El decano de Derecho de la Universidad Central, Emilio Oñate, explica que “el principio de igualdad supone entender que los individuos que integran una comunidad no están todos en la misma posición jurídica. Y esto es relevante en materias de situación sanitaria: quienes se han vacunado no tienen la misma calidad sanitaria que quienes no”.

Oñate explica que “hay una cuestión que no solo tiene que ver con la igualdad o la afectación de la libertad de desplazamiento o reunión en el contexto de quienes no están vacunados en medio de un estado de catástrofe. Tiene que ver con el valor que uno le da a la comunidad, de que tengo que respetar ciertas normas comunes. Las personas vacunadas están en una calidad donde no se constituyen como agentes de contagio, teniendo en cuenta que si bien las vacunas no generan un 100% de inmunidad, ayudan”.

Frente al pasaporte, el académico en derecho administrativo expresa que hay antecedentes de sobra para implementar una política de ese tenor. “Cuando uno va a Brasil, a África o a la India también se exigen ciertas vacunas, que se acreditan por razones de salubridad, esas razones son justificadas. No son restricciones, sino que son ciertas condiciones para trasladarse a determinados lugares. Y eso tiene una razón jurídica”, asevera.

Una postura similar tiene Gerardo Otero, abogado y socio de ECIJA Otero, quien explica que la postura de quienes se oponen va directamente relacionada con “una posible discriminación y un posible atentado a la privacidad. Pero yo no veo esos problemas desde el punto de vista legal y la discusión es más bien política. No veo problemas de discriminación o de falta de igualdad ante la ley. Todo acto racional implica que se debe discriminar y ello no es ilegal o injusto. Lo que no corresponde es una discriminación arbitraria, carente de lógica. En este caso, tendría como fundamento la protección a la salud pública y no una razón económica como algunos sostienen”.

El abogado comenta que si bien el proceso de vacunación contra el Covid-19 es voluntario, “como todo acto libre y voluntario tiene consecuencias que deben asumirse, las positivas y las negativas. Incluso, esa discriminación también es lícita aun cuando el no haber recibido la vacuna no sea consecuencia de una elección como, por ejemplo, un calendario de vacunación. Los vacunados, suponiendo que la vacuna sirve, no contaminan ni se contaminan, al menos gravemente. ¿Es justo que deban estar sujetos a las mismas restricciones de aquellos no vacunados? Hay razones de salubridad pública que justifican la diferencia”.

Hace un poco más de un año, en una de las vocerías -y cuando aún se desempeñaba como ministro- Jaime Mañalich presentó el borrador de lo que sería el carné Covid-19 de inmunidad para quienes ya hubiesen cursado la enfermedad. Sin embargo, con el agravamiento de la situación de la pandemia hacia mediados de junio, la idea no prosperó. “En ese momento, había evidencia sólida que la inmunidad que producía el haber tenido Covid-19 tenía tres meses de duración. Después vino el proceso de agudización de la pandemia y el tema quedó entre paréntesis”, comenta el exministro a La Tercera PM.

El doctor aborda que considerando los PCR positivos totales y las personas que pueden haber hecho un curso asintomático de la enfermedad, en Chile deben existir -según sus estimaciones- alrededor de dos millones de personas recuperadas.

“En ese contexto, si tenemos personas que están protegidas de enfermarse o de contagiar, ¿por qué no les entregamos un certificado para volver a trabajar, por ejemplo, en recintos de salud?”, comenta. En ese sentido, para quienes están vacunados con su esquema completo, la regla debiera ser la misma, dice Mañalich. Incluso, acoge la sugerencia de la CDC, el organismo que precisó que los inoculados con vacunas de ARN mensajero (Pfizer o Moderna) si son contacto estrecho de algún caso confirmado, no deben guardar aislamiento.

Sin embargo, precisa que “en este momento tenemos una prevalencia o número de personas infectantes demasiado alto como para correr un mínimo riesgo, dado que la CoronaVac previene la enfermedad o contagios en un 63%. Eso significa que de 100 vacunados, tenemos 37 que pueden contagiarse y contagiar. En ese contexto, es una medida sensata para Chile, pero no hoy día”.

¿El parámetro? El nefrólogo precisa que la idea recién debe implementarse cuando la positividad sea inferior a 2% y existan menos de mil casos confirmados diarios, en promedio. “Es una meta que es posible lograr si las medidas no se relajan”, sugiere.

Al menos para el pasaporte verde, Mañalich refiere que hay mucha experiencia internacional, principalmente para viajes que exigen ciertas vacunas al día. “Acá está por sobre el bien común y derecho a la vida. Los grupos antivacuna en Chile son una cosa mínima comparado con Israel o con Rusia”, remata.