Pedirán prisión preventiva para Daniel Jadue: el largo camino de la Fiscalía para imputar actos de corrupción al emblemático alcalde PC

A principios de 2021 la justicia tramitaba querellas cruzadas entre la firma Best Quality SPA -proveedores de insumos médicos- y el representante de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), el alcalde PC Daniel Jadue. Los primeros lo acusaban de no pagar una cuantiosa suma por mascarillas que habían sido adquiridas por trato directo, es decir decían ser víctimas de estafa, y el jefe comunal -por su parte- realizaba una arremetida en tribunales contra la firma que se dedicaba principalmente a la importación de mascarillas, las que se volvieron un producto indispensable para enfrentar los años de pandemia del Covid-19.

Sin embargo, el 30 de junio de 2021 a las 18:00 horas esta historia daría un giro inesperado, que tiene hoy al alcalde Jadue en el banquillo de los acusados, tal como lo reportó La Tercera, luego que la fiscal Giovanna Herrera decidiera formalizarlo por cuatro delitos ligados a actos de corrupción. Y es que ese día César Ramírez, uno de los trabajadores de Best Quality SPA, que había sido citado por el equipo Anticorrupción del OS-7 de Carabineros para declarar como testigo, decidió autodenunciarse y delatar al jefe comunal.

El comisionista sostuvo ante los investigadores que ellos habían accedido a pagar un soborno a Achifarp, ya que el propio Jadue les habría pedido un “bono” adicional de insumos -que tuvo como destino el comunal Recoleta del Partido Comunista- a cambio de asegurarlos como “proveedores estrella” de Achifarp. Fue ahí donde el Ministerio Público decidió separar investigaciones y profundizar en lo que estaba ocurriendo en uno de los proyectos estrella de la figura comunista y que contaba con millonarios aportes de dineros fiscales entregados por “socios”, es decir los otros municipios del país que se asociaban para recibir medicamentos e insumos a menores precios y darles aquella oportunidad de compra a los vecinos.

La versión entregada por Ramírez sostiene que el jefe comunal le dijo que dicho “gesto” -entregar cerca de $50 millones en insumos médicos por fuera de Achifarp- les garantizaría que Best Quality siguiera como proveedor principal de las farmacias municipales y la participación en el futuro en otra iniciativa que por esos días urdía el alcalde PC: “los supermercados populares”. “Con el objeto de no estropear las relaciones y teniendo a la vista la calidad del alcalde Daniel Jadue accedimos como empresa a efectuar una donación”, declaró Ramírez el 9 de agosto de 2021.

Con dicha confesión, la fiscal Herrera caratuló el caso como “cohecho” y decretó la primera reserva de los antecedentes, ya que junto a estos primeros hallazgos se sospechó de maniobras de lavado de activos, lo que le permitía al Ministerio Público “dejar a ciegas” durante seis meses a todos los intervinientes, tanto los querellantes, al autodenunciado y al propio Jadue para así avanzar en las pesquisas sin levantar alertas. Este lunes, tras ingresar el escrito en que se solicita audiencia de formalización, se sabe que junto a conductas de pago de presuntas coimas, se imputará también al alcalde comunista por estafa, fraude al Fisco y administración desleal. Todo esto, dicen conocedores del caso, lo deja al borde de la prisión preventiva, la que sería solicitada por querellantes y por el propio Ministerio Público.

Los consejeros del Consejo de Defensa del Estado (CDE) acordaron hace algunos días la presentación de la querella y tras conocerse la decisión del Ministerio Público de este martes fuentes del organismo entregaron detalles de la resolución que fue unánime. El libelo será interpuesto en las próximas horas, ya que está en pleno proceso de redacción.

Ya en julio el equipo investigador pensaba solicitar la formalización de la autoridad comunal. Sin embargo, nuevos testimonios hicieron que esta decisión se aplazara. Un informe del OS-7 de Carabineros, al que accedió este medio, desmenuza los hallazgos en que aparece otro protagonista, Matías Muñoz, quien era el secretario ejecutivo de Achifarp y considerado un hombre del círculo de hierro del edil.

“Las acciones realizadas por parte de José Matías Muñoz Becerra en su calidad de secretario ejecutivo y diferentes trabajadores detalladas en el presente informe, debieron efectuarse con pleno conocimiento del presidente de Achifarp, Óscar Daniel Jadue Jadue, quien teniendo a su cargo la gestión patrimonial de la Asociación Chilena de Farmacias Populares dispuso las facultades para disponer acciones abusivas y omisiones contrarias al interés patrimonial de la asociación, tal como adquirir de forma excesiva y sin justificación los diferentes insumos que fueron comercializados de manera irregular por Muñoz Becerra”, se lee en el documento.

Esta hipótesis será una que desplegará la fiscal Herrera en la audiencia de formalización para acreditar la existencia del delito concursal de administración desleal. Esto último porque Jadue, a juicio de los investigadores, “no gestionó los bienes de manera fidedigna y verídica, a consecuencia de los actos señalados generaron un perjuicio que afectó al patrimonio de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, impulsando a una liquidación forzosa”.

En el caso del “fraude al Fisco”, que se le imputará a Jadue, cobra importancia la compra de medicamentos durante la pandemia, algunos que no tenían autorización del ISP para funcionar y sin embargo fueron adquiridos por el jefe comunal. En ello profundizó un lapidario informe de Contraloría -que incluso levantó cargos contra el comunista- y que llevó incluso a un enfrentamiento público, y con querella, de parte de Jadue en contra del excontralor Jorge Bermúdez.

En dicha indagatoria del ente fiscalizador se sostuvo que durante los meses más duros de la pandemia el alcalde Jadue defendió la adquisición y uso del medicamento Avifavir, que según él servía para tratar el Covid-19. Sus dichos fueron objeto de críticas de la autoridad sanitaria, ya que fue el propio Instituto de Salud Pública (ISP) que determinó la prohibición de su uso, lo que fue refrendado por la propia Contraloría. “Hay un móvil político detrás. Tal como dice la resolución, [el Avifavir] se trajo para ser entregado de manera excepcional porque es de uso clínico”, dijo el jefe comunal en febrero de 2021.

En el marco de la auditoría a las “Farmacias Populares” también se hallaron irregularidades en los convenios que se firmaron para adquirir el Avifavir y también el Interferón, un fármaco similar. En las conclusiones del informe final N° 909 se detalla que “el municipio de Recoleta suscribió un convenio para la adquisición de 180 mil dosis de Interferón, acuerdo en el que también participó la Municipalidad de Macul aportando $10 millones”.

Asimismo, se determinó que Achifarp mantiene un saldo pendiente con la Universidad de Concepción por un total de $215.476.800, en el marco de estudios que se mandaron a realizar sobre la efectividad de estos fármacos. Hasta ahora, se lee en la auditoría, solo se han cancelado $25 millones entre julio de 2020 y mayo de 2021. No se cree que el organismo pueda cumplir con esta deuda pues, según Contraloría, en su cuenta corriente al momento de la auditoría cuenta con fondos por $29.003.433.

En el caso de Avifavir se detectó otro convenio celebrado por Recoleta y Macul por $240.476.800 y $150.000.000, respectivamente. En esa transacción se estableció que hay un saldo pendiente de ejecución de más de $15 millones, dinero cuya disponibilidad no fue acreditada por los auditados. “La Municipalidad de Recoleta deberá fiscalizar a la Achifarp por el uso y destino de los aportes entregados por ella, informando a la Asociación sobre el resultado de su revisión y solicitar la restitución de los fondos”. Estos antecedentes también fueron remitidos a la justicia.

En ese sentido, se abrieron sumarios a los municipios dirigidos por Jadue y por el alcalde Gonzalo Montoya, del Partido Comunes. “Recoleta y Macul deberán efectuar las gestiones para recuperar los montos no invertidos por la Achifarp en la ejecución de ese convenio”, se lee en el documento.

Mario Vargas Cociña, querellante del caso, sostuvo a La Tercera PM que si sus representantes no hubieran denunciado esta estafa por el alcalde Jadue, “porque eso fue lo que ocurrió acá... una gran estafa, no sabríamos el nivel de corrupción que había en un proyecto como este. Lo importante es la decisión de la Fiscalía y que el señor Jadue devuelva los dineros que aquí fueron estafados y que aún no sabemos su destino”.