Pena de muerte, uso de armas por civiles y blindaje fronterizo: las coincidencias y diferencias entre Matthei, Kaiser y Kast en seguridad

La fuerte disputa entre los tres candidatos presidenciales de la derecha no cesa: mientras la exalcaldesa y el diputado libertario coinciden en restablecer la pena de muerte, José Antonio Kast se apartó de la idea. Los abanderados –en todo caso– convergen en otros puntos, como el aumento de la capacidad carcelaria, el cierre de la frontera y mayores atribuciones a las policías.
El doble homicidio ocurrido el miércoles en Graneros derivó en un debate sobre la vuelta de la pena de muerte entre los candidatos presidenciales de la derecha, luego de que la carta de la UDI y RN, Evelyn Matthei, respaldara esta idea. “La pena de muerte es la salida más fácil para los asesinos y para los que se ponen nerviosos con las encuestas”, dijo el abanderado republicano, José Antonio Kast (JAK), a través de su cuenta de X, alejándose de su contendora.
Sin embargo, el candidato de los libertarios, Johannes Kaiser –quien secunda a Matthei como preferencia presidencial en las encuestas–, afirmó el miércoles en radio Pauta estar “absolutamente” de acuerdo con la medida. “Hay delitos que son imperdonables”, argumentó.
Los abanderados del sector si bien tienen diferencias en este punto, hay otras materias en las que coinciden, entre ellas, una gran reforma carcelaria o un férreo control de los pasos fronterizos. Además, los tres plantean “planes integrales” de seguridad.
La exalcaldesa de Providencia propone un “plan de acción inmediata”, el cual busca “combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo” con cinco nuevas cárceles para 19 mil plazas, segregación interna para los líderes de las organizaciones criminales, e incluso propone un control estricto del régimen de visitas de los reclusos.
Además, busca aumentar la dotación de Carabineros y Policía de Investigaciones para “un enfoque más eficaz en delitos específicos”, junto con una Unidad de Cumplimiento para el Crimen Organizado y Terrorismo (UNICOT) que asesore al Estado en esa materia.
En el caso de Kaiser, durante enero se reveló un programa preliminar elaborado por su partido, que establece un “sistema integrado de defensa y seguridad nacional”. Este contempla “la interoperabilidad entre fuerzas y agencias, con una adecuada gestión de riesgos y de probidad administrativa”.
El parlamentario también ha dicho que se debe aumentar la dotación policial para combatir el crimen. “Tenemos que por lo menos reclutar unos 30 mil, 40 mil”, sostuvo en T13.
Así, propuso “ampliar la cantidad de espacio carcelario, y estoy hablando de por lo menos unas 60 o 70 mil plazas”. Una materia a la que volvió a referirse este miércoles en radio Pauta. “Probablemente tengamos que mirar a El Salvador cómo se solucionaron las cosas”, esbozó.
“No me interesa mucho el lloriqueo de las organizaciones pro-DD.HH. de los presos, sobre todo cuando son asesinos, violadores y les hacen la vida imposible a sus compatriotas”, agregó.
No obstante, para el presidenciable el tema migratorio es clave para combatir el crimen organizado. “En seguridad tenemos que empezar por cerrar el grifo, eso significa cerrar la frontera (…) Las personas que han ingresado ilegalmente a nuestro país tienen que ser retenidas en campamentos de refugiados hasta el momento que abandonen nuestro territorio, ya sea por expulsión o por voluntad propia”, indicó a T13.
Matthei no se queda atrás, ya que su programa también propone “centros de internación y procesamiento” para migrantes indocumentados, mientras son reconducidos. Eso sí, apunta a “un enfoque pragmático que priorice la seguridad fronteriza, elimine incentivos a la irregularidad y fortalezca la cooperación internacional”.
En sus planes está expulsar a tres mil delincuentes extranjeros, férreo control de las fronteras liderado por las Fuerzas Armadas y tecnología avanzada para frenar la inmigración por zonas no habilitadas. Además, busca instalar barreras físicas como fosas para delimitar alrededor de pasos fronterizos, junto con “remover beneficios sociales de migrantes ilegales”.
Por su parte, JAK oficializó su campaña en enero y dijo que presentará “un plan integral para recuperar la seguridad en todo nuestro territorio y en todas las dimensiones posibles, para que Chile vuelva a ser el país más seguro de Latinoamérica”.
Contempla la dotación de armas no letales tipo taser, a efectivos de seguridad municipales y privados, un régimen carcelario estricto con penas iniciales de 20 años, uniformes para los reclusos, sin recibir visitas ni “comidas con servicio”, solo media hora en el patio y un día “para reflexionar sobre el daño causado a la sociedad”.
Kast, de hecho, ha ido subiendo el tono en materia de seguridad y ha defendido sus propuestas. “Vengan por mí, no por nuestros Carabineros, policías, Fuerzas Armadas ni gendarmes”, dijo la semana pasada.
Sus palabras fueron luego de que el timonel republicano, Arturo Squella, planteara que el exdiputado está dispuesto a ser perseguido por organismos internacionales por las extremas medidas de seguridad que propone, incluida la referida a indultar a carabineros que cometieron violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
Tanto Kaiser como JAK proponen el porte civil de armas para defensa personal, algo que Matthei no aborda en su plan. Desde la comisión de seguridad de la candidata, en todo caso, indicaron a este medio que no es “prudente que cualquier persona pueda portar armas”.
Y agregaron: “El monopolio de las armas lo tienen las FF.AA. y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, solo excepcionalmente los particulares en los casos que determine la ley están autorizados a ello”.
Para JAK, regular la migración también es clave para combatir la delincuencia. Este jueves anunció en Arica el “Plan Escudo Fronterizo“, donde propuso el uso de barreras físicas y tecnológicas para evitar el paso de inmigrantes ilegales, como una zanja de tres metros de profundidad, el uso de vallas electrificadas o drones de vigilancia y un despliegue militar y policial ”permanente“ de más de tres mil efectivos.
Parecido a Matthei, el republicano instalaría “centros de internación y expulsión” en la frontera y busca revocar beneficios sociales de migrantes ilegales.
Este plan también propone sanciones económicas a empleadores que contraten migrantes indocumentados, transportistas y arrendadores, y el bloqueo de las remesas.
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