Pérdidas millonarias, deudas de arrastre y una revaluación de sus terrenos: los detalles de los preocupantes estados financieros de la ANFP

La ANFP atraviesa por su momento económico más complejo de los últimos tiempos, ya que sufrió millonarias pérdidas en 2022. El ente rector del fútbol chileno terminó el año pasado con números rojos, debido a un déficit de $ 1.474.767.000, según los estados financieros de la corporación, a los que tuvo acceso El Deportivo. Sin embargo, los resultados pudieron ser mucho peores.

¿Por qué? Porque la sede de Quilín aumentó sus activos no corrientes de manera superlativa, gracias a un fuerte incremento por la revaluación de sus terrenos (propiedades, plantas y equipo neto), que se tradujo en más de 14.027 millones de pesos, lo que, evidentemente, ayudó a mitigar pérdidas que pudieron ser catastróficas.

“Durante el año 2022 se determinó la nueva retasación a los terrenos y construcciones de propiedades, plantas, lo cual generó para este periodo un incremento por revaluación en Terrenos de M$ 13.379.974 y en Construcciones un incremento por revaluación de M$ 647.151″, detalla el informe auditado que firma Pablo Silva, gerente general de la ANFP y exejecutivo de Azul Azul en los tiempos de Carlos Heller.

De no ser por aquel aumento significativo en el valor de los bienes adquiridos, los números rojos de la entidad que preside Pablo Milad serían muchísimo más preocupantes. Eso sí, según la empresa que elaboró el informe, el organismo no corre riesgo de paralizar sus funciones por falta de recursos. Al menos, por ahora.

“Al 31 de diciembre de 2022, la sociedad presenta pérdida acumuladas de M$ 28.347.356, y un capital de trabajo negativo de M$ 6.256.743 (…) Teniendo en cuenta que el capital de trabajo netamente operativo, sin considerar las deudas arriba expuestas, es positivo y el compromiso de los accionistas de financiar a la Sociedad, no se encuentra en riesgo la continuidad operativa de la misma”, sentencia el documento elaborado por la empresa BDO Auditores y Consultores.

La devaluación de la selección chilena por culpa de su mal rendimiento deportivo sigue siendo uno de los principales factores en la delicada realidad económica de la asociación. Los menores ingresos por concepto de derechos de transmisión y comerciales de la Roja, en comparación con los obtenidos en el proceso anterior, golpean fuerte a las arcas del organismo, pese a que recibió un importante bono por la firma del contrato.

“En 2022, la ANFP suscribe con Mediapro Chile Spa. y TVO Sport Spa, contrato de derechos de explotación de las selecciones nacionales de chile. El pago por estos derechos se fijó en ocho cuotas dando una suma de UF 327.870 y 42 cuotas que suman UF 918.036″, detalla el documento.

Asimismo, el quiebre con Nike aún pasa la cuenta, ya que la empresa hizo uso de una cláusula del contrato para reducir al mínimo sus aportes en dinero. Esto se debió, principalmente, a la inactividad de la Selección, que estuvo un año sin jugar ni siquiera un partido amistoso, lo que irritó a uno de los auspiciadores más importantes del combinado nacional.

“Con fecha 21 de julio de 2021 se recepciona carta de Nike European Netherlands B.V. de Reducción de Remuneración de acuerdo al Contrato de Patrocinio y Licencia, firmado en fecha 25 de agosto de 2015, en la mencionada carta se informa que Nike hace efectivo el derecho establecido en el mencionado Contrato, a reducir la remuneración para el año contractual que termina el 31 de julio de 2021 en un 90%”, consigna el escrito.

Por esta razón, a la ANFP no le quedó otra opción más que demandar a la empresa de indumentaria deportiva por $ 4.200 millones. Sin embargo, la gigante estadounidense asegura que no se cumplieron los 10 partidos pactados para el año comercial, por lo que estaba en su derecho de romper el acuerdo unilateralmente. Todo se tendrá que definir en un arbitraje en Nueva York, dicen las fuentes implicadas.

Uno de los pocos contratos que mejoraron fue el del main sponsor del Campeonato Nacional, ya que la casa de apuestas Betsson se comprometió a pagar US$ 8.000.000 por darle su nombre al torneo de Primera División. La vara estaba muy baja, en todo caso, porque PlanVital apenas desembolsaba US$ 500.000 por este concepto en los años anteriores, hecho que produjo fuertes cuestionamientos hacia el directorio de Pablo Milad por parte del Consejo de Presidentes, específicamente, de Cristian Ogalde, representante y dueño de Magallanes.

Los estados financieros entregan más detalles de este convenio como, por ejemplo, la duración del contrato. “En 2022, la ANFP celebró un contrato con Betsson Services Limited, por concepto de Naming del Campeonato de Primera. El contrato es por USD $8.000.000 por los periodos 2023, 2024 y 2025″, establece el escrito.

Chile conquistó su primera Copa América en 2015, cuando fue la sede del torneo continental. En la cancha todo fue alegría. Sin embargo, en las finanzas se convirtió en una verdadera pesadilla. Un sueño que terminó muy mal y que, increíblemente, todavía sigue penando, a más de ocho años de su realización, durante la administración de Sergio Jadue, quien enfrenta cargos por corrupción, en Estados Unidos.

En la página 34 de los estados financieros de la ANFP, referente a las cuentas por pagar de la sede de Quilín, se establece que el ente rector le debe 9.782 millones de pesos a la Asociación para la Organización de la Copa América 2015.

Como ya es sabido, en 2019, la Contraloría General de la República le embargó al ente rector del fútbol chileno $ 4.281 millones de su cuenta corriente en el banco Scotiabank, por el no pago de impuestos debido a la supuesta responsabilidad solidaria de la sede de Quilín “como aparente deudora de la Asociación Para La Organización de la Copa América del Año 2015″. Esos dineros no se han podido recuperar hasta el día de hoy.

“Al respecto, los asesores legales de la ANFP para esta materia han determinado que la ANFP y la Asociación para la Organización de la Copa América 2015 son entidades jurídicas distintas e independientes. Sin perjuicio de lo anterior, a la fecha de cierre de los presentes estados financieros, la Contraloría General de la República está analizando esta situación ante una consulta del Ministerio de Justicia”, concluye el informe.