Piñera presenta otro veto: La trastienda de la rebelión de senadores UDI y RN por Punta Peuco

Otro veto presidencial más para resolver un desbarajuste político legislativo. Al que el Presidente Piñera tuvo que enviar el martes por el caso de los permisos de circulación, se suma el que ingresará esta tarde para resolver un agudo conflicto con la mayoría de sus senadores, especialmente los de la UDI, desatado por el proyecto de ley de indulto conmutativo derivado del coronavirus. La medida busca desactivar el requerimiento presentado por 11 de ellos al Tribunal Constitucional para que se extienda el beneficio a algunos condenados en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad.

Ayer en la tarde, según fuentes del oficialismo, el propio Presidente se sumó a las gestiones para intentar contener la ofensiva en el TC y se contactó directamente con los presidentes de RN y la UDI para conversar acerca de la materia. Según quienes conocieron del contenido de esos diálogos, el Mandatario pidió que le enviaran la propuesta que estaban impulsando y que lo evaluaría. Esta mañana, tras una reunión de Piñera con Gonzalo Blumel (Interior), Felipe Ward (Segpres) y Hernán Larraín (Justicia), se determinó que esta tarde Piñera enviará un veto aditivo y que le pondrá discusión inmediata al proyecto de ley humanitario que permite la reclusión domiciliaria para reos de edad avanzada o con enfermedad grave. Larraín lo anunció pasadas las 15:30 horas en el Patio de Los Naranjos.

Entre las preocupaciones de La Moneda estaba no sólo el cruce con sus parlamentarios. También el hecho de que, si el TC admite a tramitación el documento, el indulto se puede trabar por al menos un mes más, lo que coincide con la esperada agudización en el contagio del Covid-19. Por eso la premura de Larraín y de los otros ministros por congelar este frente. En ese sentido, según fuentes de Palacio, el veto podría reponer artículos del proyecto que fueron rechazados en la Cámara.

Consultado al respecto, Desbordes indicó esta mañana a La Tercera PM que “las conversaciones con el Presidente son privadas pero obviamente estamos en conversaciones con La Moneda y si no hay una solución por esta vía, es entendible, nosotros mantenemos la decisión de ir al TC". De todas formas, añadió: “Espero que el veto presidencial, si es la vía que toma el Ejecutivo, recoja las propuestas que hicimos en la indicación que son bastante razonables. Lo que queremos es que este sea un proyecto humanitario en serio y que no excluya a personas de avanzada edad, con condenas menores. La propuesta de RN, que se votó en la comisión de Constitución, considero que es una propuesta razonable y tiene carácter humanitaria”.

Van Rysselberghe, en tanto, insistió a La Tercera PM que la ley “era arbitraria y discriminatoria”, que “es un error” haber persistido en el proyecto y que por eso recurrieron al TC. “No estamos hablando de indultar, sino de conmutar penas, para disminuir el hacinamiento, de personas que están enfermas, que han cometido delitos de baja peligrosidad, que ellos no constituyen un peligro para la sociedad”.

La reyerta se ha traducido en discusiones, severas advertencias y escaramuzas en el bando gobiernista. Esta semana se dividieron votando la norma en la sala del Senado -donde se aprobó apenas por un voto-, y el recurso presentado al TC fue visto por algunos de quienes no quisieron firmarlo como una acción contra el gobierno. El texto fue articulado principalmente por la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, y por el senador RN Francisco Chahuán. En la trama también pesa una red de lealtades cruzadas y ópticas contrapuestas.

Una de las tensiones más comentadas en el sector es la que enfrenta a la senadora y jefa de la UDI y el ministro Larraín. Aunque algunos en el partido lo apuntan como uno de los promotores de esta norma que califican como “discriminatoria” contra los condenados que antes vestían uniforme, otros plantean que acudir al TC es una maniobra “dura”, pues supone enfrentarse a uno de los ministros gremialistas que quedan en el gabinete. El capítulo revive otros choques que Larraín y JVR han protagonizado durante su carrera política, uno de los cuales fue cuando el primero debutaba como ministro: la ley de identidad de género, ante la cual la UDI fue el principal partido opositor. La trastienda que se arrastra hace semanas dice lo siguiente:

Primero, quienes estaban en contra de la idea de dejar fuera del beneficio a los reos de Punta Peuco le advirtieron a Piñera -aseguran- antes de que lo enviaran. Cuentan que hubo una reunión con parlamentarios y dirigentes de Chile Vamos donde Van Rysselberghe le dijo al Presidente que no enviara el proyecto así por varias razones. Una era por darle un “gesto” a la derecha y recuperar su popularidad; otra, que no tenía para qué beneficiar a todos los condenados, sino que solo a los mayores de 75 años, que tuvieran enfermedades graves y que hubiesen cumplido la mayoría de su condena.

Hasta se habría dicho, relatan, que dejara fuera del indulto a símbolos como el ex agente de la DINA Miguel Krasnoff (porque de lo contrario la idea no flotaría) y que sí le aplicaran el beneficio al resto. Hay versiones que sostienen que Piñera habría dicho que lo conversaría con su ministro de Justicia. Pero como los hechos posteriores demostraron lo contrario, esta semana el proyecto se aprobó en la sala con los senadores de derecha divididos y los que no votaron a favor optaron por recurrir al TC.

Las firmas las reunieron Van Rysselberghe, Chahuán, y algunos dicen que también el senador Juan Antonio Coloma. Pero no todos aceptaron y algunos se negaron. No firmó el senador RN Andrés Allamand: según algunos, porque rehusó, pero en su equipo dicen que él no rechazó hacerlo sino que pidió tiempo para revisarlo y que en el intertanto el escrito ya había sido presentado. Tampoco lo hizo el Evópoli Felipe Kast.

Quien no quiso firmar el texto y dice estar pagando un precio por esto es el senador UDI Iván Moreira, conocido por ser pinochetista y de tener amigos entre exuniformados y algunos reos en Punta Peuco. Votó a favor del proyecto en la sala y argumentó en esa línea. Reconoce que lo hizo “con mucho dolor de estómago” y que ha recibido recriminaciones de ex uniformados por esto.

“Efectivamente ha sido duro, pero a mí nadie me viene a dar lecciones de lealtad”, cuenta. Dice que lo hizo por un “sentido sanitario, por la gravedad de la crisis que vivimos. Fue un voto práctico, no político. Hay una discriminación, sí, pero si la otra opción era que la izquierda, con su mayoría, hubiese impedido un proyecto distinto”.

Pero también en la UDI cuentan que para Moreira pesaron dos lealtades: la que tiene con Piñera y la que tiene con Larraín, de quien es amigo al punto de visitarse en sus casas. Y resulta que el ministro de Justicia, en cambio, ha tenido varios desencuentros con la senadora Van Rysselberghe. En el partido dicen que no es una cosa personal, pero que sí tienen diferencias acumuladas cuando se trata de los derechos humanos.

De caracteres y formaciones diferentes, ambos han tenido una relación con algunas asperezas. En 2016, el actual secretario de Estado apoyó a Jaime Bellolio y no a la ex intendenta en la interna UDI. Asimismo, ambos revelaron distintas aproximaciones hacia el tema de los derechos humanos. En 2013, Larraín pidió perdón “por no haber colaborado de modo suficiente a la reconciliación en mi trabajo. Y también pido perdón por no haber sabido perdonar a quienes me han ofendido y se han acercado en señal de reencuentro (…) Esta es mi voz para la reconciliación. Pero es necesario oír la de todos”, dijo.

La senadora por la VIII Región, por su parte, decidió visitar a los ex militares condenados en Punta Peuco en marzo de 2017, tres meses después de ser electa presidenta.

Con todo este background, en los últimos días la jefa UDI había advertido a Larraín -y a La Moneda- que ella y los otros diez firmantes del escrito al TC no lo bajarían por ningún motivo, a menos que el gobierno aplicara una solución “razonable”. El veto era una de esas ideas. Pero el ambiente ya ha estado sobrecargado con los intentos del ministro de “bajar” firmas y hacer zozobrar el escrito, a lo que la senadora se ha opuesto con iguales gestiones.

Pero, si los senadores no retiran el recurso, en el gobierno dicen que esperan que el texto caiga por su propio peso y que el TC no lo tramite porque “no tiene fundamento jurídico” y que no prolongue la pugna, dada la crisis sanitaria.

Hace dos semanas, cuando se estaba tramitando el proyecto, el senador Chahuán comenzó a preparar el requerimiento que presentó al TC. Fue por esos días cuando contactó a Maximiliano Murath, abogado que según artículos de prensa ha sido catalogado como “cercano a la familia militar” y que tiene un récord: ha sacado, en libertad condicional, a más de 15 uniformados que cumplían condenas por delitos de lesa humanidad, según consignó radio Pauta.

Chahuán señala que conoce a Murath hace mucho tiempo, que ha trabajado con él anteriormente y recuerda que fue él quien alegó en un requerimiento anterior, de senadores de Chile Vamos, a raíz del reglamento penitenciario. A pesar de la experiencia de Murath en militares condenados, el senador RN señala que "este requerimiento no está dirigido a ciertos condenados en particular, está dirigido a los mayores de 75 años, no importa cuál sea el delito". En ese sentido, agregan que los militares condenados por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco no son nombrados directamente en el requerimiento.

"Es indudable que se provoque una tensión en ese punto, pero nosotros presentamos el requerimiento no solo pensando en el caso de los reos de Punta Peuco sino que pensando en todos los mayores de 75 años que, según nuestro catastro, son 122 personas", agrega Chahuán.

El senador RN fue quien buscó las 10 firmas restantes que contiene el requerimiento y señala que algunos senadores no lo patrocinaron porque podía existir la posibilidad de que algún ministro del TC considerara que en las firmas no podía haber algun senador que haya votado a favor del proyecto. Ese es el caso de Allamand (RN) y Moreira (UDI).

Para Chahuán, solo hay margen para bajar el requerimiento, dependiendo de cómo será el veto aditivo del gobierno. “Hay que aprovechar el veto aditivo para incluir lo que estamos planteando, nos gustaría el gobierno recoja este punto”.