Pío Nono: la diligencia que reactivó tensiones entre la fiscal Chong y Carabineros

El 2 de octubre de 2020, la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, inició una investigación por la caída de un adolescente de 16 años desde el Puente Pío Nono, en medio de una manifestación ocurrida en Plaza Italia. La persecutora formalizó por el caso al sargento de Carabineros Sebastián Zamora, imputándole el delito de homicidio, pues para el Ministerio Público el policía empujó a la víctima y, posteriormente, cuando yacía tendido en el río Mapocho no le prestó auxilio.

El caso no solo se discutió en sede penal, pues también surgieron otras aristas. Tanto en Carabineros como en el gobierno fruncieron el ceño por la premura de la imputación de la fiscal Chong. Incluso, el general director de Carabineros de la época, el general (R) Mario Rozas, sostuvo en una intervención ante el Congreso, el pasado 7 de octubre, que “aprovecho esta instancia de enviar un afectuoso saludo a María José y Abigail, las dos carabineras que resultaron quemadas, a consecuencia del lanzamiento de un artefacto incendiario. Ya va a ser cerca de un año y aún ellas no prestan declaración en el Ministerio Público, pero con lo que aconteció en este caso se abre una ventana de esperanza, porque hemos visto en el Ministerio Público mucha prontitud y, con los auxiliares de justicia, creemos que ojalá en el corto plazo podamos saber quiénes agredieron e intentaron quemar a estas dos mujeres”.

En esos días, además, la fiscal Chong fue víctima de una serie de amenazas en redes sociales, y también en su propia casa. Esto llevó a que se iniciara una investigación e incluso en el Ministerio Público se activó la duda del rol de un teniente coronel de Carabineros en un presunto acto de amedrentación. Esto, incluso, motivó a que el entonces jefe de Orden Público de Carabineros y actual general director, general Ricardo Yáñez, presentara un reclamo en La Moneda, pues se sospechó de un funcionario de la PDI por la filtración de datos del comandante que fue controlado en las cercanías de la casa de la persecutora.

Con esas historias ya contadas y una tensión que se creía archivada, ayer esta historia de desencuentros entre la fiscal Chong y Carabineros sumó un capítulo más. Se trata de una diligencia que la propia persecutora, junto a la PDI, llevó a cabo en el Edificio Norambuena de la policía uniformada, ubicado en calle Amunátegui con Norambuena.

La investigadora llegó ayer a las 15.00 al tradicional edificio de Carabineros. Lo hizo junto a los detectives que trabajan en el caso Pío Nono para llevarse antecedentes desde la Zona Metropolitana, lugar donde está la Central de Comunicaciones (Cenco) de la institución.

Lo que incomodó a los funcionarios policiales de Carabineros, y a algunos personeros del Alto Mando, fue que la persecutora no llegó con orden judicial. Sin embargo, fuentes del caso sostuvieron que no se trató de un allanamiento, sino de una solicitud de entrega voluntaria de documentación.

Por lo mismo, la PDI levantó actas relativas a la “entrega voluntaria” de antecedentes por parte Carabineros. Las diligencias de la fiscalía en el Edificio Norambuena apuntan a una presunta obstrucción a la investigación de parte de los mandos en el caso Pío Nono, arista que estaría dando algunos resultados, luego de la colaboración del sargento Zamora en la causa.

Es más, anoche el jefe de la Zona Metropolitana, general Enrique Monrás, presentó un escrito al tribunal de garantía a través de su abogado, Jorge Martínez, donde entregó algunas luces de esta situación.

“Venimos en acompañar las citaciones efectuadas por la fiscal Ximena Chong Campusano, por intermedio de la Brigada de Derechos Humanos a nuestro defendido. Es un hecho que las referidas citaciones se generan después de un acuerdo del Ministerio Público con el exfuncionario de Carabineros formalizado en la presente causa, don Sebastián Zamora, modificando su cautelar de prisión preventiva con fecha 2 de marzo de 2021, agravado por el hecho que el día de ayer la Sra. fiscal, sin orden judicial ni autorización de la autoridad competente, ingresó a las dependencias de la Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile, dependientes de la Jefatura Metropolitana ubicada en calle Amunátegui 519, Santiago Centro, procediendo de manera ilegal a ingresar a este recinto de orden y seguridad en compañía de detectives de la Brigada de Derechos Humanos”, dice el escrito.

Además, agregaron que se requirió “información y extractos de diversos documentos electrónicos reservados y secretos de acuerdo al Artículo 436 del CJM, y además procedió al levantamiento de información de los computadores de esta unidad policial que contiene información sensible y de carácter secreto, a fin de clonar todo el contenido de los discos duros, infringiendo de esta manera el Artículo 209 del Código Procesal Penal y 435, 436 del CJM. Es evidente que la Sra. fiscal Ximena Chong pretende, a través de estas acciones ilegales, favoreciendo el acuerdo con la defensa del Sr. Zamora representada por el exfiscal Alejandro Peña, imputar algún supuesto delito a un oficial general de Carabineros de Chile, más aún si nuestro representado el día 2 de octubre de 2020 se encontraba subrogando al jefe de la Zona Metropolitana y por funciones al jefe de la Zona Este, ya que ambos a esa fecha se encontraban con licencia médica ausentes de su cargo”.

Finalmente, advirtieron que “esta defensa considera que todas las citaciones efectuadas por la fiscal Ximena Chong a nuestro defendido dicen relación con su propósito de efectuar alguna vinculación a los hechos del Alto Mando de Carabineros en el caso del carabinero Sebastián Zamora. Resulta imprescindible para esta parte poder acceder a la carpeta investigativa para los efectos de preparar la defensa técnica de nuestro representado, quien, como oficial general de la institución, está dispuesto a declarar ante la fiscal titular de la causa con pleno conocimiento de los hechos”.

Cabe señalar que el imputado Zamora salió de prisión preventiva la semana pasada y hoy la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó esta decisión. “La corte consideró de manera unánime que variaron los antecedentes que se tuvieron a la vista al momento de decretar la máxima de las cautelares y, por tanto, mantenerlo privado de libertad en esta etapa del proceso era excesivo”, explicó el defensor Alejandro Peña, quien junto a Vinko Fodich y José Antonio Villalobos representan al exuniformado.

Desde la Fiscalía Centro Norte declinaron referirse al tema, lo mismo desde el círculo cercano del Alto Mando de Carabineros. ¿El gobierno? Lo mismo, aunque en el Ministerio del Interior se enteraron ayer en la tarde de lo ocurrido.

Desde el entorno policial descartaron que se haya hecho una “entrega voluntaria”. Por lo mismo, ayer a las 19.03 de la tarde, el coronel Mario Cárdenas, jefe subrogante de Cenco, informó al mando sobre lo ocurrido.

Allí se señaló que la fiscal no exhibió una orden de investigar y se entrevistó con el jefe (S) de Cenco, pero que “la citada entrevista no fue agendada ni comunicada con el procedimiento”, a lo cual el policía detalló en siete puntos cada una de las diligencias practicadas por la fiscal.

Entre esa información destaca que “se le proporcionaron constancias del servicio de ese día, el personal que estaba de turno”, “se tomó declaración al mayor Claudio Loyola, oficial de servicio”, “se analizaron los libros de la guardia del edicto con la finalidad de verificar la existencia de constancias de ingreso al edificio de Sres. oficiales generales, como asimismo, fijación fotográfica de dicho libro de guardia”.

Además, agregó, en el último punto, que “también dispuso realizar un levantamiento de información de computadores, que se llevará a cabo durante varios días en los equipos computacionales de la unidad comando y control, mediante clonación de los discos duros”.

En algunos generales sí hay molestia. Otros ponderan las sensaciones y señalan que el general Ricardo Yáñez, en calidad de máximo representante de la institución, colaborará con todo lo que esté al alcance de la policía uniformada.